MIRADAS. Un arresto domiciliario que despierta susceptibilidades

El caso que lo puso en la tapa de los diarios provocó un batifondo más por la visibilidad social de Díaz Esteve que por otra cosa. Era un hecho de comercialización de estupefacientes (drogas como cocaína y marihuana), en el que el contador formaba parte de una banda mixta (Tandil-Mar del Plata). El doble allanamiento lo pescó con una considerable cantidad de cocaína en sus manos y en su casa. Y de allí fue a parar a la cárcel. Desde ese momento se perdió la pista del profesional que ya tenía en su currículum algunas otras sospechas previas: las versiones lo sindicaban, además, como prestamista. En los ambientes de las cuevas  y la usura también es un hombre conocido.

Pero su defensa estuvo empeñada en demostrar y conseguir -solicitando los respectivos peritajes- que Díaz Esteve padecía de una severa adicción a las drogas. El objetivo sin duda era aliviar las penurias de la cárcel ante la supuesta necesidad de tener que ser asistido con un tratamiento. La defensa finalmente logró la morigeración de la prisión preventiva, razón por la cual el contador llegó hasta la instancia del juicio abreviado detenido en su domicilio.

Ayer se conoció el acuerdo conseguido antes de la feria judicial y en juicio abreviado. Concluyó con la condena del contador y un detalle nada menor que confirmó la secuencia: el magistrado Pablo Galli le extendió el beneficio de la prisión domiciliaria. El delito que se le imputó comprende penas de 4 a 15 años. Le dieron 4, es decir la pena mínima. Pero el castigo del fallo es idéntico al de sus cómplices.

Lo que muchos no saben -y que no deja de despertar susceptibilidades- es que Díaz Esteve tiene fuertes vinculaciones con referentes de la Justicia. Tirando de la punta del ovillo aparece incluso una relación comercial entre él y algunos conocidos actores del fuero judicial. A saber. Fue el contador que llevaba los números de Antonino Histórico Bar, cuando entre los integrantes de la sociedad de esta concesión estaban como socios la jueza Mabel Berkunksy, el actual defensor oficial de pobres y ausente, Carlos Kolbl y el psicoanalista Adolfo Loreal, también vinculado profesionalmente al ámbito del poder judicial. Ocurrió en 1997. Díaz Esteve no sólo llevaba los números de la concesión de Antonino sino también el trato y la contratación de artistas. Se lo recuerda por su carácter agrio y sus modales de patrón de estancia. A dos artistas que pretendían hacer cumplir el convenio establecido les mandó a decir a través de la camarera del local que "si no les gusta el nuevo trato que se vayan a tocar a la plaza".

La continuidad de la prisión morigerada en su domicilio, que seguramente tiene su perfecto encuadre legal, provoca al menos un rictus de sospecha frente a los vínculos comerciales y laborales que Díaz Esteve mantuvo con los funcionarios nombrados.