ENTREVISTA. Marcieri: "Si hay voluntad judicial y política, el desalojo en la toma de La Movediza sería posible"

La secretaria de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, Alejandra Marcieri, se refirió en Radio Voz a la situación de la toma de terrenos en La Movediza y explicó las gestiones que la comuna lleva adelante ante el Gobierno nacional para que se revise la incorporación del predio al Registro Nacional de Barrios Populares (Renab), una medida que considera irregular y que, según sostuvo, ha sido uno de los principales obstáculos para concretar el desalojo ordenado por la Justicia.

Marcieri recordó que el conflicto comenzó con la ocupación de un pequeño grupo de personas y que, desde el primer momento, el Municipio participó de las mesas de trabajo previstas por la normativa provincial para abordar este tipo de situaciones. "Desde el minuto uno, cuando cinco mujeres ocuparon el lugar y después se extendió a 15 personas, participamos de las mesas de protocolo que se conforman cuando hay tomas masivas. Siempre tratamos de encontrar una solución pacífica para que las personas declinaran la actitud de tomar tierras", explicó.

La funcionaria sostuvo que el avance del conflicto estuvo vinculado a las expectativas del propietario del predio respecto de una posible negociación con la Provincia. "Esa situación se fue dilatando en el tiempo, la toma siguió creciendo y nosotros siempre sostuvimos que cualquier tierra vacante en Tandil debía adjudicarse por los mecanismos más transparentes, como el sorteo, y no por una imposición mediante una toma realizada por la fuerza", afirmó.

Uno de los aspectos más controvertidos de la entrevista fue la referencia al perfil de quienes participaron de la ocupación. Marcieri aseguró que la presencia de personas provenientes de otros lugares no fue una mera especulación. "Eso no fue una especulación, fue real. Inclusive, quienes participaron del censo comentaban que había personas que bajaban de colectivos, se ubicaban en un lugar y decían: 'Esta es mi tierra, acá me voy a sentar yo'", señaló.

Además, indicó que los primeros relevamientos realizados por la Policía Bonaerense mostraban una fuerte presencia de ciudadanos extranjeros y descartaban que la toma estuviera vinculada a una emergencia habitacional extrema. "Recuerdo que casi el 80 por ciento eran personas de origen extranjero y te diría que el 95 por ciento tenía trabajo. Hicimos un trabajo de rastreo y la mayoría tenía empleo formal. No estaban en situación de calle. Quien no alquilaba vivía con familiares. No había personas que justificaran la toma por una situación de calle", sostuvo.

Marcieri también cuestionó la metodología utilizada en un censo posterior, que no incluyó nombres, apellidos ni documentos de identidad. Según dijo, el Municipio fue el único integrante de la mesa que se opuso a esa modalidad. "Tengo mi teoría. Creo que si vos no identificás a las personas tampoco encontrás un responsable penal de la toma. De hecho, la causa penal terminó archivándose", afirmó.

Respecto de los fallos judiciales que ordenaron el desalojo, recordó que la Cámara de Apelaciones de Azul se pronunció en dos oportunidades a favor de esa medida.

"La Cámara dijo dos veces que la inclusión era inconstitucional y que debía darse el desalojo. Si hay alguien que tiene que explicar por qué no se ejecutó, es la Justicia. Yo no tengo explicación", manifestó.

La funcionaria explicó que uno de los principales planteos realizados recientemente ante autoridades nacionales apunta a revisar la incorporación del asentamiento al Renab, concretada en diciembre de 2023, pocos días antes del cambio de gobierno.

"Nosotros les explicamos que el 6 de diciembre de 2023 se incluyó el predio en el Renab por fuera de cualquier legislación vigente, porque solamente podían incorporarse barrios existentes hasta 2018. Estamos hablando de una toma reciente que fue incluida a días de finalizar el gobierno de Alberto Fernández", indicó.

En ese sentido, señaló que el Municipio, concejales de distintos bloques y el Foro de Seguridad ya habían solicitado años atrás al entonces responsable del organismo, Sebastián Pareja, una revisión de esa decisión. "La respuesta fue simplemente que estaba incluido en el Renab. Nunca respondió si la incorporación era válida o no. Lo que queremos es que se revisen los términos técnicos, administrativos y legales de esa inclusión", expresó.

Marcieri advirtió además que la situación podría generar un precedente preocupante. "No solamente queremos saber si está bien o mal incluido por este caso puntual. También porque sienta un precedente. Cualquier funcionario político podría incorporar otra porción de tierra al Renab y volver a perjudicar a un vecino, impidiendo desalojos durante años. Es una locura", remarcó.

Consultada sobre la posibilidad de concretar un eventual desalojo en la actualidad, reconoció que la situación es mucho más compleja que años atrás debido al crecimiento del asentamiento, aunque consideró que sigue siendo viable si existe decisión política y judicial. "Si hay voluntad judicial para desalojar y voluntad política para acompañar, las fuerzas de seguridad tienen que establecer algún mecanismo para llevarlo adelante. Creo que sería posible", sostuvo.

También aclaró que cualquier proceso de desalojo debería contemplar instancias previas de acompañamiento social. "Siempre hay un tiempo prudencial para dialogar con las personas y ver de qué manera se las puede acompañar. Hay programas provinciales y nacionales que prevén asistencia habitacional y hasta el pago de alquileres. Ese mecanismo tiene que darse antes de un desalojo compulsivo", explicó.

Finalmente, Marcieri valoró la receptividad que encontró en la reciente reunión mantenida con funcionarios nacionales, entre ellos representantes de Seguridad y Migraciones. "Los vi muy receptivos. Se comprometieron a trasladar la inquietud al área correspondiente y a revisar la situación. Quedamos en contacto para seguir avanzando", aseguró.

En relación con la cuestión migratoria, sostuvo que el Municipio busca que se apliquen todas las herramientas legales disponibles cuando existan delitos cometidos por personas extranjeras.

"Lo que pedimos es que, además de aplicarse la ley penal como corresponde, también se aplique la legislación migratoria cuando corresponde. Hay una ley específica para cada situación y creemos que debe cumplirse", concluyó.