7 de enero de 2022
EL
COMUNICADO
Las cavas son un pasivo ambiental generado por
la actividad minera. El lucro se
privatizó y el daño quedó para la comunidad, para siempre.
El derecho de propiedad no es absoluto, no da derecho a destruir. Cualquiera sea el uso permitido, existen
regulaciones. Hasta la minería, cuya esencia es la extracción de material,
tiene obligaciones y responsabilidades respecto a los daños generados. El
estado, en todos sus niveles, cuenta con diferentes competencias para controlar
y hacerlas cumplir. Sin embargo, se ha naturalizado de manera absurda que el
derecho al lucro a cualquier costa es superior al derecho a preservar el
ambiente, al derecho al trabajo digno, a la salud, a la cultura, a la
recreación, etc.
La historia
que generó las cavas demuestra la responsabilidad tanto de los privados
como de las distintas gestiones en diferentes niveles.
La empresa que operaba la cantera Cerro Leones
en los años noventa perdió un juicio por dejar de pagar el derecho a la
extracción de la piedra y a pesar de la sentencia firme, el ejecutivo, a cargo
de Zanatelli, decidió no ejercer los derechos de los tandilenses y beneficiar a
los dueños de entonces. No se ejecutó la sentencia y esa deuda fue negociada en
el tristemente recordado Acuerdo Marco, que perdonó a las empresas mineras deudas por cuatro millones de pesos (igual a
dólares en esos años) y las cambió por espejitos de colores que nunca cumplieron. Ganaron tiempo para
romper y baja de costos fiscales y
laborales.
A pesar de ello, la empresa CIGA quebró, dejó
a trabajadores y proveedores sin cobrar lo que correspondía y se remató
por la misma plata que le adeudaba al Municipio, ya en manos de la
actual gestión, y sin que esta aprovechara ese momento para hacer valer la deuda y comprar el predio. En dicho
remate, tampoco pudieron participar
oferentes "desalentados" por la "LIGA" y
quedó en manos que nunca aparecen
claramente. Desde entonces, a la destrucción del patrimonio ambiental se
le sumó la destrucción de patrimonio histórico-cultural.
Los responsables del daño ambiental deben
compensar a la comunidad, a la ciudad presente y futura, por privarla de
un patrimonio de valor inconmensurable. Los propietarios del pasivo son
responsables por el mismo. El municipio,
la provincia y la nación, lo son subsidiariamente por no haber exigido en cada
nivel lo que correspondía para evitar el daño colectivo que lleva a la
situación actual.
Por eso reiteramos lo que hemos expresado en
muchas oportunidades: es hora de expropiar con el objetivo de realizar un
proyecto que compense a la comunidad por el daño colectivo. La actual
situación, injusta, conflictiva y
riesgosa, podría resolverse con un
parque público con objetivos educativos, recreativos y culturales.
Una expropiación justa debería justipreciar el daño ambiental: ¿Quién
le debe a quién? ¿La comunidad a la
empresa o la empresa a la comunidad como titular y responsable de
semejante daño al patrimonio natural e
histórico?
Las cavas son peligrosas para bañarse. Priorizar los intereses de empresarios
mineros o inmobiliarios es peligroso para las Sierras y la comunidad.
Asamblea
Ciudadana en defensa de las Sierras de Tandil
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