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11 de agosto de 2016
por
Elías El Hage
Se sabía que la destemplada actitud de la empresa
brasileña -que levantó campamento dejando a todo su personal con los sueldos
caídos y sin respuesta alguna-, iba a tener su punto de inflexión en la
concreción de una medida extrema: el bloqueo del Parque Industrial por parte de
los trabajadores de la empresa y de la UOM.
El gobierno había intentado por todos los medios evitar esa instancia, entregando incluso una cobertura asistencial paliativa a los
trabajadores, y actuando directamente sobre Cinpal a través del consulado para
que Joaquím Carvahlo, la cara visible de la firma, entregara alguna respuesta
que no fuera la nada misma.
En tanto, Romano acompañó la toma de la fábrica y luego el
piquete de los trabajadores a metros del acceso al Parque Industrial, pero tras
la cuarta ausencia de Cinpal en el Ministerio de Trabajo, o le faltó muñeca
política para manejar la transición o empujó la decisión de bloquear el Parque Industrial. Con lo cual
involucró en el conflicto a 51 fábricas y casi 800 trabajadores que a diario al
Parque concurren. Un recurso de amparo que el gobierno presentó a la Justicia,
podría haber sido una salida elegante a la fuerte presión que efectuó el
empresariado sobre el poder político -es cierto- pero también y sobre todo y
directamente en la figura de Antonio Caló, secretario general de la estructura
nacional de la UOM. Ayer por la tarde la Justicia intentó notificar dos veces a
Romano del visto bueno al amparo pero siempre encontró las puertas de la UOM
cerradas. Pero en plena actitud elusiva, el secretario general recibió un llamado
telefónico de tono perentorio: "O
levantás el bloqueo o te intervengo la seccional y te vas con una patada en el
culo", le dijo Caló, sin sutilezas. Acto seguido, obediente, Romano fue
hasta el Parque Industrial y ordenó el fin del bloqueo, en medio del
desencanto, la decepción y la certidumbre de los trabajadores de que su secretario
general les había soltado la mano. Tal como textualmente lo dijeron a los
medios.
Romano -que no se caracteriza por su buen talante ante las
críticas periodísticas- tomó la decisión esperada. Y calcada de sumisión a la
patronal, esta vez a su jefe corporativo. Cuando explotó el horno metalúrgico,
el padre de Lucas Serén, una de las víctimas, lo acusó en la cara directamente como un sindicalista
que había actuado en connivencia con la patronal para que finalmente cayera un
manto de impunidad y el olvido sobre la tragedia. El fantasma del cierre de la
Metalúrgica y el despido masivo de trabajadores, que agitó entonces el jefe de
la UOM local, sirvió para convertir a esas tres muertes en un ominoso epílogo
de silencio y complicidad. Romano conservó su sindicato y la realidad es que
Metalúrgica no cerró y, por el contrario, actualmente está produciendo más y
tomando nuevos trabajadores a su planta.
El error garrafal que hace tres días cometió Carlos Romano y
lo dejó sin autoridad moral frente a los 40 trabajadores de Cinpal, parece un
infantilismo político en la figura de un dirigente gremial con dilatada experiencia.
Bloquear el acceso a un parque industrial que tiene 50 empresas y 800
trabajadores no pareciera ser la mejor idea para destrabar un conflicto donde
el Estado, además, siempre lo tuvo presente y sentado a su mesa.
La convincente patada en el culo que le auguró Caló -un dirigente
que, dicen, nunca lo quiso mucho- podría ser módicamente olvidada si el
trascendido que está flotando por debajo del conflicto con Cinpal se convierte
en una certeza: la posibilidad de que un empresario de Tandil -que no viene del
palo de la fundición- compre la fábrica que abandonó a su suerte la
impresentable firma brasileña.
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