ENTREVISTA. Iparraguirre denunció construcciones en un área protegida y defendió las condiciones impuestas al proyecto educativo de Fleming

El concejal Rogelio Iparraguirre advirtió sobre nuevas irregularidades urbanísticas en la zona serrana de Tandil y reclamó información al Departamento Ejecutivo sobre un emprendimiento que, según señaló, se desarrolla en un área protegida por encima de la cota 250. En una entrevista concedida a Radio Voz, sostuvo que se trata de "un nuevo caso en que el gobierno municipal decidió mirar para otro lado mientras se incumple la normativa referente a la construcción en las sierras".

El edil explicó que el pedido de informes presentado en el Concejo Deliberante apunta a esclarecer la situación de una manzana ubicada detrás de Villa del Lago, en un valle situado entre dos elevaciones serranas. Allí, según describió, se habría producido el desmonte de una importante superficie boscosa y la posterior construcción de varias viviendas.

"Estamos hablando de una zona que está arriba de la cota 250, donde la subdivisión mínima según nuestro plan de ordenamiento es de 10 hectáreas y vivienda unifamiliar", indicó. De acuerdo con las averiguaciones realizadas por su bloque, en el lugar se habrían generado nueve lotes sobre una parcela que no contaba con antecedentes parcelarios previos a la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), condición que podría haber permitido alguna excepción.

Iparraguirre relató incluso que observó personalmente las tareas de desmonte durante la pandemia. "Se desmontó una manzana entera y hoy ya hay seis viviendas construidas en ese lugar, infringiendo toda normativa posible", afirmó.

Además, remarcó la importancia ambiental del sector, al señalar que allí existe un curso de agua que forma parte de las cuencas que desembocan en el Arroyo del Fuerte. "Cuando hablamos de proteger las sierras, entre otras cosas estamos hablando de proteger los espacios donde se conforman las cuencas que tienen incidencia directa en los cada vez más recurrentes desbordes pluviales que sufrimos cuando llueve", sostuvo.

Por ese motivo, el pedido de informes solicita precisiones sobre autorizaciones, controles municipales y actuaciones administrativas vinculadas al emprendimiento. "Es imposible que algo de estas características haya ocurrido durante más de cinco años sin que el Departamento Ejecutivo se haya anoticiado", cuestionó.

El proyecto educativo en avenida Fleming

Durante la entrevista también se refirió al expediente para la instalación de una institución educativa privada sobre avenida Fleming, una iniciativa que generó debate en los últimos meses.

Según explicó, desde el punto de vista urbanístico el proyecto no presenta incompatibilidades con el PDT. "No existe impedimento porque se encuentra debajo de la cota 220. En el punto más alto del terreno está a 217 metros y los servicios educativos son un uso autorizable en esa zona", detalló.

Sin embargo, recordó que cuando el expediente llegó al Concejo Deliberante carecía de estudios fundamentales. "Observamos que no tenía estudio de impacto ambiental y no tenía informada la factibilidad de cloacas, por lo que lo devolvimos al Ejecutivo para que completara esa documentación", señaló.

La cuestión central terminó siendo la infraestructura sanitaria. Un informe de Obras Sanitarias indicó que el colector cloacal que presta servicio a esa zona ya se encuentra comprometido en su capacidad y que la incorporación de una escuela con unos 500 alumnos requerirá una ampliación específica de la red.

"Nos encontramos con un informe muy claro que dice que no se podrá habilitar esa institución educativa si no está hecha esa obra", explicó.

La intervención contempla la ampliación del colector y su cruce bajo la Ruta Nacional 226, con un costo estimado en alrededor de 180 millones de pesos. Ante esa situación, los concejales acordaron incorporar una cláusula que condicione la habilitación del establecimiento a la finalización de los trabajos. "Lo primero que establecimos es que no podrá habilitarse la institución educativa hasta que no esté finalizada la obra", remarcó.

Asimismo, se acordó un esquema de financiamiento compartido. El proyecto educativo aportará el 35% del costo total de la obra, mientras que el Municipio afrontará el 65% restante, monto que luego recuperará mediante el sistema de contribución por mejoras aplicado a futuros usuarios de la red. "La obra hay que hacerla de todos modos porque la infraestructura ya presenta limitaciones, pero entendimos que si se adelanta principalmente por este proyecto, correspondía que los desarrolladores participaran de su financiamiento", explicó.

Finalmente, Iparraguirre consideró que el expediente tiene altas posibilidades de ser aprobado por el Concejo Deliberante, aunque reiteró que la puesta en funcionamiento de la escuela dependerá exclusivamente de la concreción de la obra cloacal exigida por los organismos técnicos. "Así saldría la ordenanza: la escuela no podrá funcionar hasta que la obra esté terminada", concluyó.