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30 de mayo de 2017
La reunión plenaria de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y Legislación General (que presiden los macristas Pablo
Tonelli y Daniel Lipovetzky, respectivamente) comenzará a las 14:00 en la sala
2 del anexo de la Cámara baja, donde se discutirá el proyecto enviado por el
Ministerio del Interior el pasado 20 de abril, que tiene el objetivo de
favorecer el control de la ciudadanía sobre la actividad de los funcionarios
públicos.
El proyecto impulsado por la cartera liderada por Rogelio
Frigerio contempla la obligación para los funcionarios de los tres poderes del
Estado de llevar un registro público de sus audiencias con los "gestores de
intereses", consignando nombres de los visitantes, sus respectivos cargos,
fecha y hora de los encuentros, los temas allí abordados y los objetivos.
El artículo uno del proyecto define que el objetivo de la
normativa será el de "regular la actividad y publicidad de la gestión de
intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional". A su vez se define como "gestión de
intereses" a "toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de
decisiones de quien ejerce una función pública", a favor de "un interés propio
o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o
incidental". Quedarán exceptuadas del régimen de lobby "las audiencias
solicitadas por personas humanas por asuntos privados" con la salvedad de
aquellas que impliquen "intereses económicos de importancia tal que pueda
resultar de interés público; las entrevistas laborales y las de solicitud de
asesoramiento técnico a personas humanas o jurídicas, y las audiencias
solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros
en ejercicio de sus funciones oficiales".
El propósito del régimen de gestión de intereses, que está
vigente en países como Chile y Estados Unidos, es publicitar las audiencias
como un mecanismo para lograr "transparencia" en los actos públicos, y también
garantizar "igualdad de trato" para todos los solicitantes de las audiencias.
Por ahora, la actividad también conocida como "cabildeo" sólo se encuentra regulada en el país por el decreto 1172 de acceso a la información pública que en diciembre del 2003 firmó el expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, al ser un decreto, su campo de aplicación se restringe al Poder Ejecutivo Nacional, por lo que este proyecto de ley prevé ampliar el alcance para mejorar los controles y la transparencia en todas las áreas estatales.
(AGENHOY)
29 de julio de 2026
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28 de julio de 2026
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