6 de diciembre de 2022
El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes
a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable
de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto
direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario
Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
"Esto es un Estado paralelo y mafia
judicial", subrayó la vicepresidenta en un mensaje a los argentinos que
dio a través de sus redes sociales apenas se conoció la sentencia.
El TOF 2 también absolvió por mayoría a la
expresidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por
el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
Los fundamentos del veredicto emitido por los
jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a
conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes
podrán presentar sus apelaciones.
La sentencia quedará firme cuando se hubieren
agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a
todos los planteos que le lleguen.
Todas
las decisiones tomadas por los jueces
El TOF 2 también condenó al empresario Báez a
6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en
tanto que al exsecretario de Obras Públicas,José López y al exdirector de
Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del
delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación
perpetua para ejercer cargos públicos.
De los trece imputados por este caso hubo tres
que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el
exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la
Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor
Garro.
En tanto, el exsubsecretario de Coordinación
de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por
extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de
deberes de funcionario público.
Comodoro
Py amaneció vallado
El edificio de Comodoro Py 2002 amaneció con
fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos
centenares de policías destinados a la custodia.
También se destinó en el lugar a la Brigada de
Explosivos y perros labradores recorrieron la sala de audiencias que desde las
9.30 los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu destinaron
a la audiencia para escuchar las últimas palabras del acusado expresidente de
Vialidad Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y en la que anunciaron el veredicto
para las 17.30.
La
última audiencia
La última audiencia del juicio abrió puntual a
las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por
policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a
la prensa.
El único que se manifestó al llegar al
edificio en el ingreso habilitado por la calle Letonia fue el juez Gorini,
quien consultado por radio Mitre solo ponderó que "el juicio se hizo y
llegó a su fin".
Villafañe, un expresidente de la
Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quedó último en el
cronograma para las palabras finales y le tocó hablar en el cierre del debate,
algo que hizo a través de Zoom durante 40 minutos.
El exfuncionario, ahora jubilado, reclamó su
absolución y negó haber cometido delitos al afirmar que "si hubiese tenido
conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún viso de que fuese
ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera".
Los
pedidos de la fiscalía
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola
pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta
jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía
reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita
agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración
fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para
el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad
Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe,
exfuncionarios del organismo.
Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto,
requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales
postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en
suspenso por abuso de autoridad.
En el juicio oral se debatió el presunto
direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional vial en Santa
Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos
sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.
En la última audiencia de esta semana, la
Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los
jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que
tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como
parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un
espacio político".
El
juicio a lo largo de estos años
El juicio por el supuesto direccionamiento de
la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez
comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis
meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de
2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el
Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia
que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel,
vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas
de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente
Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como
ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción
vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri,
Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio
inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información
Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que
la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al
término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de
5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
Al momento del veredicto, los jueces deberán
decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las
empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas
"maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que
tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de
nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos
del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco
de otra causa penal abierta en su contra.
En sus alegatos, las defensas de todos los
imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.
FUENTE: TELAM
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