Política. ¿Al horno, al spiedo y en el freezer?

Marcelo Hidalgo, la instrucción penal -que parecía en estado vegetativo- recobró una dinámica súbita, a tal punto que la noticia del día es el llamado a indagatoria al subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, donde deberá responder por el delito de malversación de fondos en la implementación de las ayudas sociales. La historia de esta causa está teñida de política, pero no así parece ser con los testimonios de los denunciantes que se revelan en el expediente 191.711. Todo comenzó hace más de dos años con una denuncia mediática de un empleado del área, Marcelo Hidalgo, a la que se sumaron ediles opositores. Por toda respuesta, el secretario de Desarrollo Social, Oscar Teruggi, adujo entonces que la denuncia era una maniobra política con fines electoralistas: se estaba a diez días de las elecciones. El escándalo, con el tiempo, se desvaneció de los diarios y de la agenda política. ¿Qué cambió de golpe en la causa de Desarrollo Social? Fundamentalmente, un funcionario. Se fue el fiscal Marcelo Fernández y lo reemplazó Marcos Egusquiza, quien parece haber apretado el acelerador de las investigaciones. A tal punto que citó a indagatoria para el 14 de Julio al subsecretario del área, Rubén Diéguez, el menos político de los funcionarios de la repartición. Desde el gobierno entendieron que la tradición de los usos y costumbres del asistencialismo, urgido para las necesidades inmediatas de la ayuda directa, a lo sumo podrían haber existido “ciertas desprolidades administrativas” en la gestión de las partidas de los subsidios para indigentes; el fiscal evidentemente ha ido mucho más lejos, de acuerdo a las pruebas recabadas, tipificando el caso con una palabra fatal para la ética del funcionario y de la gestión que representa: malversación de los fondos públicos. El fiscal busca saber fehacientemente el destino de los subsidios que debían ir a parar a manos de “indigentes”, con las particularidades de cada caso (por ejemplo, cuando el Estado Municipal paga el alquiler de un indigente, suele hacerlo al dueño del inmueble, no al indigente en persona). De todas formas, por lo que trascendió esta mañana en las páginas de El Eco, que tuvo acceso al expediente, hay casos llamativos, tal el del propietario de la cantera El Centinela, quien cobró $3.800 en un mes por viajes de tierra y piedra destinados a rellenar plazas de la ciudad. El administrador del establecimiento declaró que efectivamente cobraba por subsidios y se los entregaba a su patrón. El dato está en fojas 230 de la causa, o la alineación y balanceo del Bondi.com, un móvil afectado a Desarrollo Social, trabajo que se pagó al dueño del taller con un subsidio. Habrá que ver si el volumen de la desprolijidad administrativa de destinar partidas para pagar servicios a proveedores, se leerá como un desvío de fondos en las partidas para los indigentes, como se ha denunciado a la Justicia. Sea como fuere, el escenario político suma una nueva complejidad para el gobierno, al que el avance de la causa parece haber encontrado con la guardia baja o lento de reflejos: tiene a un funcionario de su segunda línea llamado a declaración indagatoria, con la latente amenaza de que el efecto dominó se lleve puesto al secretario del área, Teruggi, y termine involucrando al primer funcionario de Desarrollo Social que transformó la gestión de la Secretaría acumulando poder y desplazando al peronismo de su territorio clientelar: el hoy presidente del comité radical Julio Elichiribehety. O sea, el culebrón está vez parece mucho más denso que las horas extras que Carlos Balbín, con asombrosa torpeza, les pagó a los muchachos del Cementerio para que armen el escenario del acto político donde dos días después iba a hablar el intendente. Y que lo llevaron en línea recta de la coordinación del cementerio al volante del remís con que hoy se gana la vida. Fue imputado por fraude al Municipio y en juicio abreviado condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, por resultar penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública agravada en concurso real con falsificación material de instrumento privado agravado. Seguramente Balbín no debe tener el mejor recuerdo de los muchachos del camposanto, pero su causa empezó y terminó con él. La densidad del expediente de Desarrollo Social y la descarnada batalla política que se avecina, pinta otra atmósfera dialéctica para la gestión de Miguel Lunghi: se sabe claramente que no es lo mismo una chambonada, que una desprolijidad, que una malversación.

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