16 de octubre de 2019
De la reunión participaron, además de diputados de los
diferentes bloques de la oposición Gervasio Muñoz presidente de la Federación Nacional
de Inquilinos e Inquilinos Agrupados y diferente representantes de
organizaciones de inquilinos.
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados
iba a tratar tres proyectos de ley de alquileres con el objetivo de emitir un
dictamen que permitiera llevar alguno de ellos -o todos- al recinto antes del
10 de diciembre, pero los diputados del oficialismo no dieron quorum y se cayó
la sesión.
Para Juan Arrizabalaga, referente de inquilinos y candidato
a Concejal por el Frente Todos, "llegar a esta instancia era muy importante porque
estamos a un paso de darles una mano a millones de argentinos y argentinas que
ven el alquiler como uno de sus principales problemas, pero una vez más el
gobierno de Macri mintió y no se pudo tratar".
"No está todo definido y las organizaciones de inquilinos e
inquilinas vamos a seguir reclamando para que se discutan estos proyectos y se apruebe
una ley para defender a quienes alquilamos. A pesar de todo, hoy tuvimos una
buena noticia ya que en el caso que gane Alberto Fernández, para lo que estamos
trabajando, se va a crear el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como una
herramienta más para ayudar a quienes más lo necesitan".
Las tres iniciativas que están en discusión proponen subir a
tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (actualmente,
el mínimo es de dos años).
También coinciden en definir actualizaciones del contrato
basadas en un indicador compuesto, en partes iguales, por el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco
Central deberá informar mensualmente.
En cuanto a la garantía, los tres proyectos indican que el
locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución,
garantía de fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo).
En todos los casos, las reparaciones del inmueble (por daños
que no sean atribuibles al locador) y el pago de impuestos inmobiliarios y expensas
extraordinarias estarán a cargo del propietario.
Los textos también obligan al locador a registrar el
contrato. El proyecto de Lipovetzky y el de Solá obligan al propietario a
hacerlo ante la AFIP, mientras que el de Rossi propone hacerlo ante el Registro
de la propiedad Inmueble.
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