22 de mayo de 2018
Martello aseguró que "desde distintos sectores del
Estado tenemos que comprometernos para se cumpla cabalmente con una ley que fue
sancionada hace más de 10 años y que le
otorga amplias garantías jurídicas a los NNyA". Agregó que "es
necesario la conformación de los consejos locales como ámbitos plurales de
elaboración de estrategias y la rápida elección del Defensor del Niño a nivel
nacional".
"Con esta guía pretendemos generar una herramienta para
que la gente pueda conocer el funcionamiento y los alcances del sistema
Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño con un lenguaje llano
dirigida a toda la sociedad", destacó el Defensor del Pueblo Adjunto,
quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
del organismo.
En el acto participó el director del Instituto de los
Derechos del Niño (IDN) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Dr. Ernesto Domenech; la secretaria
del IND, María José Lescano; la directora del Colegio Nacional, Ana García Munitis,
y representantes de la secretaría de Políticas de Género y Niñez de la
Defensoría que conduce Karina Nazábal. Además, envió su adhesión la
prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Mg Verónica Cruz.
"Es
indispensable que podamos aggiornar todos los dispositivos institucionales,
dotarlos de recursos, para poder hacer frente a distintas problemáticas de lo
NNyA. Esto no solamente implica tomar intervención ante situaciones de
vulnerabilidad social, sino también tener una estrategia integral que permita
dar respuestas a casos de abuso, adicciones, discapacidad, trabas en
accesibilidad a espacios públicos, dificultades en el cumplimiento de la
educación sexual integral y fenómenos tales como el bullying, el cyberbullying.
Tenemos que elevar el rango de protección", concluyó el defensor del
Pueblo Adjunto.
El cargo de Defensor del Niño se encuentra vacante desde
2005, cuando fue sancionada la ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de NNyA. El Defensor que resulte elegido tendrá la misión de controlar
las políticas de infancia, adolescencia y juventud, y deberá velar para que se
cumplan en las 23 provincias y en la Capital Federal. También intervendrá en
los conflictos, presentará amparos y tendrá herramientas para proteger los
derechos de los niños colectivos e individuales.
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