30 de junio de 2026
El rector de la UNICEN sostuvo que el fallo de la Corte representa un alivio para el sistema universitario porque obliga al Estado a cumplir con la actualización salarial y las becas, aunque advirtió que aún resta resolver el amparo por la aplicación integral de la Ley.
El reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la
medida cautelar presentada por un grupo de rectores de universidades nacionales
representa "un alivio" para el sistema universitario, aunque la
disputa judicial por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento
Universitario continúa abierta. Así lo expresó el rector de la Universidad
Nacional del Centro, Marcelo Aba, durante una entrevista en Radio Voz, donde
repasó el extenso conflicto con el Gobierno nacional y destacó el respaldo que
recibió la universidad pública por parte de la sociedad.
Aba recordó que el proceso se desarrolló a lo largo de más
de dos años y que las últimas semanas estuvieron marcadas por la expectativa
ante la resolución del máximo tribunal. "Se tenía en el horizonte la
posibilidad de que la Corte fallara y eso podía marcar definitivamente el rumbo
de lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo, que es ni más ni menos que
recomponer lo que teníamos hace dos años y medio atrás. No estamos pidiendo más
que eso: volver a una situación que nos permitía llevar adelante la universidad
con cierta normalidad", afirmó.
El rector explicó que la decisión judicial confirma la
validez de la medida cautelar impulsada por la mayoría de los rectores junto al
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), destinada a resolver los aspectos
más urgentes del financiamiento universitario.
"Estamos hablando de la cautelar que presentamos
inmediatamente después de que apareció el decreto del Poder Ejecutivo que decía
que no iba a poner en vigencia la ley. Fuimos sobre el tema más urgente: los
salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Eso es lo que en
este momento ha quedado firme y debería aplicarse", señaló.
En ese sentido, remarcó que la resolución no implica todavía
la plena vigencia de toda la Ley de Financiamiento Universitario. "La
cautelar era por lo urgente. Sigue en espera el amparo por la ley en su
conjunto, que abarca otros aspectos de la vida universitaria", aclaró.
Respecto de la respuesta que podría dar el Gobierno
nacional, Aba aseguró que, hasta el momento, no existieron comunicaciones
oficiales. "No hemos tenido comunicación de parte del Gobierno. No queda
mucho argumento. Era este el único camino que podía seguir. Estamos hablando
del cumplimiento de una ley. Lo único que queda es que el Gobierno cumpla con
lo que plantea la ley respecto de salarios y becas, que son los puntos
contenidos en la cautelar", sostuvo.
Incluso consideró que una eventual demora en la aplicación
de la resolución podría derivar en responsabilidades para los propios
funcionarios.
"Los propios funcionarios incurrirían en
incumplimientos de sus deberes si no concretaran de forma inmediata esa
ley", advirtió.
Consultado sobre el reciente acuerdo paritario alcanzado por
los gremios universitarios, el rector explicó que no modifica el alcance del
fallo judicial. "Fue un acuerdo completamente en paralelo a la ley. El día
que la ley se ponga en vigencia, ese aumento se descontará como un incremento
ya otorgado. No interfieren para nada. Nosotros estamos preparando todo para
pagar este mes con el aumento que otorgó ese acuerdo paritario", precisó.
Más allá de los efectos concretos de la decisión judicial,
Aba consideró que el proceso dejó una enseñanza política para el sistema
universitario y para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, puso el acento
en la capacidad de construir consensos entre actores muy diversos. "Lo he
venido mencionando a lo largo de todo este proceso: la unidad con la que se
trabajó. Estamos hablando de más de 60 universidades, varios gremios, los
estudiantes, todos caminando juntos, convocando juntos y mostrando esa unidad
en cada momento en que la sociedad nos acompañó de manera maravillosa",
destacó.
Para el rector, esa articulación permitió sostener una
estrategia común durante un conflicto prolongado y complejo. "Nos da la
tranquilidad de haber estado a la altura de lo que la sociedad nos confió, que
fue su confianza, su presencia y su acompañamiento permanente cada vez que lo
necesitamos", expresó.
Asimismo, entendió que la experiencia deja un mensaje que
trasciende el ámbito universitario. "Las construcciones requieren de
consensos, y esos consensos no pueden ser solamente acuerdos momentáneos. Esto
duró dos años y medio de lucha y todavía no termina porque seguimos luchando
por la ley. Hoy estamos con la cautelar", afirmó.
Aba también recordó que el camino estuvo atravesado por
fuertes tensiones y cuestionamientos hacia quienes encabezaron la presentación
judicial. "Fue un camino complejo, de toma de decisiones. En cada momento
recibimos tanto voces de aliento como ataques, como si estuviéramos entregando
la universidad o regalando lo conseguido. El CIN jugó un rol central para
reunir todas esas miradas y elaborar posiciones conjuntas", señaló.
Finalmente, sostuvo que el caso de las universidades
demuestra que la organización colectiva puede generar resultados incluso en un
contexto político adverso. "Siguiendo un criterio de unidad y de defensa
común de la universidad se pueden lograr cosas que en algún momento parecen
difíciles. La Corte, al no hacer lugar al recurso presentado por el Gobierno,
dijo que la cautelar está vigente y eso significa que el Gobierno tiene que
cumplir", concluyó.
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