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5 de septiembre de 2016
Así lo planteó esta tarde el ministro de Energía, Juan José
Aranguren, al anticipar los detalles del nuevo esquema tarifario que impulsará
el Gobierno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el mes pasado
declaró nulos las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía e
instó al Gobierno nacional a llevar adelante audiencias públicas y concretar un
ajuste que responda a un esquema de "razonabilidad" para que los
usuarios puedan cumplir con el pago.
Este nuevo esquema, que será presentado mañana por Aranguren
a los jefes de los distintos bloques legislativos, así como a los gremios del
sector energético y a los defensores del pueblo de todo el país, contempla un
nuevo precio para el gas a boca de pozo que pasará desde 1,29 dólar por millón
de BTU actual a 3,42 dólar por MBTU a partir del 1 de octubre próximo.
El incremento que el Gobierno no pudo aplicar por el fallo
de la Corte contemplaba un precio de 4,72 dólares por MBTU, y representaba un
incremento promedio del 330 por ciento.
A pesar de esa proyección, en la práctica la suba reflejó
incrementos de hasta más del 1.000 por ciento, lo que disparó la presentación
de numerosos amparos judiciales en todo el país.
Aranguren explicó que para cumplir con el mandato de la
Corte de "hacer gradual y previsible" los incrementos se dispondrán
aumentos semestrales a partir del 1 de abril de 2017 y hasta el 1 de octubre de
2019 -inferior al 10 por ciento en cada instancia- que permitan alcanzar un
precio de 6,78 dólares por MBTU que es el actual precio de mercado del gas,
fijado a partir de un promedio de los distintos tipos de provisión con los que
se abastece el país.
A partir de esta gradualidad, la eliminación de subsidios
-que hasta el 30 de septiembre cubre el 81% del consumo residencial-, en lugar
de ser corregida de manera abrupta y en una sola oportunidad, como preveía la
resolución 28/2016 anulada por la justicia, será realizada de manera paulatina
comenzando con una cobertura del 50% el 1 de octubre próximo hasta su
eliminación total con la boleta que comenzará a regir el 1ro. de octubre de
2019.
El esquema que se presentará en la audiencia del 16 de
septiembre no contempla modificaciones a la situación de los usuarios
comerciales, los que -según aseveró Aranguren- se mantendrán con el tope del
500 por ciento dispuesto en la Resolución 129/2016. El fallo de la Corte
Suprema que anuló la suba se focalizó tan sólo en los usuarios residenciales,
sin contemplar a las industrias, comercios y otros tipos de organizaciones.
La audiencia del 16 de septiembre permitirá al Gobierno
presentar solamente los incrementos de los precios del gas a boca de pozo (el
que tiene una incidencia del 60 por ciento en la factura domiciliaria),
mientras que en la de octubre próximo se realizará la revisión integral
tarifaria que permitirá sumar la readecuación de los items de transporte y
distribución.
Aranguren señaló que el incremento promedio del 203% a
partir del 1 de octubre próximo explica la variación del boca de pozo de 2014 y
el esquema de costos de operación e inversión que en abril presentaron las dos
transportadoras existentes y las nueve distribuidoras existentes en el país
para 2016, cuya situación será analizada en la revisión integral de octubre y
con aplicación a partir del 1 de abril de 2017.
El trabajo contempla un esquema diferenciado para los
usuarios residenciales de las provincias patagónicas cuyas tarifas de gas a
boca de pozo no fueron actualizadas desde 2001 por amparos provinciales y
excepciones legislativas, lo que dejó su valor en 0,11 dólar por MBTU, y cuyo
esquema de actualización demandará tres años más, hasta octubre de 2022.
De esta manera, una factura media por usuario mensual no
patagónico será de 107 pesos (50 pesos en los casos de tarifa social) antes de
impuestos para las categorias R1, R21, R22 y R23 quienes representan el 56% del
total con un consumo promedio del
Para los usuarios R31, R32 y R33 que representan el 31% de
la demanda de gas residencial del país con un promedio de
La redefinición tarifaria que el gobierno aplicará a partir
del 1 de octubre no prevé tope alguno, aseguró Aranguren, al considerar que esa
medida -contemplada en las resoluciones posteriores al aumento del 1 de abril-
no genera buenas señales para reducir el consumo.
En el Ministerio de Energía informaron que hasta el momento
hay 325 inscriptos a la Audiencia Pública del 16 de septiembre que se realizará
en la Usina del Arte del barrio de La Boca, lo que obligará a desdoblar el
encuentro en dos jornadas, por lo que el segundo día sería el sábado 17 o el
lunes 19 de septiembre.
Concluida la audiencia pública, el Ministerio tendrá un
plazo de 10 días para presentar el informe de la misma y otros 30 días para dar
a conocer la resolución sobre las consideraciones recogidas.
Aranguren consideró que el nuevo esquema tarifario propone
"una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e
importación de gas natural en los próximos tres años" al tiempo que permitirá
"mantener la protección sobre los más sectores vulnerables al asegurar que la
tarifa social llegue a quien la necesita".
También entendió que el nuevo esquema busca subsanar
servicio distorsionado por ser distorsionado por la superposición de subsidios,
desigual porque contempla a 8,1 millones de hogares de los 13 existentes en el
país, injusto por subsidiar
proporcionalmente a los sectores de mayores ingresos, y arcaico por generar pocos incentivos al ahorro y la eficiencia energética.
(TELAM)
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