10 de enero de 2020
La provincia de Buenos Aires adhirió hoy al protocolo para
la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del
embarazo (ILE), puesto en vigencia por el Ministerio de Salud de la Nación, a
cargo de Gines González García.
La firma se llevó a cabo a las 11 en la sede del Ministerio
de Salud provincial, en La Plata. Del acto de firma participarán el titular de
la cartera sanitaria, Daniel Gollán , y la ministra de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz.
El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó hoy
que "con las herramientas legales que den certeza a los equipos de salud,
la gente podrá empezar a perder temores y participar del acceso a este derecho
de forma rutinaria". También destacó la necesidad de "preservar a la
mujer porque lo peor de esto es que a veces los casos terminan
mediatizados" y remarcó que "el Estado debe dar respuestas".
Durante el acto, Gollán manifestó que "las artífices de
que hoy esto pueda hacerse realidad son las mujeres", recordó que
"estar debatiendo esto que debería ser normal -porque ya está regido como
legal- es tedioso" y aseveró que "con las herramientas legales que
den certeza a los equipos de salud, mucha gente podrá empezar a perder temores
y participar del acceso a este derecho de forma rutinaria".
Analizó que cuando el Congreso nacional "debata la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendremos también las herramientas
que nos permiten avanzar en otros derechos que hoy nos siguen costando
innecesariamente la vida de mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto
seguro".
Luego, la ministra Díaz dijo que "la guía legisla sobre
el procedimiento sanitario para atender las excepciones de aborto que contempla
el Código Penal en su artículo 86 inciso 1 y 2, una legislación de 1921",
por lo que analizó que "no estamos innovando sino que establece qué
procedimiento hay cuando el aborto conlleva un problema para la salud o la vida
de la mujer o en los casos de una violación".
"La provincia tiene un protocolo desde 2007, lo reformó
en 2012 pero era restrictivo y colocaba requisitos y obstáculos que no
establece la ley. Esta guía es precisa, actualizada, toma indicaciones de la
OMS y busca acceder a un derecho a la salud legal", añadió.
Explicó que los profesionales de la salud pueden hacer uso
del derecho de la objeción de conciencia pero de modo "individual" ya
que "las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las
interrupciones legales del embarazo".
La funcionaria dijo que "para la salud pública es muy
costoso cuando se llegan a interrupciones del embarazo en el circuito
clandestino e inseguro" y destacó que, en cambio, "la práctica de
interrupción del embarazo en el primer trimestre de gestación es sencilla,
puede ser ambulatoria, es medicamentosa".
Destacó que se va a trabajar "para que no haya barreras
indebidas al acceso a este derecho que no respetan la legislación
vigente". "El gobernador Axel Kicillof nos pidió que hiciéramos esto
porque era una deuda con las mujeres y las personas gestantes de la provincia
de Buenos Aires", finalizó.
La adhesión se llevó a cabo mediante una resolución conjunta
que establece: "Aprobar, para su aplicación en los establecimientos de
salud de los diferentes niveles de atención de la provincia de Buenos
Aires" el protocolo aprobado tras la resolución 1/2019 del Ministerio de
Salud de Nación.
(FUENTE: LA NACIÓN)
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