28 de mayo de 2018

Política

Política. El escándalo en el INCAA salpica al tandilese Víctor Laplace

"En relación a los hechos de público conocimiento, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) informa que el di?a 11 de mayo de este año comenzo? a circular una denuncia ano?nima, en la que se manifestaba que entre enero y abril del an?o en curso se habri?an malversado fondos del INCAA por un total de $6.487.600 en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales, y se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados", explicaron.

"El correo fue remitido de inmediato por las autoridades del INCAA a la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) creada por esta gestión para asistir en la implementación de políticas activas de integridad, transparencia, detección y control de hechos de corrupción. La UTI, un canal abierto que nos permitió reaccionar de manera eficiente, elevo? así un informe preliminar en el que manifestó la gravedad de los hechos denunciados y la verosimilitud de los dichos del denunciante en cuanto a la comisio?n de irregularidades en la gestio?n de esas adquisiciones", agregaron desde el INCAA.

Continuaron diciendo que "puntualmente, el informe destaca que se habri?an realizado gran cantidad de contrataciones directas con el mismo objeto, originadas todas en el mismo sector requirente, en un breve peri?odo de tiempo y por montos inferiores a $500.000, en las que se habri?a eludido la celebracio?n de licitaciones, sustraye?ndolas del control de las autoridades superiores. Tambie?n se habría constatado que ninguno de los expedientes de contratacio?n indicados en la denuncia fue remitido a la Gerencia de Asuntos Juri?dicos a los fines de que emita el dictamen previo pertinente". 

"En virtud de lo dictaminado por esa unidad y la gravedad de los hechos denunciados, se suspendieron los pagos pendientes de ejecucio?n y las órdenes de compra vigentes. Al mismo tiempo, se resolvió abrir actuaciones sumariales para determinar la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido los funcionarios implicados, a quienes se desplazó de sus funciones. Se decidió aceptar las renuncias del gerente de Relaciones Internacionales, Bernardo Bergeret, y del gerente de Administración, Nicolás Yocca; se rescindió el contrato de la abogada Sandra Menichelli; se suspendió a Alejandro Righini de la Coordinación de Internacionales y se apartó a Pablo Maggioni del área de Compras", sumaron.

En la causa judicial se investigaron decenas de subsidios conocidos "Terceros J" o "3-J" en referencia al artículo tercero, inciso J, de la Ley de Cine, que permite la entrega de dinero de manera directa por parte de las autoridades del INCAA. En varios de los casos analizados, se detectaron irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos de las producciones que se financiaron mediante esos subsidios.

Bonadio había indagado a los ex funcionarios que otorgaron los subsidios y también a directivos de productoras cinematográficas, fundaciones y entidades educativas que recibieron los fondos para la realización de las películas.

El magistrado dictó el sobreseimiento el ex ministro de Educación del kirchnerismo Daniel Filmus y la falta de mérito para el ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto, el senador nacional por Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas y Andrés Rodríguez, secretario general del gremio estatal UPCN, entre otros.

Fueron procesados, además de los funcionarios públicos, entre los productores, el ex diputado nacional porteño Julio Raffo y los empresarios Diego Guebel (fundador de Cuatro Cabezas junto a Mario Pergolini) y Fernando Sokolowicz (a quien fuera dueño del diario Página/12, le fijaron un embargo por $19.000.000), y el actor Víctor Laplace, entre otros.

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