25 de julio de 2018
El proyecto, que unió a todo el peronismo de la Provincia,
plantea que el gobierno de Vidal debe presentar la nómina completa de afiliados
a partidos de la alianza electoral Cambiemos que figuren además en el listado
de aportantes a la campaña legislativa 2017 con domicilio en cada uno de los
135 Municipios bonaerenses.
El presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham, Martín
Rodríguez, declaró: "Vamos a pedir explicaciones a Vidal, que es la jefa de ese
partido en la provincia. Este caso demuestra que lo que hizo Cambiemos fue una
gigantesca estafa electoral. No solamente mintieron en sus promesas de campaña,
mintieron en sus aportantes de campaña. La pregunta que sigue es: ¿quiénes son
los verdaderos aportantes?"
En su articulado, la ordenanza que ya llegó a los distintos
Concejos Deliberantes de la provincia exige un listado de todos los ciudadanos
vinculados a programas sociales para cotejar si los damnificados son
beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o la Provincia y
confirmar si el Ejecutivo bonaerense utilizó bases de datos de ANSES para la
selección de aportantes falsos.
En ese sentido, Hernán Letcher, concejal de San Martín,
señaló que "no pueden explicar de dónde salió la plata, ni por qué figuran
afiliados al partido personas que nada tienen que ver con ellos. Peor aún,
hasta los propios niegan los aportes. Es un escándalo que pretenden tapar
apelando al periodismo afín". Roxana López, jefa de bloque de Unidad Ciudadana
en Tigre, fue contundente: "Los aportantes truchos de Vidal son el mayor
escándalo político de los últimos tiempos. Es una traición a la confianza de
todos los bonaerenses".
Por su parte, la concejal lomense Daniela Vilar destacó que
en su distrito se verificaron casos de falsos aportantes: "En la campaña que
realizaron Cambiemos y Vidal en Lomas de Zamora también aparecen aportantes
truchos. Exigimos que la gobernadora explique de dónde provienen los fondos que
tan imperiosamente necesitaron blanquear".
Tras los primeros 1.200 casos documentados, la investigación
de Amorín reveló asimismo que el 94% se encuentra afiliado al PRO, pese a que
los ciudadanos lo desmienten y a cada uno de ellos el partido político le
adjudicó aportes que totalizan al menos 45 millones de pesos. De confirmarse en
la justicia este escenario, la gobernadora podría quedar inhabilitada de
ejercer un cargo público por hasta 10 años y el propio PRO correría riesgo de
perder el sello y la personería en Buenos Aires debido al alto porcentaje de
afiliados falsos.
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