Policiales. Al horno: los dos cafishios, el remisero, el patovica y las encargadas

Jesús Coldeira es el más conocido de los procesados por un delito abominable, trata de personas para la explotación sexual en Tandil. El pedido fue presentado por el fiscal Federal Walter Romero y ayer fue aceptado por el juez federal de Azul, Martín Bava. Coldeira lideraba una banda junto a su socio Alfredo Hernán Battistessa con dos inmuebles como base de operaciones: uno para la copa y el otro para el pase. Uno, era el denominado café-bar JJ; el otro a diez cuadras, confortable distancia que los clientes recorrían en el servicio de remis ad hoc que aportaban los fiolos, a cargo de José Manuel Rivas, dueño de la agencia de remises, y también procesado en la víspera. Como se recordará, las siete mujeres víctimas fueron rescatadas durante allanamiento realizado el 4 de julio por efectivos de la Policía Federal. Este último inmueble habría sido alternado con otro que habrían utilizado en un primer momento, al menos desde el 11 de octubre de 2013 hasta mediados de marzo de 2014. Un patovica prostibulario, Juan Alberto Spikerman, tenía a su cargo la seguridad de por lo menos uno de los locales. El remisero llevaba a las mujeres y a los clientes al privado donde se realizaban los "pases". Dos encargadas que ocupaban la barra del local y de la limpieza del mismo, Elena del Carmen Olariaga y Claudia Ramona Rodríguez, también fueron procesadas. Y un último imputado, Carlos Ariel Gocella, se encuentra prófugo. Pero el caso del socio de Coldeira no tiene desperdicio: Battistessa era, además de cafishio, empleado de una distribuidora encargada de proveer las bebidas al prostíbulo. Un contrato de alquiler del inmueble donde se registraban los pases de los clientes y que fue secuestrado en el allanamiento mandó al horno a Coldeira. Se supo que los clientes pagaban un combo de $500 que incluía la copa ($100), el traslado en remís hasta el privado ($50), el pase ($250), y el alquiler de la habitación ($100). Asimismo, el juez Bava dictó el embargo de $300.000 para los acusados de financiar al red. Por su parte, desde la Fiscalía aseguraron que pedirán al juez el decomiso de los bienes. La causa comenzó por una nota enviada por el director General de Inspección y Habilitación de la Municipalidad de Tandil a la Fiscalía Federal de Azul con asiento en Tandil el 11 de octubre de 2013. En esa oportunidad, se puso de conocimiento que, durante operativos de control, se advirtió la presencia y concurrencia de personas que ingresaban durante la madrugada a los locales. El 4 de julio se realizaron los allanamientos por parte de la Policía Federal en ambos domicilios. Como resultado, siete mujeres, una de ellas argentina y el resto de nacionalidad dominicana y paraguaya, fueron rescatadas. Fotografía: gentilezalavozdetandil

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