22 de septiembre de 2021
Salvo es panelista del programa "Caníbales"
(C5N) pero irrumpió en la escena mediática como abogada del empresario
marplatense Pedro Etchebest, el primer denunciante del D'Alessiogate, en el
marco de una causa contra el fiscal Stornelli, donde se investiga el entramado
político, mediático y judicial con fines extorsivos y de amedrentamiento a opositores
durante el macrismo.
En esta entrevista, se refiere a algunos
aspectos claves que se abordarán en la charla: "la ley siempre es un punto de
llegada, materializa luchas sociales o la convicción de una sociedad de que hay
algo que tiene que modificarse, pero es sólo un plano a poner en debate",
anticipa.
En más de una oportunidad, has planteado la
necesidad de una reforma judicial de raíz, es decir, no sólo en términos
legislativos, ¿cuáles serían los aspectos claves de ese proceso?
Cuando hablamos de reforma judicial, no
podemos suponer o ceñirnos a una mera reforma de la ley. Sin dudas, implica
reformas legislativas pero también está vinculada a otras dimensiones. La falta
de credibilidad del Poder Judicial y la crisis que atraviesa a los ojos de la sociedad
requieren una modificación no sólo en el plano legislativo; la convicción
previa de esa necesidad de reforma y de reencauzar la función del Poder
Judicial para la administración de justicia con perspectiva de género, de
justicia e inclusión social, con una mirada de progresividad -tal como
establece nuestra Constitución Nacional- son algunas de esas dimensiones. Otra
muy importante, además de la legislativa y social es la formación académica.
Las universidades son usinas productoras de abogados y abogadas, de quienes van
a ser parte del Poder Judicial o estarán asesorando a los otros poderes del
Estado.
Los abogados y abogadas deben tener una
perspectiva no circunscripta o reducida
a la dimensión economicista. Nos han enseñado un Derecho puro, aséptico, en
donde los padecimientos y contingencias
de sujetos y sujetas, aquellas cuestiones sociales o biológicas donde el Estado
tiene que estar presente, no están vistas desde la perspectiva del Derecho. Esa
visión economicista de un Estado de Derecho genera un estado social y una
perspectiva social del Derecho que requiere un cambio, sobre todo en un mundo
que se hace cada vez más desigual y donde el derecho tributario o el derecho
ambiental -por sólo mencionar algunas ramas- se volvieron cada vez más importantes.
En los discursos de "microclima", la reforma
judicial aparece como un emergente indiscutido y perentorio. ¿Qué impacto
considerás que tiene en la vida cotidiana de la gente y en los abogados y
abogadas de la matrícula, quienes ven al Poder Judicial del otro lado del
mostrador?
El hecho de que la sociedad o que algunos de
los sectores que construyen sentido común consideren a la reforma judicial como
un tema menor o contingente es, justamente, resultado de una discusión de la
cuestión judicial desde sectores aristocráticos o académicos pero nunca
articulado con los problemas cotidianos del pueblo. Esa ciudadanía que no
conoce sus derechos menos puede ejercerlos o reclamarlos. ¿Cómo llega a la
gente la necesidad de reforma? Analicemos lo que sucedió con algunos derechos
de mayoría: el acceso a internet con el DNU 690/20 para los servicios de
telefonía fija, celular y acceso a internet, un servicio público esencial. Hoy,
gran parte del acceso a la cultura, al trabajo y a la educación es a través de los
dispositivos electrónicos y del acceso a internet. En muchos países es
considerado un derecho humano fundamental. ¿Cómo se dio esta posibilidad? A
través de una disposición, de una acción de amparo ante las empresas
proveedoras de internet monopólicas. Lo mismo sucedió con la revisación de las
tarifas en algunos servicios y el reconocimiento por parte de algunos jueces
del derecho al consumidor, que tiene raigambre constitucional a través del
artículo 42.
La perspectiva rígida y liberal en la
comprensión de los derechos y un Poder
Judicial con control de constitucionalidad difuso, donde cualquier juez o jueza
puede frenar una medida de gobierno fundándose en criterios rigoristas, impide
que el Poder Judicial, ya sea por su acción u omisión, llegue a la ciudadanía.
También has subrayado la necesidad de
redefinir el perfil profesional, con una perspectiva social e institucional
¿Qué rol juega el trayecto formativo y académico en esa construcción? ¿Cuáles
son los discursos de la academia que deberían revisarse, en ese sentido?
Cuando hablamos de reforma judicial dijimos
que existen diversas perspectivas y dimensiones desde donde analizarla, que no
se agotan en una reforma legislativa ni en la sanción de leyes. Mencionamos
también la dimensión fundamental de la Universidad como usina productora de
abogados y abogadas, entre los que me incluyo. Venimos de una concepción de
laboratorio, presuponiendo que el Derecho no está contaminado en términos
kelsenianos de la realidad social cuando el Derecho intenta no sólo la
coexistencia pacífica en una sociedad sino también la resolución de conflictos,
visibilizándolos, observando la desigualdad estructural o real por oposición a
la formal que se registran en las sociedades complejas, modernas y actuales.
Esa perspectiva de un Derecho aséptico que se
corresponde con una figura de sujeto aséptico sin padecimientos, es una idea
fundamental a desterrar. Esa concepción de laboratorio rige en el perímetro de
las facultades de Derecho y no, por ejemplo, en la evaluación del sujeto que
realizan otras disciplinas como la Sociología, Filosofía o la Ciencia Política.
Tenemos que trocar el lugar desde donde se observa ese sujeto, ya sea solo
frente al Estado o en sociedad. Todos los derechos tienen que armonizarse
porque la tensión inherente en algunos de ellos no tiene que interpretarse en
detrimento de los otros, lo que a veces va acompañado, de la tácita
sobrevaloración de algunos derechos constitucionales, como el derecho de
propiedad o de ejercer una industria lícita respecto al acceso a una vivienda
digna o una jornada limitada, que tienen la misma jerarquía en la Constitución
Nacional.
Desde la estructura del Poder Judicial se
suele afirmar que su independencia es una garantía del ciudadano. ¿Cómo ves esa
apreciación desde el ejercicio privado de la abogacía? ¿Qué distorsiones
advertís hacia dentro del Poder Judicial y cuáles en sus relaciones con los
otros poderes?
Creo, al igual que muchos juristas, que el
Poder Judicial es un poder político, construido desde el Estado. Pero esa
independencia no supone que quienes integran el Poder Judicial y tienen la
facultad constitucional de administrar justicia sean "máquinas" que aplican la
ley. Son jueces y juezas con concepciones y lo que se requiere respecto a la
independencia del Poder Judicial no es sólo en relación a la no injerencia de
los otros poderes del Estado sino también, y fundamentalmente en las sociedades
actuales, de los poderes fácticos o de los poderes económicos y mediáticos.
La
ausencia de presión de un juez no significa que esté por fuera de la realidad
sino que al momento de dictar una sentencia o de reconocer un derecho tiene que
fundarse en lo que consta en la causa. Estamos acostumbrados a que las
sentencias o resoluciones de jueces reposen en creencias, convicciones y
subjetividades disfrazadas de doctrina. Me parece fundamental que para un juez
sea razonable fundarse en las pruebas de la causa, que en derecho penal implica
sostener el principio de inocencia hasta la existencia de una condena firme,
fundada en pruebas recolectadas que reviertan ese principio, y lo mismo con
otras disciplinas del Derecho.
Creo que el Poder Judicial es un poder
político, es parte del Estado y que sus integrantes tengan sus opiniones
políticas no significa que al momento de ejercer su función para proveer su
servicio de justicia dependan de los otros poderes políticos. Se debe
garantizar el equilibrio propio de una república y de los pesos y contrapesos
con los otros poderes, sobre todo y fundamentalmente, de los económicos.
Periodismo
y administración de justicia
La charla es organizada en forma conjunta por
el Sindicato de Prensa de Tandil y Azul y la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales de Tandil, con el fin de debatir sobre tensiones,
encuentros y desencuentros entre el ejercicio del periodismo y la
administración de justicia: el poder de la información, el control y la
transparencia de lo que trasciende, desde el ámbito judicial a los medios de
comunicación.
El panel será moderado por Diego Araujo
(presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de
Tandil) y Belén Cotine (secretaria
general del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul) y cuenta con los auspicios de
Cultura UNICEN, Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), Facultad de Derecho (UNICEN),
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, Colegio de Magistrados y
Funcionarios Judiciales Departamental Azul, Asociación de Abogados de Tandil y
FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa).
Cómo
unirse a la charla
Para acceder al link, los interesados podrán solicitarlo
a través de Facebook, a la cuenta Sindicato de Prensa Tandil.
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