23 de julio de 2018
Martín Dos Santos es integrante del GEN Tandil, partido que desde hace un tiempo viene realizando pedidos de informes respecto al acceso a la información pública. Últimamente, hizo lo propio con el sistema Alerta Tandil, puesto en funcionamiento semanas atrás, y algunas respuestas del Municipio llamaron poderosamente la atención.
En primera instancia, Dos Santos consultó sobre la ubicación física de los servidores que contienen la información de los usuarios del sistema. El Municipio respondió que "por tratarse de información de carácter reservada por razones de seguridad de los equipos servidores y del normal y regular funcionamiento del servicio de gestión y coordinación de emergencias policiales, siniestrales, de salud, seguridad vial y/o defensa civil, de conformidad a lo previsto por el art. 8 - 2º párrafo - 1ª parte de la Ordenanza 15.931 y su Decreto Reglamentario Nº 1205/18, nos excusamos de brindar la información solicitada". "Parece que el lugar donde están los servidores es un secreto de estado", expresó Dos Santos en las redes sociales.
La segunda respuesta que dejó 'gusto a poco' es la referida a las auditorías de seguridad que se hicieron en el sistema. Allí, desde la comuna expresaron que "se prevé la realización de auditorías de seguridad en caso que se detecten operaciones irregulares o funcionamiento anómalo de la plataforma. Es oportuno agregar que, a la fecha, no se han detectado tales anomalías". Lo que llamó la atención es que "parece no son necesarias las auditorias porque no hay problemas, y saben que no hay problemas no sé como porque no hacen auditorias", según reflexionó el demandante de la información.
En el último tiempo, el GEN Tandil ha puesto el foco en el acceso a la información a través de la implementación de la ordenanza puesta en vigencia. La misma intenta garantizar el efectivo derecho a buscar, solicitar y recibir información pública a través de mecanismos accesibles. Comprende que quienes estarán obligados a brindar información pública serán; la administración central; el Concejo Deliberante; los organismos descentralizados; la Usina Popular y Municipal -SEM-; una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -Sapem-; concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos; personas jurídicas públicas no estatales; fideicomisos.
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