21 de enero de 2016

Política

Política. Crítico documento de la Asamblea por el caso Segurola

Consideramos que esta subdivisión no debería tratarse en una audiencia pública ya que se trata de un intento de aprobación de una subdivisión y venta de lotes realizada de manera irregular y que su resolución no le compete al municipio sino a la justicia Consideramos  los siguientes puntos: 1- Vender lotes de una subdivisión no aprobada constituiría un delito 2-  En este delito podrían haber participado el dueño de la propiedad, los agentes inmobiliarios, los agrimensores u otros profesionales y el municipio. 3- Cabe investigar las responsabilidades del municipio en varias etapas de este proceso y particularmente al no actuar ante la vista de la construcción de vivienda en lote a plena vista desde la Av. Don Bosco (algo que se repite de modo sistemático en muchísimos lugares de la ciudad). La revisión de esta situación por el municipio e intento de resolución de esta situación ilegal con un convenio urbanístico es totalmente inadecuada y sienta precedentes desastrosos para el desarrollo de nuestra ciudad.  Reparar esta situación con los eventuales compradores de buena fe de lotes -que legalmente no existen ya que no hay subdivisión aprobada en tiempo y forma-, no es responsabilidad del municipio y sus ciudadanos sino de los responsables de la estafa. No corresponde resolver en el Concejo Deliberante sino en la Justicia, a quien debieran recurrir los eventuales damnificados por las acciones de los particulares involucrados En resumen, no se puede ni se debe discutir sobre un hecho que estaría consumado basado en un delito. No obstante,  dejamos clara nuestra posición sobre la construcción del tipo de la propuesta en dicha zona: - No se ajusta al Plan de Desarrollo Territorial - Los indicadores solicitados por los particulares son muy elevados para esta zona de la ciudad -Provocaría un gran impacto ambiental ya que esta zona no tiene servicios fundamentales ni estaría en prioridad para proveerlos - Los terrenos forman parte de una cuenca hídrica cuya conservación es de extraordinaria relevancia para el futuro de la ciudad. Sintetizando, este  proceso es una flagrante tergiversación del concepto de convenios urbanísticos que se usaría para justificar el incumplimiento de la ley. Estaríamos gravando y haciendo participes a todos los habitante de Tandil de un delito cometido por individuos conscientes y avalando desde el estado esa situación. Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil

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