NOTA DE TAPA. ¿Queremos una cárcel?

En cuestión de pocos días las redes sociales evidenciaron, con su posibilidad de difusión exponencial, el descontento de los usuarios. Y decir usuario de Facebook y vecino, a estas alturas, es prácticamente lo mismo. Por tanto, ese caldo de caliente malestar que se servía en las redes tenía un fuerte anclaje también en el mundo material. Porque el asunto ganó la calle y se instaló rápido en la agenda de las preocupaciones locales.

Cuando estas líneas estén en la calle ya se habrá anunciado que lo del proyecto de la alcaidía para Tandil no está en consideración. Pero no se engañe, son funcionarios desmintiéndose a sí mismos. El proyecto existe y nuestra ciudad está mencionada en el texto de la reforma al sistema penitenciario como lugar de instalación de una de estas nueve alcaidías.

La manera de anunciar la marcha atrás -que puede ser rendición incondicional pero también retirada estratégica- desnuda el grave error de los gobiernos que planifican obras de espaldas a los ciudadanos. Y no hay registro de una consulta a los vecinos de Tandil sobre si aceptan un establecimiento de la estructura del servicio penitenciario.

No es, el proyecto de construir la alcaidía, un globo de ensayo, algo que se lanza a través de los medios para sondear la opinión de un grupo social determinado, generalmente amplio. Esto es un proyecto concreto y está escrito.

Si el tema parece encaminarse al archivo es únicamente por los miles de vecinos que alzaron a voz para oponerse al proyecto. Pero no hay que dormirse porque el programa -insistimos- es real y concreto. Incluye a esta ciudad como una de las nueve que conformarán esta red de nuevos alojamientos de personas sometidas a procesos judiciales.

ALCAIDÍAS EN EL SIGLO XXI: DE JUNÍN A MELINCUÉ

Graciela hizo su tesis de licenciatura en Trabajo Social analizando la integración en la por entonces flamante Unidad Penitenciaria 13, a fines del ?83. Sobre la bonaerense ruta 188, en Junín, albergaba casi 200 presos y con tristeza recuerda "enseguida nació al otro lado de la ruta un asentamiento: El Barrio San Jorge. Era increíble como venía gente del conurbano sin nada de nada, a vivir de una forma que en nuestra ciudad jamás habíamos visto".

Ya casada con Bocho, Graciela recuerda el nacimiento de un barrio dentro del propio penal, para los empleados penitenciarios. Con un movimiento entrelazado de policía, servicio penitenciario, reos y familiares que acunaban las más disparatadas historias que circulaban en los bares y negocios de un "pueblo todavía chico".

Cuando nace su primera hija, Bocho recuerda la inauguración de la Cárcel de Mujeres, también en la ruta 188, al lado de la Unidad 13. Y se lamenta porque todo cambió en el pueblo, que de agrícola-ganadero y de servicios pasó a otro perfil. "Nosotros empezamos a extender la actividad a Tandil, era muy difícil vivir en Junín, tuvimos varios asaltos y además comenzamos a preocuparnos por la seguridad de nuestros hijos, nuestros empleados, la empresa. Y cuando Grace (su esposa) debía quedarse sola, porque yo me iba al campo, me prometía a mí mismo que haría lo posible para irme de mi pueblo".

Pero las cosas siempre pueden empeorar y en 2007 nació la  Alcaidía  N°49, funcionando en plena ciudad, a solo una cuadra de la plaza, de una escuela y un banco. Alojaba menores y mayores. Si bien los planos originales y el decreto de creación consentía el destino de alcaidía, se fue superpoblando y al año siguiente ya era una nueva cárcel  para los detenidos: "Estaba en el centro y eran presos VIP". Fue una década de marchas y reclamos de los habitantes. Hasta que los juninenses lograron el cierre en abril de 2016. Hoy, todo detenido se traslada a la Unidad Penitenciaria ubicada sobre la ruta 188.

Pero la nueva reforma del Sistema Penitenciario Provincial considera la creación de una nueva alcaidía. No hay certeza si también tendrá su destino a la vera de la ruta. Una denuncia de un periódico de esa localidad (democracia.com), contaba en 2007 la situación con palabras muy parecidas a las de Graciela: "Buena parte de los detenidos son trasladados desde la ciudad de Buenos Aires al interior, ocasionando con esto serios perjuicios a sus familiares, que generalmente son de escasos recursos, y deben movilizase varios cientos de kilómetros para poder visitarlos, como así también esto constituye un problema cuando los detenidos deben ser trasladados al ser requeridos por sus tribunales de origen".

No es el único caso. El portal de noticias Novedades del Sur, en marzo de 2016 año denunciaba: " Melincué alza la voz ante la construcción de una unidad para una nueva cárcel que permitirá reubicar a presos que hoy saturan la alcaidía del pueblo".

Gladys P. tiene 53 años y continúa la tradición familiar al frente del hotel que fundó su padre al borde de la mítica laguna. Remozado y con cierta sofisticación, rescata la antigua historia del ojo de agua de esa localidad al sur de Santa Fe y se suma al renovado desarrollo turístico del pueblo. Aunque al hablar del tema que nos convoca se muestra abatida. "Si mi padre viviera estaría destrozado. Este desastre empezó con la alcaidía y la llenaron tanto que los presos están amontonados. Ahora van a construir una Unidad Penitenciaria. ¡Están locos! Nos costó muchísimo ser una plaza turística y teatral, tenemos  casino con SPA y una actividad en desarrollo. Esto es una contradicción que nos mata como ciudad".

TURISMO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El territorio requiere un orden y una regulación. Ciertas actividades, como la petrolera, minera o carcelaria, no pueden convivir con desarrollos de valoración territorial. Es probable que al revés, una antigua cárcel con historia en una isla, hoy sea un sitio cautivante y explotado como recurso turístico, como en Vietnam las islas Con Dao o So Ray, que han transformado abandonadas cárceles en paradores  exuberantes de verde y servicios resort. Pero parece que a la inversa,  no funciona.

Ecuador trabajó en 2003 en el denominado PLAN Q, un desarrollo estratégico para la ciudad y su región de influencia. Con financiamiento del Banco Mundial, durante tres años puso en marcha los engranajes de un equipo especializado e interdisciplinario, del que participó el geógrafo y sociólogo argentino Roberto Bustos Cara, especialista en sistemas territoriales.

Entre los ejes de la proyección a 20 años tuvo un especial capitulo la planificación de Galápagos, provincia ecuatoriana compuesta por maravillosas islas, reducto natural de ecosistemas únicos, distantes  a poco mas de 900 km del continente.

El cambio de gobierno de 2007 decidió construir una cárcel de máxima seguridad en algunos de sus 128 islotes o sus 22 islas. Pero Galápagos echó mano a su Constitución Provincial e inmediatamente, apelando al PLAN Q, declaró toda la zona insular como área protegida y restringió en su Art. 21 la tipicidad de las limitaciones del  "uso del suelo y sus bienes inmuebles, creados y a crearse". También excluyó toda "actividad que afecte al turismo por razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la República". Abortada la iniciativa presidencial de la cárcel en un entorno protegido por UNESCO desde 1978 como Patrimonio de la Humanidad, el propio Estado hubo de sancionar  una Ley de Turismo (N°97), para delimitar los usos del suelo en "activos naturales valiosos".

¿QUÉ DICE EL PDT?

Tandil logró sacar de la ciudad las canteras y su extractiva producción y planificar la radicación de nuevas empresas en el parque industrial. Hoy, en nuestra ciudad los agroquímicos deben manipularse en la periferia y en zonas de uso específico; la producción de acumuladores, baterías o similares, actividades o explotación que genere ruidos molestos, disposición final de residuos y porque no: radicación de estructuras carcelarias.  

Revisando el Anexo 2 detectamos en Zona Rural la posibilidad de otorgar Uso de Suelo a Defensa y Justicia, pero sometido a UA: Usos autorizables con estudio. Son aquellos que para su posible implantación requieren un estudio de Evaluación de Impacto Urbano Ambiental que analice su viabilidad en función de la incidencia urbanística en su ámbito de localización.

Prescribe el PDT:

a)      Tomar en cuenta el área de influencia de la actividad que se propone localizar, cuya delimitación deberá ser debidamente justificada.

b)     Evaluar los aspectos cuantitativos o cualitativos del uso pretendido para evitar la colisión con los usos predominantes y compatibles de la zona, área o sector correspondiente y la tergiversación de las condiciones urbanísticas de sus ámbitos de influencia.

c)      La condición de uso autorizable es aplicable a los supuestos de nuevos emprendimientos y localizaciones, cambios de uso existente o ampliación de superficies

Generar un lugar de reclusión temporaria para una limitada cantidad de eventuales procesados, durante el período de imputación y juicio, es una responsabilidad social ineludible. Es el cumplimiento de la ley. Esa ley que en alguna de sus múltiples caras  impone penas y restricciones a la usurpación territorial, al mal uso por zonificación establecida  y diseña modelos de organización territorial, en pos de la prosperidad de la sociedad residente alentando el concepto de bienestar. Es evidente que existe un conflicto de intereses en el tema de la alcaidía y cuando esto ocurre, se deben sopesar con cuidado las ventajas y perjuicios. Y la opinión de los ciudadanos es un factor que puede ser determinante.

¿DEBERÍA OPINAR EL CIUDADANO?

La profesora Rossana Ferraro, del Centro de Investigaciones Ambientales y Sociales (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata) tiene un gran prestigio en materia de sustentabilidad territorial urbana-social.

Para ella, la opinión de los residentes es fundamental. Refiere que la cohesión territorial es un hecho humano irrefutable y debe contemplar la visión de sus habitantes: "La participación ciudadana es indispensable, pero  es un proceso lento, con actores desiguales y presenta la gran dificultad de revelar lo invisible".

Se da por descontado que las encuestas en los medios on line y redes sociales no revelan exactamente lo que opina una comunidad heterogénea en cuanto a un tema dado, pero sirven como instrumento de orientación.

El Diario de Tandil en su versión on line llevó a cabo un sondeo entre sus lectores. ¿Está de acuerdo con la instalación de una alcaidía en Tandil?

SÍ                    16%

NO                  69%

NO SE                        14 %

En otros portales, en Facebook y en Twitter hubo experiencias similares con resultados parecidos.

La opinión de los vecinos probablemente no esté del todo fundamentada. Parece incluso responder a los temores más básicos de quien vive en una comarca del interior y ve que su otrora bucólico pueblito crece y crece, al punto de que ya le cuesta reconocer en este Tandil a aquel de tiempos no tan lejanos. La cárcel es una de las amenazas más tangibles a ese Tandil tranquilo del pasado, que aún se sostiene en la costumbre de la siesta y de los chicos en bicicleta o jugando solos en la calle.

Porque la cárcel se asocia de inmediato al aumento del delito en la zona. Los motivos son variados y abordarlos nos pondría en el incómodo rol de catalogadores de lugares comunes, preconceptos y discriminación. Baste con decir que el común de la gente asocia la presencia de presos en las inmediaciones con más delito. Y hablar de cárceles, penitenciarías o alcaidías remite a esa idea de base; a los delincuentes, mejor tenerlos lejos.

NO TODOS ESTÁN EN CONTRA

El proyecto de la alcaidía tuvo -y tiene- varios promotores. El primero es Claudio Ersinger, quien como presidente del bloque de concejales PRO salió a respaldar el proyecto del Ministerio de Justicia bonaerense. Además del esperable encolumnamiento político, las razones que alega Ersinger para justificar la construcción de la alcaidía son atendibles. Lo primero que aclara es que "una alcaidía no es una cárcel", tratando de influir positivamente a través del lenguaje. Los políticos deberían saber que están perdidos en ese sentido, porque la gente se apropia de las cosas a través del lenguaje. Bien lo sabe el gobierno local, que en vano empuja la denominación "de protección ciudadana" para que el vecino pague una tasa que desde el minuto cero se llama, en el idioma de los tandilenses "de seguridad".

Al margen de eso,  Ersinger reflexiona que "no solamente las personas son castigadas con la reclusión sino que además las condiciones de vida dentro de la cárcel son una segunda condena". Y aclara que el proyecto de crear nueve alcaidías en la provincia es un reclamo de los jueces y está relacionado con la seguridad. "Acá los jueces están reclamando la habilitación de una alcaidía porque es el paso previo de una persona aprehendida, antes de tener la prisión preventiva, porque todavía no está determinado si es culpable o inocente. A la alcaidía iría el aprehendido hasta que se determine si es culpable o inocente, no puede ir esa persona a una cárcel. Es un porcentaje elevado el de las personas que son aprehendidas y terminan siendo inocentes. Pero en el estado actual el juez hoy no tiene otra medida que mandarlas a una cárcel".  Así, Ersinger, que acierta en su enfoque desde el punto de vista de las garantías constitucionales, termina corriendo por izquierda a quienes se oponen al proyecto.

Dice, además, que "no afectaría el turismo, no sería como Barker donde hay muchos detenidos del conurbano, la gente estaría un máximo de 30 días, hasta que el juez determine si le da prisión preventiva". Y ejemplifica: "Si atrapan a alguien con una cantidad pequeña de droga, la ley dice que según sea la cantidad puede ser un delito, si es para comercializar. Hasta que se determine, hoy el aprehendido tiene que ir a una cárcel con gente ya condenada por violación, por homicidio, con reclusos que incluso no son de acá".

También recibió con beneplácito el anuncio Facundo Llano. Abogado y concejal peronista, recuerda que desde su espacio "venimos trabajando en un plan estratégico en cuanto al servicio de justicia. Es importante prestar atención a las necesidades que hoy tiene la justicia en el Partido de Tandil. La alcaidía es un paso más". Aunque llama la atención sobre los 144 calabozos del proyecto original. "Hay que resolver en cuanto a las plazas que va a tener disponibles y cuál va a ser la ubicación". Pero advierte que "no podemos hoy rechazar la alcaidía, que las comisarías estén desbordadas y que la justicia no tenga a disposición los detenidos. Hay que consultar a todos los actores, ver dónde se ubicaría y limitar la cantidad de plazas, pero tiene que ser apoyado por todos".

También abogado y concejal, pero por el Frente Renovador, Gustavo Ballent entiende que "es necesario para el servicio de justicia, que estamos preocupados por mejorarlo". Reitera que "no es una cárcel, es un lugar transitorio y es necesario porque cuando hay una persona detenida no se la debe enviar al lugar de reclusión con presos condenados, corre riesgos en un penal".

Agrega a la valoración el asunto de los costos implícitos: "Tenés un juicio oral, hay que traer un preso que está en una cárcel, hay que traerlo y llevarlo para cada audiencia. Es un gasto de recursos innecesario cuando lo podés tener en la alcaidía mientras dura el proceso, y explica que "no se puede tener a la gente en comisarías porque hay normas que lo rechazan".

MEJOR EN BARKER

El defensor oficial del fuero penal, Diego Araujo, tiene claro que la alcaidía no es una cárcel, pero avisa: "Está en la órbita del servicio penitenciario; al igual que una cárcel aloja personas privadas de su libertad en función de un proceso penal en trámite; el régimen de seguridad interno es esencialmente el mismo; se alojan detenidos pero que en principio no tienen prisión preventiva".

Y va en línea con el principal temor de los ciudadanos que se pusieron en contra del proyecto, que, teniendo capacidad ociosa, utilicen los calabozos para traer detenidos de la zona o, directamente, termine convertida en una prisión hecha y derecha.

"Si la alcaidía de 144 plazas fuera para Tandil se nos ocurre que es demasiado para lo que podemos absorber, generaría lo que ya está ocurriendo en las unidades penitenciarias, que habiendo cupo de alojamiento terminen viniendo internos de otras localidades y que ante la falta de cupos en unidades penitenciarias, se extiendan los plazos de alojamiento y se tornen en centros de detención permanente". No es esto una ficción del funcionario judicial, quien explica que "de alguna manera esto ya está ocurriendo, como la alcaidía de Batán, que tiene capacidad para 399 internos y actualmente está arriba de 460, muy a pesar del esfuerzo que hace el servicio penitenciario para tratar de mantener el cupo ideal. Pero llega el camión con las personas detenidas y hay que bajarlas".

Araujo es el primero en sugerir que la alcaidía se construya en Barker. "Desde las defensorías penales con la defensoría general departamental, entendemos que sería adecuada una alcaidía dentro de la estructura del sistema penitenciario de Barker. Por cercanía con Tandil y porque allí ya cuentan con la infraestructura y el personal, sería mucho más fácil instalarla ahí y se podría resolver la situación de las personas detenidas sin prisión preventiva de Tandil, Juárez y otras ciudades cercanas. Lo ideal sería crearla en Barker, donde ya existe la unidad penitenciaria. Estamos cerca, a 60 kilómetros. Y funcionaría en un contexto donde la comunidad ya está acostumbrada a convivir con el servicio penitenciario".

Por último llama la atención sobre un problema de fondo. "Sería conveniente acompañar con la posibilidad de medidas alternativas al encierro porque la población penitenciaria viene creciendo mucho, ya estamos cerca de 40 mil internos en la provincia. Si la única solución va a ser la creación de cárceles no va a haber cárcel que aguante".

El Municipio opina como Araujo, aunque se tomó su tiempo antes de reconocerlo en público para no aparecer en franca disputa con el gobierno de María Eugenia Vidal. "Bastantes tensiones hay en CAMBIEMOS para sumar otra en el frente interno", reconoció un dirigente de primera línea en los días previos. Porque también en el oficialismo local hubo debate sobre la conveniencia de abrazar el proyecto. El jefe de Gabinete, Mario Civalleri, fue el encargado de tirar la bomba a los medios locales: "Nos sorprende mucho la envergadura de la alcaidía, proponen 144 plazas. No nos entusiasma mucho la idea". Y agregó que "como ciudadano también me preocupa el futuro, hoy es un alcaidía pero al ser de 144 calabozos, nada impide que con el tiempo se transforme en otra cosa. Es razonable que la gente tenga cierta aprensión. No es una idea que nos genere mucho entusiasmo".

EL PLAZO IDEAL

Debería ser un lugar transitorio de las personas privadas de libertad sin prisión preventiva que de acuerdo a los plazos que estipula el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires no debería superar los 35 días (15 días para dictar la prisión preventiva, más 15 de prórroga más los cinco que tiene el juez de garantías para resolver el pedido del fiscal). Una vez terminado ese plazo hay que trasladarlos a una unidad penitenciaria o ponerlos en libertad.