COMUNICADO. La Asamblea por las Sierras denunció arbitrariedad oficial y exigió frenar la urbanización en áreas protegidas

La Asamblea por la Preservación de las Sierras difundió un extenso comunicado en el que cuestiona duramente a las autoridades municipales por permitir -"por acción y omisión"- construcciones, loteos y excepciones urbanísticas que, según afirman, contradicen el plan de ordenamiento territorial vigente y vulneran normas elaboradas con participación ciudadana y aval técnico.

Bajo el título "No son reyes", la organización expresa su preocupación por lo que considera una política sostenida durante dos décadas que "favorece el negocio inmobiliario" y genera impactos ambientales, urbanos y económicos para la ciudad.

Excepciones, criterios cambiantes y casos recientes

La Asamblea denuncia la aprobación de planos y permisos que "no resisten un análisis básico", así como cierres de calles, condominios y loteos que -afirman- no se ajustan a la normativa vigente. Sostienen que el manejo de excepciones es arbitrario y que ni siquiera se aplican criterios homogéneos.

Como ejemplo, mencionan el proyecto de urbanización en la avenida Fleming, ubicado en zona natural protegida. Según el comunicado, el Municipio busca otorgarle una excepción apoyándose en estudios de impacto ambiental y de flujo vehicular. Para la Asamblea, esos informes "no pueden justificar por sí mismos un uso no permitido" y constituirían un "privilegio" incompatible con lo que exige la norma.

En contraste, señalan el caso del Shopping de Don Bosco, donde -según denuncian- se aprobó un plano con 48 baños para un espacio cuyo factor de ocupación sería de 23 personas, sin estudio de impacto ambiental ni análisis de tránsito. Indican que inicialmente se intentó habilitarlo mediante una excepción, pero ante el rechazo de parte del Concejo Deliberante el proyecto fue retirado y luego aprobado directamente desde el Ejecutivo, sin pasar nuevamente por el Legislativo. Además, aseguran que un concejal solicitó aclaraciones sobre el estudio ambiental presentado "sin firma clara" a comienzos de año, sin obtener respuesta pese a que los plazos están vencidos desde hace seis meses.

La organización sostiene que estos episodios "no son casos aislados", sino parte de una política estructural que desconoce normas, participación ciudadana y principios democráticos.

Riesgos ambientales y falta de planificación

El comunicado alerta sobre consecuencias ambientales concretas: la contaminación del arroyo Langueyú y de sus afluentes, el riesgo para el acuífero, la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y el aumento del peligro de incendios e inundaciones debido al avance urbano sobre las sierras, incluyendo zonas sin infraestructura adecuada, como cloacas.

"Las manchas urbanas que van invadiendo las Sierras no son progreso, son degradación", advierte la Asamblea, y remarca que el plan de ordenamiento vigente tiene una base científica orientada a proteger la ciudad presente y futura. Preguntan, en ese sentido, cuál es el sustento técnico que utilizan los funcionarios para autorizar excepciones o permitir construcciones fuera de norma.

También cuestionan quién deberá afrontar los costos económicos de futuros impactos: si la ciudadanía en su conjunto o quienes lucran con las urbanizaciones en zonas sensibles.

Reclamos y exigencias

En nombre del deber constitucional de proteger el ambiente (artículo 41 de la Constitución Nacional), la Asamblea formula una serie de pedidos concretos:

Detener la política de permitir usos indebidos en las Sierras.

Cumplir el plan de ordenamiento vigente.

Realizar una auditoría exhaustiva sobre construcciones y loteos en áreas serranas.

Establecer responsabilidades por daño ambiental y por los riesgos patrimoniales que implican mayores costos de servicios, contaminación e inundaciones.

El comunicado sostiene que los funcionarios que tomaron decisiones contrarias a la normativa deberían responder económicamente por los impactos que generaron, y remarca que los daños ambientales no se reparan solo con dinero. Por eso, exigen el cese inmediato de la urbanización en las Sierras y advierten que "no puede haber impunidad para quienes dejan degradar o destruir" el patrimonio natural de Tandil.

"No son reyes", concluye la Asamblea, y advierte que tanto quienes han gestionado el ordenamiento territorial en las últimas dos décadas como quienes continúen avalando estas prácticas "serán también responsables".