DROGA. Procesaron a banda narco que operaba en Tandil y Mar del Plata

Un llamado a la línea de denuncia nacional 134 alertó sobre una vivienda situada en la avenida Jara donde se comercializaría droga. Enseguida la Fiscalía Federal N°2 emprendió una investigación que derivó en once allanamientos, el desbaratamiento de una organización y, ahora, en el procesamiento de seis personas acusadas de ser integrantes -dos de ellos como jefes y organizadores- de una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes. Así lo resolvió el juez federal Santiago Inchausti, quien además decretó la falta de mérito de una séptima persona investigada, y el embargo para cada uno de los acusados por un millón de pesos.

Tras las primeras tareas de inteligencia solicitadas por el Ministerio Público Fiscal que advirtieron posibles maniobras de venta de droga, se dispuso la intervención de los números telefónicos de los investigados, que permitieron detectar a un grupo de personas organizadas en distintos niveles, encargadas de adquirir clorhidrato de cocaína  en un presumible alto grado de pureza, la posterior mezcla de sustancias para su estiramiento, su distribución y venta a ocasionales consumidores de Mar del Plata y Tandil.

La pesquisa logró determinar los distintos roles de los integrantes de la banda: en un primer eslabón -dado que por el momento no se pudo identificar a los productores-, se ubican dos socios y la pareja de uno de ellos, quienes resultan ser los principales proveedores de la sustancia estupefaciente; en un segundo eslabón de la cadena de comercialización se ubica otro hombre junto a su pareja; mientras que en el eslabón inferior se ubica un joven que se encargaba del corte y estiramiento de la cocaína, como así también de la venta a consumidores en viviendas acondicionados a esos fines, o bien bajo la modalidad de delivery.

"Todo ello -reparó el magistrado en su resolución-, sin descartar de momento que, con el devenir de la investigación surjan nuevos integrantes, cuyos roles van mutando simultánea o alternada, conjunta o indistintamente, en carácter de proveedores, suministradores y abastecedores de la sustancia ilícita, desarrollando así cada uno de ellos distintas actividades coordinadas a fin de obtener, transportar, ocultar, aprovisionar, fraccionar y distribuir material estupefaciente".

La investigación derivó en once allanamientos realizados el 14 de agosto -ocho en Mar del Plata y tres en Tandil- en los que se secuestró cocaína, tres armas de fuego -una calibre 9 mm y dos calibre 38- , cerca de 200 mil pesos, casi 6500 dólares, y un automóvil Toyota modelo Corolla, presuntamente utilizado para repartir el material estupefaciente, de acuerdo a las tareas investigativas.

Por otro lado, según la hipótesis fiscal, los acusados "con el producido de esas actividades ilícitas, habrían insertado en el mercado las ganancias y/o adquirido bienes, como ser rodados, propiedades, dinero en efectivo, cheques, tal como surge de los informes acompañados por la fuerza actuante, y de las escuchas telefónicas realizadas". En este sentido, Inchausti reparó en las adquisiciones de vehículos de alta gama importados, de propiedades con valores millonarios, tarjetas de crédito con límites disponibles elevados y cuentas con posibilidad de girar en descubierto por montos exorbitantes.

Al dar cuenta de la situación procesal y la calificación legal sobre las maniobras desplegadas, se les reprocha a los acusados integrar una asociación ilícita -dos de ellos como jefes y organizadores-, estipulada en el artículo 210 del Código Penal.

Además, sobre uno de los principales acusados, y su pareja, pesa la acusación por tenencia de material estupefaciente con fines de comercio (artículo 5, inciso "C", de la Ley 23.737) por haberse encontrado en su vivienda casi 300 gramos de cocaína. En tanto los restantes integrantes de la organización deberán responder como co-autores del delito de comercio de sustancias estupefacientes.

Los cuatro hombres  quedarán detenidos, en tanto las dos mujeres fueron procesadas sin prisión preventiva por tener a su cargo hijos, hijas y nietas menores de edad, y familiares con algún tipo de discapacidad a cargo.

Por último, la resolución judicial señala que dada la magnitud de los hechos imputados y el grado de participación atribuido a los acusados y acusadas, se fijó un embrago sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.