20 de mayo de 2026
La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, expresó su preocupación por el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional para modificar el régimen de Zona Fría y aseguró que, de aprobarse, el esquema actual de descuentos quedará sujeto "a decisión del Poder Ejecutivo".
En diálogo radial, Lafourcade explicó que distintas defensorías del país vienen trabajando en conjunto para rechazar la iniciativa y defender el beneficio vigente.
"Todas las defensorías afectadas por Zona Fría estamos impulsando una campaña para defender este derecho adquirido", sostuvo.
La titular de la Defensoría local señaló que el principal cuestionamiento pasa por la falta de precisiones sobre cómo se aplicarán los futuros descuentos.
"El dictamen establece una bonificación adicional por Zona Fría que quedará en manos del Ente Nacional Regulador o del organismo que lo reemplace. No fija por ley cuál será el porcentaje subsdiado", indicó.
En ese sentido, advirtió que el nuevo esquema otorgaría amplias facultades al Ejecutivo Nacional para definir tanto los porcentajes como los alcances del beneficio.
"Hoy el descuento está fijado por ley. Con esta modificación, la bonificación quedará a criterio del Ejecutivo", remarcó.
Según detalló, continuarían alcanzados algunos sectores específicos, como hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, familias con integrantes con discapacidad, veteranos de guerra y beneficiarios de determinados programas sociales.
Sin embargo, alertó que quedarían excluidos numerosos usuarios que actualmente reciben el descuento del 30%, además de entidades de bien público y asociaciones civiles que hoy acceden al beneficio del 50%.
"Todo el resto de la ciudad perdería el descuento actual. Y quienes queden contemplados tendrán una bonificación cuyo monto desconocemos", afirmó.
Lafourcade vinculó además la iniciativa con la política nacional de reducción de subsidios energéticos.
"El Gobierno ya manifestó una política de subsidio cero. Hoy los sectores vulnerables reciben un porcentaje importante de cobertura, pero la idea es ir reduciéndolo progresivamente", explicó.
Consultada sobre una posible judicialización del tema, señaló que la situación será evaluada una vez que se conozca el texto definitivo de la ley.
"Al no existir Defensor del Pueblo de la Nación desde hace años, se complica la legitimación para avanzar judicialmente, pero podemos acompañar a asociaciones civiles y de consumidores que impulsen presentaciones", concluyó.
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