Política. Caso Segurola: el negocio de unos pocos en perjuicio de todos

Desde la Corriente Peronista Descamisados nos manifestamos en contra de la forma en la cual el gobierno municipal maneja el caso “Segurola”, cuya finalidad es la posibilidad de poder realizar un loteo sobre la chacra 170 (ubicada detrás del polideportivo sobre la Av. Don Bosco), solicitando los indicadores urbanos a tal fin. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en el año 1996, mediante la ordenanza 7186, los terrenos en cuestión, fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por ley provincial, justamente por su importancia para el desarrollo urbano; siendo la expropiación autorizada por la legislatura provincial el 29 de noviembre de 2001. En virtud de lo manifestado, es claro que el no concretar la expropiación ha sido una decisión política del Gobierno del Dr. Lunghi al solo efecto de favorecer a unos pocos en desmedro de la gran mayoría de la población. El manejo político y comunicacional que se le da al tema debela parte de lo que es la matriz del gobierno lunghista, el cual ha decidido un modelo de ciudad turística, buscando de forma constante favorecer los negocios de unos pocos en desmedro del beneficio de la mayoría, poseyendo una visión cortoplacista que en ningún momento prevé consecuencias a mediano plazo, únicamente observando un pingüe beneficio inmediato, olvidando los impactos ambientales y el desarrollo urbanístico de la ciudad. Mas allá de lo manifestado, en el expediente administrativo ingresado en el Concejo Deliberante de Tandil podemos observar claramente que pese a no estar aprobada la subdivisión, ya se han vendido lotes a particulares, incluso por propias manifestaciones de los herederos de la familia Segurola se ha aprobado la apertura de calles, el alcantarillado y mejoras en las parcelas, todo ello sin un verdadero control Municipal el cual ya sea por connivencia o por inoperancia de funcionario Municipal de turno, ha llegado al disparate de aprobar estas mejoras sin que el HCD trate siquiera el pedido de indicadores urbanos que permitiría la subdivisión de la parcela ya citada. Por otro lado, el convenio Urbanístico firmado entre el Sr Intendente y los herederos de la familia Segurola, omite la obligación de los particulares -en este caso los herederos- de la dotación mínima de infraestructura que le solicitara oportunamente el propio municipio, en virtud de que así lo dispone la legislación vigente, llegando al disparate de disponer que los gastos de escritura son repartidos en partes iguales, entre el Estado Municipal y los particulares interesados, en otras palabras TODOS los TANDILENSES y un privado, este último llevándose una cuantiosa ganancia, en perjuicio de todos. A lo largo del expediente legislativo, podemos ver claramente como la gestión municipal esta funcionando como un triste garante del negocio inmobiliario y no como un controlador del mismo. Asimismo, el proyecto de ordenanza obrante en el expediente en cuestión, deja aún más en descubierto las carencias del convenio urbanístico ya referido, dado que en el mismo dispone que las parcelas a crearse deberán poseer los servicios esenciales conforme el art. 62 del decreto 8912/77 sin aclararse en el convenio urbanístico ni en el proyecto de ordenanza quien es el obligado a realizar la referida obra de infraestructura. Por último, es necesario remarcar que en todo el expediente administrativo del HCD no existe un solo informe de impacto ambiental respecto a las construcciones que potencialmente podrán realizarse en la subdivisión requerida. Como ciudadanos y actores políticos de nuestra ciudad de Tandil, expresamos nuestro rechazo al actuar del Gobierno Lunghista, el cual en post de favorecer un negocio inmobiliario -en el cual familiares de concejales radicales y de funcionarios de la gestión municipal forman parte- pone en riesgo la salud de todos los Tandilenses al no requerir el correspondiente e inexcusable informe de impacto ambiental y destruyendo cualquier expectativa de la concreción de un coherente desarrollo urbanístico en la ciudad, sentando el más firme antecedente para que nadie cumpla con el actual plan de ordenamiento territorial –del cual falta aun dictar el correspondiente plan de manejo-, se multipliquen las estafas con la ventas de lotes inexistentes y se continúe deformando la identidad urbanística de nuestra Ciudad, destruyendo el patrimonio ambiental de la misma. Sin olvidar que la actual gestión municipal intencionalmente dejo sin efecto el proyecto de expropiación de la totalidad del referido predio, al solo efecto de poder consolidar un negocio inmobiliario privado, en el cual actúa más como un socio que como garante de la sociedad, dejando el pasivo ambiental para que sea afrontado por todos los tandilenses. CORRIENTE PERONISTA DESCAMISADOS

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