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8 de septiembre de 2016
El ex presidente de River, Daniel Passarella, fue procesado
por el delito de estafa por su presunta participación en la reventa de entradas
durante su gestión al frente de la institución de Núñez.
El 22 de diciembre de 2013, el periodista Gustavo Grabia dio
a conocer la noticia de que el fiscal José María Campagnoli había pedido el
allanamiento de las oficinas del estadio Monumental y del domicilio del
entonces presidente de River, Daniel Passarella, y su vice, Diego Turnes, a
raíz de una denuncia que acusaba a estos y otras personas del delito de estafa
a los socios en el marco del negocio de la reventa de entradas.
Todo surgió el 23 de junio de 2012 cuando un socio abonado a la platea San Martín Media fue junto a su hijo y su novia, también abonados, a ocupar los asientos que les correspondían en el Monumental para ver el partido entre River y Almirante Brown en el que el Millonario se jugaba el ascenso y se encontró con que uno de ellos ya estaba ocupado. El socio, conocido como Guillermo F., le pidió que liberara el lugar y éste justificó su presencia con el ticket que había comprado en la reventa. El afectado pidió explicaciones a las autoridades y, ante el maltrato que recibió, realizó la denuncia.
Esto generó una investigación sobre algunos dirigentes,
policías, políticos y empleados de la empresa que emitía las entradas a través
de la cual la Justicia determinó que tenía pruebas fundadas para llamarlos a
declarar.
Las personas involucradas, además de los mencionados Passarella
y Turnes, son: Gustavo Poggi (ex responsable del área de socios), Eduardo
Rabufetti (ex vocal de la CD), Andrés Montinero (gerente de la empresa Top
Show), los oficiales Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet, y los integrantes de
la barra brava Martín Araujo, Guillermo Godoy, Matías Goñi y José Uequín.
En la nota, Grabia relata con detalles asombrosos el proceso
de reventa de entradas y el mecanismo con el cual los nombres que se
investigaron lograban sacar réditos económicos.
En este sentido, fue en febrero de 2015 cuando el juez de
instrucción Fernando Caunedo citó a declarar a Passarella y al resto de los
involucrados, con fecha de febrero y marzo del vigente año, mismo tiempo en que
trascendieron escuchar telefónicas que daban cuenta de la existencia del delito
y que complicaron al Káiser.
Así las cosas, este miércoles se conoció la decisión del procesamiento de Daniel Passarella y del resto de los involucrados, a quienes podría caberles la pena prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que establece de un mes a seis años para quien "tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
(INFOBAE)
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