7 de septiembre de 2018
El motivo de la decisión en los cálculos de Ferrari es simple: ya no hay lugar en las cárceles. Los penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que dependen de la cartera de Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de su historia.
Las cárceles provinciales tienen, colectivamente, lugar para albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad, un número actualizado en la tarde de ayer, con dependencias como la Unidad Nº49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos donde debería haber poco más de 400). En todo este universo de presos hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres detenidas, además de 82 personas trans.
La idea no es nueva, al menos no en el país. En marzo de este año, el Servicio Penitenciario Federal, también superpoblado, compiló una lista de posibles detenidos a los que se les recomendaría judicialmente la prisión domiciliaria o la libertad condicional, con 96 condenados por crímenes de lesa humanidad como Jorge "El Tigre" Acosta, en promedio mayores de 70 años de edad con categorías como detenidas embarazadas o alojadas con hijos, presos discapacitados.
La medida del SPF generó cierta polémica. ¿María Eugenia Vidal entiende el costo político aparente de recomendar liberar presos? Una voz de peso en el sistema de cárceles provincial asegura: "La gobernadora está de acuerdo, siempre que sea justificado".
Existe un criterio para recomendar el arresto domiciliario de los 1.421 presos. "Se trata de mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades", asegura un funcionario. También, de gran cantidad de detenidos por delitos menores como amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad. Casi un tercio del total de los presos provinciales están detenidos por robo agravado por el uso de arma. Las chances de que se les recomiende la libertad son casi nulas.
Hay, por el momento, poco más de 1.900 presos en toda la provincia con arresto domiciliario y tobillera, una cifra baja. Puertas adentro, el SPB habla de aparentes garantías como un centro de monitoreo instalado en La Plata durante la gestión de Ferrari y de una tasa de menos del 4% de quebrantamiento, con penitenciarios que instalan tobilleras mal a propósito como "raras excepciones fuertemente castigadas", aseveran en el Ministerio de Justicia.
Por lo pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304 internos, con otros 455 en proceso de examen. Los nombres de más de 170 internos, aseguran fuentes, ya fueron remitidos a juzgados en departamentos como Campana, Quilmes, Mar del Plata y Bahía Blanca.
(Fuente: Infobae)
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