Política. El Ejecutivo propuso cambios al proyecto que busca regular el transporte por aplicaciones

El Municipio de Tandil remitió al Honorable Concejo Deliberante una serie de observaciones y propuestas técnicas sobre el proyecto de ordenanza que busca regular el transporte privado de pasajeros mediante aplicaciones digitales.

Los informes elaborados por la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Control Urbano Vehicular expresan el acompañamiento a la iniciativa y plantean adecuaciones jurídicas, administrativas y operativas para garantizar su implementación y fiscalización.

Convivencia de taxis, remises y plataformas digitales

Una de las principales propuestas consiste en mantener las regulaciones específicas que actualmente rigen para los servicios de taxis y remises, incorporando las modificaciones necesarias para permitir que ambos puedan utilizar aplicaciones digitales.

En particular, se sugirió conservar la Ordenanza 8.113, que regula el funcionamiento de las agencias de remises, dado que contempla obligaciones y características propias de esa actividad que no están desarrolladas en el nuevo proyecto.

Asimismo, se propuso modificar la Ordenanza 8.612, correspondiente al servicio de taxis, para habilitar también la utilización de herramientas digitales.

De esta manera, la propuesta técnica apunta a permitir la convivencia de taxis, remises y servicios privados mediante aplicaciones, reconociendo las particularidades de cada sistema y estableciendo condiciones regulatorias acordes con sus características.

Requisitos de inscripción y funcionamiento

Los informes también incluyen sugerencias vinculadas con la creación del Registro Municipal de Prestadores de Movilidad Privada, previsto en el proyecto.

Entre ellas, se propone contemplar tanto a personas humanas como jurídicas que desarrollen la actividad, reconocer distintas formas legales de utilización de los vehículos y permitir la realización de trámites mediante representantes debidamente acreditados.

En cuanto a los conductores, se planteó revisar determinadas exigencias para evitar duplicaciones de documentación y contemplar las diferentes modalidades de contratación laboral.

También se sugirió analizar las obligaciones previstas para las plataformas digitales en materia de información, trazabilidad de los viajes y mecanismos de atención de reclamos, teniendo en cuenta los sistemas que ya utilizan y la normativa vigente.

Fiscalización y régimen de sanciones

Otro de los aspectos abordados es la necesidad de revisar el régimen sancionatorio previsto en el proyecto, para evitar superposiciones con infracciones ya contempladas en otras normas y establecer una adecuada proporcionalidad entre las faltas y las sanciones.

En particular, se propuso reconsiderar el alcance de las responsabilidades atribuidas a empresas, agencias y plataformas, así como incorporar instancias sancionatorias intermedias antes de llegar a una eventual exclusión definitiva del registro.

Asimismo, se señaló la conveniencia de que el Departamento Ejecutivo determine las áreas responsables de administrar el registro, fiscalizar la actividad y llevar adelante los procedimientos de control, de acuerdo con las competencias y recursos disponibles.

Seguridad de los pasajeros

Entre las propuestas específicas formuladas por la Dirección de Control Urbano Vehicular se incluye la prohibición de prestar servicios de transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones digitales, independientemente de su cilindrada.

Esta recomendación se incorpora al conjunto de observaciones destinadas a definir las condiciones de funcionamiento y seguridad de las distintas modalidades de transporte.

Una regulación que pueda implementarse
Desde el Departamento Ejecutivo se destacó la importancia de avanzar en un marco normativo que contemple las nuevas modalidades de contratación del transporte de pasajeros, garantizando condiciones de seguridad para los usuarios y herramientas de control para el Municipio.

En ese marco, las observaciones remitidas al Concejo Deliberante buscan contribuir al tratamiento del proyecto y aportar criterios técnicos, jurídicos y operativos que permitan contar con una regulación aplicable, que reconozca las particularidades de los distintos servicios y pueda ser fiscalizada efectivamente.