FABIAN MESTRALET. "No es necesario cambiar el PDT, primero hay que cumplirlo"

En diálogo con Radio Voz, el integrante de la Asamblea, Fabián Mestralet, recordó que la organización trabaja desde hace casi dos décadas en la defensa del sistema serrano, aunque remarcó que la preocupación por preservar ese patrimonio natural es aún más antigua.

"La Asamblea empezó en 2006, pero antes ya existía una multisectorial que trabajó en la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial. Es una preocupación ciudadana que en Tandil lleva muchos años."

Mestralet explicó que, desde la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y de la Ley de Paisaje Protegido, la Asamblea viene realizando un seguimiento del cumplimiento de la normativa y denunciando presuntas irregularidades.

Recordó además que el Municipio tenía un plazo de 540 días desde la aprobación del PDT para elaborar el Plan de Manejo de la Zona Protegida, algo que, según sostuvo, nunca se concretó.

"El Plan de Manejo nunca se hizo. Nosotros incluso participamos y aportamos en su elaboración, pero quedó trunco."

Durante 2024, la Asamblea relevó alrededor de veinte casos que fueron presentados tanto ante el Municipio como públicamente. Sin embargo, aseguró que no obtuvieron respuestas concretas de las autoridades de control.

"Presentamos los informes y lamentablemente no tuvimos una respuesta efectiva que dijera si correspondía o no cada caso o qué medidas se iban a tomar."

Según explicó, varias de las situaciones detectadas derivan en subdivisiones que no están permitidas por la normativa vigente, lo que además de generar un impacto ambiental puede terminar perjudicando a quienes compran esos terrenos.

"Son terrenos que muchas veces no existen legalmente porque no se pueden subdividir. Además del daño ambiental, esto termina convirtiéndose en una estafa para quienes compran de buena fe."

Frente a ese escenario, la Asamblea propone suspender el otorgamiento de permisos de construcción en la zona protegida hasta realizar una revisión integral.

"Lo que proponemos es suspender los permisos y controlar que no se siga avanzando con la urbanización en la zona protegida."

En ese sentido, Mestralet consideró que el Municipio cuenta con las herramientas necesarias para realizar una auditoría completa.

"No estamos hablando de algo imposible. Con toda la tecnología y las herramientas que tiene el Estado Municipal se puede hacer perfectamente una auditoría y determinar qué emprendimientos cumplen con la normativa y cuáles no."

Además, planteó la necesidad de establecer por ordenanza que ninguna obra ejecutada en infracción pueda ser posteriormente regularizada.

"Tiene que quedar claro que en ningún caso se va a legalizar lo que está mal hecho. Todos los vecinos cumplimos la ley y nadie debería obtener ventajas haciendo negocios fuera de la normativa."

Durante la entrevista también hizo referencia al caso de la escuela proyectada en FLEMI, sobre la que la Asamblea sostiene que se ubica por encima de la cota permitida por el PDT.

Según explicó, la principal objeción no pasa únicamente por la ubicación, sino por el criterio utilizado para aprobar el proyecto.

"El municipio aceptó la medición presentada por un particular. Desde nuestro punto de vista eso no corresponde porque existe una cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico que es la que debe respetarse."

Para Mestralet, permitir que un estudio privado reemplace la referencia oficial genera un antecedente riesgoso para futuros desarrollos.

Respecto del Plan de Desarrollo Territorial, la Asamblea sostiene que el problema no es la herramienta sino su falta de aplicación.

"No es necesario cambiar el PDT; primero hay que cumplirlo. Si no se controla el que existe, no tiene sentido modificarlo."

En ese marco, consideró que cualquier futura actualización del plan debería fortalecer aún más la protección ambiental.

"Si hay que hacer modificaciones, tienen que ser para maximizar la protección de las sierras. No puede haber una regresión en materia ambiental."

Finalmente, valoró que distintos bloques políticos hayan comenzado a tomar como referencia los informes elaborados por la Asamblea para impulsar pedidos de información en el Concejo Deliberante y sostuvo que la protección del sistema serrano debe ser una política de Estado.

"Siempre acercamos nuestros informes tanto al Ejecutivo como a todos los concejales. Está bien que todos los espacios políticos intervengan porque el Municipio tiene la responsabilidad de controlar y proteger las sierras."

Asimismo, advirtió que permitir el avance de urbanizaciones irregulares implica luego extender servicios públicos como electricidad, caminos o agua a zonas donde, según el PDT, no deberían desarrollarse nuevos emprendimientos.

"El costo ambiental y económico de urbanizar sobre las sierras es enorme. El Plan de Desarrollo Territorial ya establece claramente dónde corresponde urbanizar y dónde no."