ARRIZABALAGA. "En Tandil seguimos sin política de vivienda y mucho menos para el sector inquilino".

El Concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos hizo hincapié en la difícil situación de las y los inquilinos en Tandil, criticó la ausencia de política municipal para el sector, y saludó la extensión del Decreto 320 sobre alquileres.

Se cumplieron 4 meses de los proyectos de apoyo al sector

"Las políticas nacionales deben acompañarse con políticas públicas también a nivel municipal. Y lamentablemente en Tandil seguimos sin política de vivienda y mucho menos para el sector inquilino. Se cumplieron 4 meses desde que presentamos 3 proyectos de apoyo para el sector en el Concejo Deliberante, y lamentablemente el oficialismo contesta generalmente con frases hechas sobre un tema que venimos trabajando hace años, y sobre el cual saben bastante poco. No tienen dimensión del drama de las y los inquilinos".

El 26 de mayo presentamos 3 proyectos en el HCD para las y los inquilinos. Un Programa de Apoyo Integral para el sector que perfeccionara y calificara las acciones tanto de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat como de la Oficina de Atención Municipal, e incluso que integra acciones de ambas dependencias. Por un lado para ayudar de manera más sustantiva y más efectiva a las personas y los hogares inquilinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional y económica, y también para fortalecer el asesoramiento ante todo tipo de situaciones irregulares que se dan en el mercado formal pero sobre todo en el mercado informal de alquileres de vivienda en nuestra ciudad.

Ese proyecto iba acompañado de una propuesta de Encuesta Municipal para conocer en profundidad la situación en cuanto a la calidad de vida en la propia voz de las y los inquilinos. Y finalmente un tercer proyecto de beneficios a través de descuentos en la tarifa de servicio de energía eléctrica para hogares inquilinos que no recibieron tarifa social pudiendo acceder a este beneficio las y los usuarios que sean beneficiarios de AUH, AUE, Ingreso Familiar de Emergencia, Jubilación mínima y pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad de ANSES e IPS, monotributo social, monotributo categorías A y categorías B, que sean inquilinas/os de vivienda por un valor mensual no mayor a 1,5 SMVyM.

La extensión del Decreto 320 sobre alquileres

"Creemos que ha sido una medida necesaria la extensión del Decreto 320/20 de PEN sobre alquileres, así como sobre los endeudados Uva hasta el 31 de enero. Por supuesto que hay que entenderlo como una necesidad en el marco de una situación extraordinaria" Señaló Arrizabalaga.

La extensión del Decreto 320 significa que los contratos de alquiler que se vencieran se prorrogan hasta el 31 de enero para los contratos que operaran antes de esa fecha. Por otra parte se congelan los aumentos para los contratos vigentes. También se suspenden desalojos y ejecuciones de garantías. Se prorrogan asimismo los mecanismos de deuda por falta de pago y por la diferencias generada por el congelamiento. También se establece el derecho de las y los inquilinos a pedir el CBU para hacer el pago del alquiler por transferencia bancaria. Es un derecho y por tanto obligación de inmobiliarias y /o propietarios de brindarlo.

Algo importante es el tema de la mediación obligatoria. Se establece por el plazo de SEIS (6) meses, a partir del 30 de marzo de 2021, la extensión de la suspensión establecida en el artículo 12 del Decreto Nº 320/20. Lo que quiere decir es que para facilitar el entendimiento entre las partes por situaciones de falta de pago o deudas por diferencias del congelamiento se arbitren los medios de mediación obligatoria para llegar a acuerdos.

Hay que comprender que la emergencia sanitaria antes aludida, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos  estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad y durante la pandemia de COVID-19.

Esta situación puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia.

Por otra parte, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica. El decreto 320 y su extensión también tiene en cuenta a estos sectores.

Finalmente Arrizabalaga señaló que "ahora en adelante a nivel nacional tenemos que ponernos a trabajar en una serie de medidas que permitan el desendeudamiento de las y los inquilinos, y a nivel local en un fondo de garantías público".