8 de junio de 2020
Además de la nueva puesta en función de esa política pública, indicaron la pertinencia de que sea administrado por las autoridades locales, que deberán rendir cuentas mediante las planillas de gastos correspondientes. "Esto es necesario para agilizar los trámites en temas donde siempre manda la urgencia, en contraposición con los tiempos más lentos del proceso administrativo habitual", explicó María Haydeé Condino.
La legisladora municipal hizo notar que esos fondos provenientes del gobierno provincial destinados exclusivamente para la asistencia inmediata y el acompañamiento ante los casos críticos y de extrema gravedad vinculados a las violencias por razones de género dejaron de percibirse en diciembre del año pasado.
En este punto, los concejales del oficialismo recordaron que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires anunció el pasado 15 de abril la implementación de un Fondo especial de emergencia para víctimas de violencias por razones de género. "Esta es una muy buena medida pero van pasando los meses y no tenemos novedades, y estas cuestiones siempre son urgentes", apuntó Condino.
Por otra parte, el municipio cuenta con fondos municipales "que fueron multiplicados en sus partidas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero es necesario complementar con otros fondos de rápida disponibilidad".
Estos fondos locales se utilizan para los egresos de la Casa Municipal de Abrigo Marta Pelloni: para compra de determinados productos de urgente necesidad; equipamiento domiciliario; vidriería; cerrajería; colocación de aberturas; pagos de pasajes; de remises para el regreso de la víctima al hogar y otros gastos inmediatos. "Por eso resulta urgente fortalecer las mismas con la restitución del fondo provincial", manifestó Condino.
Cabe apuntar que el Senado de la Provincia de Buenos Aires sancionó el 21 de mayo la Ley Provincial 15.173 de Emergencia en Violencia Familiar, de Género y Diversidad, a partir de un proyecto presentado por el Bloque de Juntos por el Cambio. La norma fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 28 de mayo.
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