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5 de julio de 2016
05/07/2016
En la segunda jornada del juicio que se lleva a cabo contra el funcionario Rubén Diéguez, llegó el turno de los alegatos.
A Diéguez se lo señala por una presunta responsabilidad en algunos casos de vecinos que recibieron ayuda social, donde no se habían cumplido los pasos burocráticos formales. En su momento el intendente defendió al funcionario señalando que "no se había llevado un peso al bolsillo". A su vez, Diéguez se amparó en que hubo casos que debían resolverse con urgencia debido a que el área social requiere de respuestas inmediatas.Por el contrario, el fiscal Egusquiza evaluó que habría detectado irregularidades concretas debido a que se utilizaron fondos destinados a la ayuda de indigentes y sectores humildes, para cubrir el pago de proveedores del Municipio. Para Eguzquiza, Diéguez "con el fin premeditado de eludir el trámite reglamentario establecido (por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Contabilidad y complementarias), para la contratación de servicios y compras de artículos requeridos usualmente por la actividad propia de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo menos desde el año 2007 hasta el 2011, en reiteradas oportunidades dio a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados -esto es brindar apoyo económico de emergencia a indigentes, grupos más vulnerables o en situación de riesgo social-, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados". Por ello, pidió que se lo culpe con dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación en cargos públicos.
Por el otro lado, el abogado del funcionario, Jorge Dames, pidió la absolución de su defendido, excusando que el desvío de fondos se dio para una ayuda social.
De esta manera, en los próximos días, el juez Pocorena deberá resolver la situación y dictar sentencia.
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