Policiales. Ordenaron investigar a Raúl Pérez Roldán por abuso sexual y trata contra menores

La decisión judicial se da a casi 6 meses de que Guillermo Pérez Roldán llevara a la Justicia a su padre, a quien acusó de golpearlo sistemáticamente desde su infancia y luego quedarse con todo el dinero que ganó durante su carrera profesional, en la cual obtuvo 9 títulos ATP y llegó ocupar el 13° puesto del ránking mundial a fines de la década del 80. 

La denuncia forma parte de la demanda iniciada por el extenista contra su padre por reducción a la servidumbre, lesiones y administración infiel. Y donde buscan determinar si hubo trata de personas e identificar a otras posibles víctimas de abuso sexual, informaron desde el estudio jurídico. 

En ese sentido, la Cámara Federal de Mar del Plata ordenó avanzar con la investigación de una denuncia por el delito de violación presentada por una exalumna de su escuela de Tandil. 

Según el relato de la víctima, los hechos ocurrieron cuando era menor de edad. Los jueces también solicitaron determinar si hubo trata de personas. 

"Se inicia la etapa donde se pretenderá probar, por testimonios y otras medidas de prueba ofrecidas en el escrito inicial, lo que las víctimas afirman en su denuncia", señaló el abogado Juan Ignacio Pascual, que lleva adelante la demanda en representación de Guillermo Pérez Roldán y X. 

Entre otras medidas, también prevén pedir informes a bancos nacionales y del exterior y el levantamiento del secreto fiscal y bancario; y solicitar a Asociación Argentina de Tenis y a los sponsors, datos de los ingresos que tuvo Guillermo Pérez Roldán durante su carrera profesional, para luego cotejarlos con los bienes que compró su padre durante todos estos años. 

La acusación de X. -a quien se denomina así para preservar su identidad- formó parte de la presentación realizada el 24 de agosto de 2022, en conjunto con el extenista, ante el Juzgado Federal de Azul, donde plantearon la hipótesis de que hubo un "plan criminal" orquestado por el acusado entre los años 70 y 80 en el que se cometieron una serie de delitos, que van desde la reducción a la servidumbre y la administración infiel hasta lesiones y abusos sexuales. 

El planteo de las víctimas es que los efectos de este plan aún hoy siguen teniendo un "duro" impacto psicológico y económico, detallaron. 

El primer avance que había tenido la causa fue la confirmación por parte del fiscal federal de Azul, Santiago Eyherabide, y el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, de que la acción penal se encontraba vigente, es decir, que "los hechos no se encontraban prescriptos". 

El segundo avance se dio cuando la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que toda la causa sea tramitada en el fuero federal, evitando así que se divida en dos partes lo que obligaría a las víctimas a pasar por dos procesos judiciales: uno en la justicia local y otro en la nacional, y haciendo lugar al pedido de las víctimas y del Fiscal General de Mar del Plata, el doctor Daniel Adler, que habían solicitado que la causa no se dividiera. 

(TÉLAM)