19 de junio de 2018
por
Eduardo Ferrer
El club de los países ricos OCDE
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), enfrentado a la
UNESCO, consideró a la educación como un bien transable, no como un derecho o
un bien social. El Gobierno de Cambiemos se encuentra en el marco de esas
políticas de mercantilización queriendo ingresar a este Club Vip que se reserva
el derecho de admisión y que solo le hará un lugar si cumple con los requisitos
que le impone.
Lo que expresó la Gobernadora Vidal hace pocos
días hay que situarlo en contexto:
Fue el mensaje a un club selecto en el
hotel Sheraton ante empresarios, y les dijo `los pobres no llegan a la universidad, no inviertan en ellos, no hay
que invertir en universidad para los pobres'".
Tamaña ofensa esgrimida por Vidal fue de
inmediato repudiada por autoridades académicas, docentes, estudiantes, dirigentes
políticos y sindicales, quienes rechazaron el carácter prejuicioso y
discriminatorio de las declaraciones de la gobernadora, así como destacaron su
falsedad, dado que los datos oficiales muestran que las universidades creadas
en las últimas décadas en el conurbano bonaerense han ampliado el acceso a los
estudios superiores de los sectores sociales de bajos ingresos.
La Provincia de Buenos Aires tiene 22
universidades nacionales públicas. De ese total, nueve fueron creadas en los
últimos 15 años. Del total de 22 universidades, 14 están ubicadas en el
Conurbano bonaerense. Según Datos de la EPH (promedio 2016-17), el 26% de las
personas que viven en conurbano y van a universidad pública son pobres.
En el período
2008-2015 la matrícula en universidades nacionales en el quintil más pobre del
Conurbano creció un 47%, y el quintil siguiente (quintil 2), creció un 95 por
ciento. El otorgamiento de becas a estudiantes universitarios de bajos recursos
pasó de 23.019 en 2015 a 14.985 en 2017 (un 36% menos).
Otro escenario es el del ajuste y cierre
sistemático de los Institutos de Formación docente que comenzó en la Ciudad de
Buenos Aires y seguirá en el resto de las provincias según algunas denuncias
públicas y otras que sin ser confirmadas afirman una devastación de estos
espacios educativos.
Precisamente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Unicaba es la idea de una universidad que va a ser en gran
parte tercerizada, con convenios con empresas. La idea es establecer una
empresa y eliminar los 29 institutos históricos.
Según
Adrián Puiggros se está "ante el
vaciamiento de contenidos en la educación, ante el negocio inescrupuloso, ante
el control de contenidos y de opiniones o ideologías. Esto es nefasto. Jamás
consultaron a la comunidad educativa" manifestó, para concluir expresando que
es "Una vergüenza".
Se puede observar que, en
consonancia con CABA, Mendoza y Salta, para la Provincia de Buenos Aires la
Educación Superior no es una prioridad: ha sufrido una significativa reducción
presupuestaria, renuncias reiteradas de sus autoridades en menos de un año,
desvalorización permanente de la formación, limitación en el acceso a becas,
desatención deliberada frente a los requerimientos de cada servicio, falta de
asignación de recursos (módulos y cargos) lo que ha impedido el comienzo de
clases en un sinnúmero de espacios curriculares, prácticas docentes y
formativas en institutos de toda la provincia.
Estas acciones dejan en
evidencia la decisión política de impulsar el cierre de carreras en los
Institutos Superiores de la provincia de Buenos Aires vulnerando el derecho de
estudiantes y trabajadores ya que, como sostienen los gremios docentes: excluye
del listado Institutos y/o carreras, dejando a miles de estudiantes sin la
posibilidad de acceso a la Educación Superior, debilitando la matrícula de los
Institutos y afectando sus posibilidades de desarrollo a futuro.
En
localidades pequeñas, la única posibilidad de acceder a una formación terciaria
gratuita esta en los institutos superiores. Desde aproximadamente 2 décadas las
instituciones han ofrecido tecnicaturas y profesorados que permitieron mejorar
la calidad de vida de sus comunidades y en particular de los sectores más
desfavorecidos. Muchos de ellos son jóvenes que estudian y trabajan en el lugar
donde residen, no pueden trasladarse a los grandes centros urbanos para
capacitarse y mucho menos pagar una matrícula en una institución privada.
Finalmente, si al Gobierno de Vidal, y a las políticas implementadas por Sánchez
Zinny, un empresario sin formación pedagógica y señalado por estar implicado en
el escándalo mundial de los Panamá Papers, les importa la educación pública, lo
que tienen que establecer es una mesa de diálogo con educadores y estudiantes,
no decidir arbitrariamente detrás de un escritorio.
La educación no es
un bien de consumo, es un derecho social que debe asegurarse universalmente.
Fuentes:
http://www.universidadenlucha.com.ar
EDUARDO FERRER - CONCEJAL MANDATO CUMPLIDO FRENTE PARA LA VICTORIA
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