31 de marzo de 2021
La propuesta se enmarcó en el ciclo de
capacitaciones que ofrece, de manera gratuita, el Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de Azul, a todos sus matriculados y matriculadas. "Los
derechos de las personas con discapacidad, el mundo jurídico que gira en torno
a ellos y los abordajes que alienta la especificidad de esos derechos siguen
siendo, en nuestro país, materia de escaso debate y poca visibilización. Desde
el CAA, entendemos que el planteo es urgente, además de vital. Para ello
contamos con un Instituto de Discapacidad que trabaja de manera permanente en
la difusión y tratamiento de herramientas que son de suma utilidad para las
familias que atraviesan una situación compleja de vulneración de esos derechos
o tienen problemas con los organismos públicos y privados encargados de velar y
hacer cumplir esos derechos", sostuvo Gastón Argeri, presidente del Colegio de
Abogados Departamental.
En relación a los puntos recurrentes del
debate en torno a los derechos de las personas con discapacidad, Seda subrayó
que la discusión no tiene un carácter tan jurídico sino que más bien se centra
en la asignación de recursos: "en el ojo de esta tormenta siempre están las
obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No son pocos los casos de
prestaciones pendientes que se resuelven a través de los amparos. En suma, la
sustancia de ese debate suele ser el estudio de los costos y prestaciones que
deben cubrir esas entidades y, generalmente, cuando lo hacen no es por pedido
de los afiliados sino porque se resuelve a través de un amparo, es decir, por
orden judicial".
La salud, la educación y la sostenibilidad
En lo que refiere al cumplimiento y protección
de los derechos de las personas con discapacidad, la salud y la educación
ocupan un lugar privilegiado: "el actual sistema deposita en las obras sociales
y empresas de medicina prepaga, la obligación de cumplir con prestaciones que
son inherentes a la salud pero también alcanzan el área de la educación, como
los gastos de traslados y apoyos para personas con discapacidad en el ámbito
educativo son cubiertas, lo cual conlleva un debate sobre la sostenibilidad del
sistema. Muchas de las personas que motorizan los reclamos y planteos por la
vía judicial, ya intentaron la resolución del conflicto por la vía
administrativa de aquellas empresas de medicina prepaga u obras sociales de las
que son beneficiarios.
La demanda por la vía judicial viene a sanear
un derecho vulnerado. Podemos hablar de inclusión? No necesariamente, la vía
judicial repara un problema de distribución y de administración de recursos
sanitarios, entre otros, pero no constituye per se una herramienta de inclusión
real.
Un debate más profundo también debería incluir
el análisis de la escasez de esos recursos de la falibilidad de las coberturas
y cuáles son las condiciones actuales de un sistema de distribución que
pretende esgrimir la solidaridad como principio", subrayó Seda.
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