Nacionales. Diputados convirtió en ley el proyecto de protección a las víctimas

Con 219 votos a favor, la Cámara baja aprobó en sesión especial las modificaciones que había realizado el Senado el

pasado 31 de mayo en torno a la definición de la víctima y la incorporación a la norma de la figura del Defensor Público de la Víctima.

A su vez, se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas en cada una de las jurisdicciones provinciales, como así también 24 defensorías públicas de víctimas a cargo de la representación de las víctimas en el proceso penal (una en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires).

"Este proyecto otorga las víctimas un cumulo de derechos que permite un particular tratamiento y un lugar óptimo dentro del proceso penal", valoró la diputada radical Gabriela Burgos.

La iniciativa, impulsada por el Frente Renovador y que recibió el temprano apoyo de Cambiemos, se gestó al calor de la marcha realizada en octubre pasado bajo el lema "Para que no te pase", que congregó a víctimas y familiares de casos emblemáticos como María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, fallecido en la tragedia ferroviaria de Once- y Carolina Píparo -baleada en el marco de una salidera bancaria-.

Una vez que la ley tenga efecto, las víctimas de delitos podrán involucrarse en las declaraciones de testigos, con la

preorrogativa para formular preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente.

Además, tendrá derecho a opinar sobre el otorgamiento del beneficio de la excarcelación o reducción de pena a su victimario.

La autoridad interviniente, en tanto, estará obligada a notificar a la víctima de todas las resoluciones judiciales

adoptadas durante proceso penal del autor del delito, con la opción de solicitar la revisión de esas actuaciones.

En otro orden, se disponen protecciones especiales para menores de edad, discapacitados, mayores de 70 años y para

personas que mantengan una relación afectiva, económica o laboral con su victimario.

Durante el debate, Burgos precisó que la normativa establece que "toda persona puede tener un abogado querellante cuando no tenga los medios económicos para solventar un proceso de querella".

Por su parte, Luis Petri (UCR) celebró que la iniciativa abandona el paradigma que concebía a las víctimas como "meros testigos".

"Había una posición que veía a las víctimas como meros testigos, que aparecían en el proceso simplemente para testimoniar y luego se tenían que retirar porque a partir de allí eran los fiscales los que tenían que continuar con la persecución penal pública".

En este sentido, el legislador mendocino lamentó que hasta ahora la Justicia las víctimas son "sometidas a un proceso que las hace revivir una y otra vez los efectos del delito, revictimizando la situación en la que se encuentra".

"Las víctimas no piden limosna, nos piden concesiones graciosas ni privilegios exorbitantes, sino un Estado que contemple su situación, que no las margine, que no las estigmatice ni las someta bajo sospecha", concluyó.

Por su parte, la diputada kirchnerista Diana Conti aclaró que el Frente para la Victoria iba a votar por la positiva, y

fundamentó la postura al sostener que "el poder real produce víctimas", generalmente entre "los que menos tienen".

Juan Brügge (UNA) celebró que a partir de la sanción de esta ley se logra "equilibrar la balanza en los procesos penales""Estamos dando una posibilidad de que (las víctimas) sean oídas, de que puedan participar, opinar y defender sus intereses; no solamente en la etapa del proceso penal sino en la etapa inmediata cuando ocurre el hecho delictivo con la contención, y en la etapa posterior, cuando cumplida la condena o cuando es beneficiado con la libertad, la víctima puede opinar sobre el otorgamiento de ese beneficio", detalló.

Desde otro ángulo, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, rescató que la probación de la ley permite "dejar atrás la famosa teoría que consideraba al que comete al delito como la víctima y que había que resociabilizarlo".

"Es la teoría de la prevención que vino de alguna manera a expropiarle los derechos a las víctimas. Lo que venimos a hacer  con esta ley es cambiar el rumbo de ese dogma", celebró.

En tanto, Margarita Stolbizer (GEN) ponderó la nueva legislación como una herramienta que auxilia a las víctimas de la corrupción.

"En la Argentina la corrupción ha dejado muchísimas víctimas y muertos en el camino. La organizaciones representan hoy al conjunto que son las consecuencias de este desastre social que ha significado durante muchos años la corrupción en la Argentina", indicó.

El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, quien aclaró que más allá de estar "satisfecho" por el consenso logrado, la normativa no resuelve "las causas del delito que son mucho más profundas".

(AGENHOY)