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8 de enero de 2018
Este viernes por la mañana el auditorio de la jefatura de Gabinete se colmó de empresarios de la construcción e inversores de varias nacionalidades. Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional abrió el encuentro. Eugenio Bruno, subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios y José Morea, la persona del Ministerio de Finanzas a cargo del Programa de Participación Público-Privada (PPP), presentaron a más de 200 representantes de 130 empresas la primera etapa de los Corredores Viales y explicaron la estructura jurídico-financiera de los proyectos de la Dirección de Vialidad Nacional.
Se trata de cuatro tramos de autopistas y la construcción de dos puentes en áreas de elevado tránsito y con la finalidad de reducir tiempos de traslado y reducir accidentes viales ya que, como explicaron desde la Dirección que preside Iguacel a LPO "el 80% de los accidentes de tránsito se produce en los tramos urbanos".
La audiencia la conformaban empresarios españoles, argentinos, franceses, estadounidenses, alemanes y coreanos como los de Hyundai -que como adelantó LPO están interesados en la construcción del puente Santa Fe-Paraná-. Y entre ellos hubo dudas estrictamente legales por la seguridad del pago y las concesiones pero también por las restricciones técnicas que enfrenta un programa tan ambicioso de obra pública: que no alcancen el cemento en Argentina, ni la piedra ni los ingenieros.
Puntualmente las empresas extranjeras preguntaron por la posibilidad de traer personal técnico de sus países de origen. Desde Vialidad confiaron a LPO que la cuestión de los recursos humanos no les preocupa: "No va haber problema. Tenemos muchos y muy buenos ingenieros civiles y las empresas tienen sus equipos bien consolidados, además el requisito de mano de obra local de los pliegos no supone ningún impedimento".
Lo que sí puede ser un problema es la falta de cemento y en particular de piedra. Es que la poligonal de Tandil autorizada para la extracción de piedra está al límite y en el Gobierno Nacional están trabajando para poder ampliarla y también en que se habiliten nuevas canteras. "Las empresas también se tienen que aggiornar para satisfacer la nueva demanda", aseguraron desde Vialidad.
En total, considerando los trámites para la habilitación, la inversión en capital y el comienzo de la producción en canteras nuevas, el Gobierno estima que tres meses bastan para solucionar la falta de piedra. Por ende, la mayor restricción viene por el lado del cemento. Y si bien Loma Negra, la principal productora del país, anunció a fin del año pasado inversiones por 350 millones de dólares para ampliar un 40% la capacidad productiva (2,7 millones de toneladas más), la nueva cementera no estará operativa hasta 2020. Así, en el corto plazo, la materia prima clave no será suficiente en el país.
(La política online)
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