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21 de febrero de 2017
El salario real del sector privado habría caído un 7% el año
pasado y el mayor retroceso se produjo entre noviembre de 2015 y mayo de 2016,
cuando la inflación acumulada fue del 30%, frente a un incremento salarial de
tan sólo 18%, lo cual implicó un deterioro en términos reales del 9%.
Estos datos surgen del Centro de Estudios de Nueva Economía
(CENE) de la Universidad de Belgrano. Las menores tasas de inflación del
segundo semestre permitieron una recuperación parcial, arribando así al
guarismo del 7% entre noviembre de 2015 e igual mes de 2016, indicó el Centro
de Estudios.
Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), la remuneración bruta promedio de los trabajadores registrados del
sector privado fue en noviembre de 2016 de $ 20.658, es decir un 35% superior a
los $ 15.304 de noviembre de 2015.
A su vez, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de
Buenos Aires para igual período registró un incremento del 45%.Tomando este
índice como representativo de la inflación anual, ante la carencia de datos
alternativos a escala nacional, el salario real del sector privado habría caído
en el período de referencia un 7%.
Si bien -indicó el CENE, los precios evolucionaron siempre
por encima de las remuneraciones desde enero de 2016, la brecha tiende a
estrecharse a partir de agosto.
Dado que los datos del SIPA se refieren a la remuneración
bruta total, resulta difícil realizar comparaciones con los meses de junio y
diciembre, puesto que incluyen el pago del medio aguinaldo.
Precisó que en cuanto al volumen de trabajadores registrados
ocupados en el sector privado, alcanzaba en noviembre último a 6.197.131,
frente a los 6.266.760 de igual mes del año anterior, con una caída de 69.629
puestos de trabajo, el 1,1% del total.
El pico de la caída en el empleo se verificó en octubre con
una merma acumulada desde noviembre de 2015 de 89.000 puestos de trabajo.
Unos 33.000 empleos se perdieron en el sector de la
construcción, si bien el deterioro en el sector comenzó a revertirse a partir
de agosto, tras que en julio se alcanzara un total acumulado de 61.000 puestos
de trabajo menos que en noviembre de 2015.
Si se suma al sector de la construcción la actividad
inmobiliaria, la caída alcanzó a 60.000 puestos de trabajo.Considerando la
industria manufacturera en su conjunto, la pérdida acumulada de puestos de
trabajo entre noviembre de 2015 e igual mes de 2016 alcanzó un total de 48.480.
Este sector no dejó de destruir empleo hasta el fin del período analizado, a
razón de unos 4.000 puestos de trabajo perdidos por mes, con un pico de 10.000
en mayo.
Según el informe, los sectores que expandieron la ocupación
en estos 12 meses son encabezados por el comercio, el agro y los servicios
sociales y de salud, con 11.000, 9.200 y 9.400 puestos de trabajo adicionales,
respectivamente.
En total, hubo una destrucción neta de 114.153 puestos de
trabajo y una creación neta de 44.524, resultando en los 69.629 puestos menos
mencionados al comienzo. Cuando se analiza la distribución geográfica de la
pérdida de empleo, casi todas las provincias la experimentaron. Sólo Tucumán,
Jujuy, Corrientes, Córdoba y La Pampa muestran guarismos positivos. Las mayores
pérdidas, en términos porcentuales, corresponden a Tierra del Fuego (12,5%),
Santa Cruz (10,3%) y San Luis (6,9%).
Las caídas observadas en los sectores de la industria
manufacturera y de la construcción se correlacionan con la evolución de ambas
actividades. En efecto, la primera registró una caída del 4,6% a lo largo de
2016, mientras que la actividad constructiva cayó un 12,7% en comparación con
2015. El deterioro en el salario real y la caída en el empleo explican la
contracción registrada en el consumo durante el año pasado.
Inflación: la puja entre dos objetivos contrapuestos
Según el CENE, la política económica oficial aspira a reducir
los niveles heredados de inflación y, al mismo tiempo, a producir un cambio de
precios relativos en favor de las tarifas de los servicios públicos, que habían
permanecido prácticamente congeladas desde la crisis del 2001.
Esto se traducía en la necesidad de compensar dicho retraso
tarifario con inyecciones crecientes de subsidios a las empresas cuyos costos
excedían con mucho aquellas tarifas.
Indicó que estos subsidios se convirtieron en un factor
determinante del significativo déficit fiscal. Sin embargo, los aumentos
tarifarios se constituyeron en una causa autónoma de inflación, conspirando
contra el logro del objetivo antiinflacionario.
En un contexto en que el resto de los precios nominales no
desciende, cada incremento en la tarifa de la electricidad, gas o transporte
adiciona cierto porcentaje a la inflación anual.
Por ejemplo, el reciente aumento en la electricidad
impactará en los guarismos inflacionarios de febrero, marzo y noviembre. Del
mismo modo operarán los incrementos en las tarifas de gas, transporte y naftas
en los meses en que los mismos sean aplicados.
Este realineamiento de precios impone un piso a la inflación
anual y opera sobre las expectativas de los agentes económicos, reforzando la
llamada inflación inercial.
Y advirtió que la permanencia de expectativas inflacionarias
dificulta el éxito de cualquier política antiinflacionaria. Una instancia
decisiva en tal sentido se pondrá en juego en las próximas negociaciones
paritarias.
La fórmula impulsada por el gobierno de la provincia de
Buenos Aires -aumentó del 18% y ajuste por inflación excedente- apunta
precisamente a poner dichas expectativas en línea con el objetivo inflacionario
del gobierno nacional.
Si logra imponerse, significará una marcada reducción en las
expectativas de alzas de precios y puede ser una importante contribución para
que dichas expectativas comiencen a converger con los objetivos de política
monetaria.
"Si así no sucediere, se corre el peligro de que la insistencia de la autoridad monetaria en sus metas haga del nivel de actividad la variable de ajuste y ponga en riesgo la incipiente recuperación económica", concluyó el informe.
(AGENHOY)
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