RECLAMO. "No hay políticas de Estado concretas en materia de discapacidad"

El jueves, prestadores de servicios de discapacidad, transportistas, centros de día y familias se manifestaron en Tandil en reclamo por el incumplimiento de pagos, la desactualización de los aranceles y la falta de políticas públicas efectivas en todos los niveles del Estado.

La convocatoria había sido programada con anterioridad para apoyar todos los programas vinculados a la discapacidad, y coincidía con la expectativa de que el Congreso tratara una ley que permitiese, entre otras cosas, comenzar a regularizar las deudas acumuladas. Sin embargo, la sesión fue postergada para el mes siguiente. "Hoy se esperaba que el Congreso tratase una ley que permita, por ejemplo, que los seis meses que adeudan a muchos prestadores y profesionales, se pudieran empezar a normalizar. Pero no pasó, se corrió la sesión para el mes que viene".

La Dra. Gabriela Marti, abogada y madre de un niño con discapacidad, habló en Radio Voz (FM 106.9) y explicó el contexto actual: "La problemática en cuanto a discapacidad, por lo que me toca en mi trabajo y por tener un niño con discapacidad, es que estamos en una situación extrema. Ahora iban a tratar una ley de emergencia, que se postergó, pero son temas que ya están contemplados en otras leyes. Hay leyes, pero no se cumplen. Entonces, posiblemente, dentro de un tiempo estaremos hablando sobre la ley de emergencia que se sancionó no se esté cumpliendo, como pasa con todo el contexto normativo".

Uno de los reclamos más urgentes apunta a la desactualización del nomenclador del Ministerio de Salud, lo que impide que los prestadores perciban ingresos acordes a la inflación. "Hay un atraso enorme en el nomenclador del Ministerio de Salud, que debe actualizar el monto para los prestadores. Por eso, varios prestadores no quieren trabajar, porque el dinero es bajo y aparte la Obra Social les paga con seis meses de atraso. Entonces, los niños se quedan sin los tratamientos que lo ayuden a mejorar su calidad de vida. No hay políticas de Estado concretas en materia de discapacidad, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Cuando el Estado cada vez se corre más, esas políticas tienden a desaparecer".

La falta de respuestas empuja a muchos profesionales a alejarse del sistema. Marti lo sintetiza sin rodeos: "El prestador no quiere trabajar por Obra Social, y no se le puede decir nada, porque no le pagan o autorizan cuatro meses después. Si no hay respuesta inmediata, vamos a seguir así".

Más allá de los aspectos técnicos o administrativos, la abogada cuestionó también la mirada que muchas veces predomina en la política y la sociedad respecto a la discapacidad: "Si bien se ha avanzado, hay una visión en esto de que los políticos ven que todo colectivo de personas con discapacidad quieren que el Estado les salve la vida, no laburar y no hacer nada; con lo que están equivocados". Y agregó: "Entiendo que a la sociedad, todo lo que esté en el marco de la discapacidad, les dé miedo, por eso no acompañan, no empatizan lo suficiente. Si la lucha la hacemos todos, posiblemente ayude un poco más. Mientras seamos 30 o 40 reclamando, no nos van a mirar con seriedad".