Sociedad. Iparraguirre, sobre los loteos ilegales: "Hay una organización, hay un modus operandi"

El concejal Rogelio Iparraguirre se refirió a la problemática vinculada con la utilización de la figura legal del condominio para comercializar terrenos en Tandil y, particularmente, en sectores donde existen restricciones urbanísticas. Según planteó, el fenómeno creció en los últimos meses y actualmente involucraría entre 16 y 18 emprendimientos, con un universo estimado de entre 250 y 300 familias.

Iparraguirre sostuvo que, a partir del trabajo realizado junto con equipos técnicos y representantes de distintos colegios profesionales, detectaron lo que definió como un mecanismo reiterado para utilizar la figura del condominio con el objetivo de realizar subdivisiones que no están permitidas por la normativa territorial.

"Estamos hablando de no menos de 250, 300 familias. ¿Qué va a hacer el Estado municipal mañana con eso?", planteó el concejal, quien remarcó que el problema excede los casos puntuales que habían comenzado a conocerse meses atrás.

El Certificado de Aptitud Urbanística

La ordenanza impulsada por Iparraguirre fue aprobada por unanimidad en la última sesión del Concejo Deliberante y ahora resta su promulgación y reglamentación por parte del Ejecutivo municipal.

La norma establece que quienes pretendan incorporar oferta de suelo al mercado inmobiliario mediante la figura del condominio deberán realizar previamente una declaración jurada ante la Secretaría de Obras Públicas, en la que manifiesten conocer los usos e indicadores urbanísticos correspondientes al inmueble.

A partir de allí, el Municipio deberá otorgar el Certificado de Aptitud Urbanística, que Iparraguirre definió como "el DNI del lote".

El certificado deberá aparecer en la publicidad de la propiedad, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, e incluir un código QR para que los potenciales compradores puedan consultar la información correspondiente. Además, deberá ser entregado a cada persona interesada antes de avanzar con la operación.

"Vos cuando vas a comprar ahora vas a tener que decir: 'Che, ¿tenés el certificado de aptitud urbanística?'", explicó el concejal.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es que los compradores cuenten con información oficial antes de concretar una operación y que no puedan alegar posteriormente desconocimiento sobre las condiciones urbanísticas del terreno.

Multas y responsabilidad solidaria

La ordenanza también incorpora un régimen sancionatorio para quienes participen de operaciones que incumplan las disposiciones.

Según explicó Iparraguirre, podrán ser alcanzados por las sanciones el desarrollador, las inmobiliarias intervinientes, quienes realicen la difusión de las propiedades y también los profesionales que participen de las operaciones.

"Se establece la responsabilidad solidaria", señaló, al explicar que las sanciones pueden alcanzar a los distintos actores que intervengan en la comercialización.

El concejal indicó además que el régimen contempla multas de hasta 3.000 salarios municipales y que, en determinados casos, puede contemplarse incluso la demolición de construcciones realizadas de manera irregular.

Como antecedente, mencionó una resolución vinculada con un condominio ubicado en la zona de Lanza de Bastos y Teresa de Calcuta, donde se había dispuesto la demolición de algunas construcciones.

La situación en la zona protegida

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el avance de construcciones y emprendimientos en la zona protegida de Tandil.

Iparraguirre recordó que ese sector cuenta con las mayores restricciones urbanísticas del partido y que el Plan de Desarrollo Territorial establece condiciones específicas para la subdivisión y construcción.

"Si es entre la 220 y la 250, la subdivisión mínima del lote son 1.500 metros y si es arriba de la 250 son 10 hectáreas, y sigue siendo vivienda unifamiliar", explicó.

En ese marco, cuestionó la utilización de la figura de las incorporaciones para regularizar construcciones que originalmente no fueron declaradas.

Por ese motivo, adelantó que desde su bloque también presentaron un proyecto para prohibir las incorporaciones en la zona protegida, iniciativa que comenzó a ser analizada en la Comisión de Obras Públicas.

"Nosotros no queremos complicarle la vida al que agregó una habitación porque se agrandó la familia", aclaró, al explicar que el proyecto contempla distintas situaciones y busca evitar que el mecanismo de incorporación sea utilizado para blanquear desarrollos que contradicen las normas de ordenamiento territorial.

"No es la solución mágica"

Iparraguirre reconoció que la nueva normativa no impedirá por sí sola que se intenten realizar operaciones irregulares, pero consideró que permitirá dotar de mayores herramientas tanto al Municipio como a los vecinos.

"Lo dije el día de la sanción de la ordenanza: no es la solución mágica", afirmó. "Por hacer la normativa no es que van a desaparecer los que tienen la osadía, la voluntad de infringir la ley, intentar hacer negocios por izquierda".

Sin embargo, sostuvo que el nuevo esquema permitirá reducir los riesgos y brindar mayor información a quienes buscan comprar un terreno.

En ese sentido, puso especial énfasis en el rol de los compradores: "La clave es y seguirá siendo que los particulares se hagan de esta herramienta en Tandil y que pidan el Certificado de Aptitud Urbanística antes de hacer una operación inmobiliaria".

Cuándo comenzará a regir

Ante una consulta de un oyente, el concejal explicó que el nuevo sistema comenzará a aplicarse una vez que la ordenanza sea promulgada y reglamentada por el Ejecutivo municipal.

"Fue aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante. Estamos esperando el decreto de promulgación del intendente. A partir de ese momento entran en vigencia las normas", explicó.

También aclaró que la nueva normativa no tendrá efecto retroactivo: "Las leyes en la República Argentina, por un principio constitucional, no son para atrás".

De esta manera, una vez que la ordenanza quede reglamentada, quienes pretendan comercializar terrenos bajo la figura de condominio deberán contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Urbanística antes de avanzar con la operación.