CAUSA VIALIDAD. El TOF 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión

El Tribunal Oral Federal 2 condenó este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

"Esto es un Estado paralelo y mafia judicial", subrayó la vicepresidenta en un mensaje a los argentinos que dio a través de sus redes sociales apenas se conoció la sentencia.

El TOF 2 también absolvió por mayoría a la expresidenta y al resto de los acusados por el delito de asociación ilícita por el cual los acusaron los fiscales del juicio Diego Luciani y Sergio Mola.

Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.

Todas las decisiones tomadas por los jueces

El TOF 2 también condenó al empresario Báez a 6 años de prisión como partícipe necesario de administración fraudulenta, en tanto que al exsecretario de Obras Públicas,José López y al exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti les dictó la misma pena como coautores del delito, por lo que también dispuso en relación a ellos su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De los trece imputados por este caso hubo tres que fueron absueltos: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz (AGVP), Héctor Garro.

En tanto, el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner resultó sobreseído por extinción de la acción penal. Había sido acusado por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Comodoro Py amaneció vallado

El edificio de Comodoro Py 2002 amaneció con fuertes medidas de seguridad, doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia.

También se destinó en el lugar a la Brigada de Explosivos y perros labradores recorrieron la sala de audiencias que desde las 9.30 los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu destinaron a la audiencia para escuchar las últimas palabras del acusado expresidente de Vialidad Santa Cruz Juan Carlos Villafañe y en la que anunciaron el veredicto para las 17.30.

La última audiencia

La última audiencia del juicio abrió puntual a las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a la prensa.

El único que se manifestó al llegar al edificio en el ingreso habilitado por la calle Letonia fue el juez Gorini, quien consultado por radio Mitre solo ponderó que "el juicio se hizo y llegó a su fin".

Villafañe, un expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quedó último en el cronograma para las palabras finales y le tocó hablar en el cierre del debate, algo que hizo a través de Zoom durante 40 minutos.

El exfuncionario, ahora jubilado, reclamó su absolución y negó haber cometido delitos al afirmar que "si hubiese tenido conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún viso de que fuese ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera".

Los pedidos de la fiscalía

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.

Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político".

El juicio a lo largo de estos años

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.

Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.

La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".

Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.

Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.

En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.

FUENTE: TELAM