Integrantes del Departamento Ejecutivo explicaron ante un grupo de periodistas las distintas alternativas que se han vivido desde el inicio de la toma de La Movediza, allá en febrero de 2023, hasta el presente.

Los que se habló fuera de las explicaciones, fue lo relacionado al panorama "muy dificultoso" que deberá afrontar la comuna, cualquiera sea la resolución final.

Entienden que pueden existir 2 alternativas. Una el desalojo, por lo cual serán reclamos que caerán directamente sobre el Municipio. La restante, es si hay que urbanizar. En este caso, lo que dice la reglamentación, el Gobierno Nacional debe conformar un fideicomiso para realizar los costos, lo que para los funcionarios locales no ser concretará y todo recaerá sobre las arcas del Municipio.

Las actuaciones de acuerdo a la línea de tiempo dada por la comuna, fueron las que se detallan:

23 de febrero 2023: Inicio de la Toma, ubicada en los lotes circundantes con las calles: Piccirili, Salta, Misiones y Chaperouge. El propietario Moauro realiza la denuncia por usurpación de inmueble.

La Fiscalía 3 certifica que el terreno no forma parte del RENABAP y acredita la titularidad del dueño. Población inicial: 15 personas.

28 de febrero 2023: Personal de la Comisaría Segunda realiza un relevamiento sobre la población de la toma.

8 de marzo 2023: Se envía a Fiscalía un informe con datos de cada persona obtenidos de los registros municipales, ANSES y del protocolo de situación de calle (101). Población: 86 personas.

No se advierten situaciones reales de calle ni situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional previa a la toma.

17 de marzo 2023: El Juzgado de Garantías I, frente a la solicitud de allanamiento y desalojo compulsivo que realiza el Fiscal, haciendo mérito de los argumentos del Defensor Oficial por existir grupos en "situación de vulnerabilidad", ordena aplicar el Protocolo de Corte, dar intervención a organismos de mediación, intimar a que se desocupe voluntariamente, proveer custodia policial para que no se instalen más familias, prohibición de avanzar o mejorar las construcciones ni dotar de servicio eléctrico, dar intervención a los servicios locales y zonales al momento del desalojo.

29 de marzo 2023: Se realiza la primera reunión del Protocolo de Corte. Participan: Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Regulación del Hábitat, Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Provincial, Defensoría del Pueblo de Tandil, Dirección de Programa de Acceso Justo al Hábitat de la UNICEN, Instituto de la Vivienda PBA, Ministerio Público de Buenos Aires, Fiscalía provincial, Secretaría Legal y Técnica y Secretaría Desarrollo Humano y Hábitat Municipales. Se acuerda realizar un censo.

17 de abril 2023 Según datos del censo:

Población: 283 personas

Emplazamientos: 50

Ningún ocupante se encuentra en situación de calle.

24 de mayo 2023: El Juez de Garantías dicta un resolutorio que intima a los ocupantes del predio a abandonarlo voluntariamente antes del 8 de julio y prorroga la medida de no innovar hasta esa fecha.

Junio 2023: Autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se reúnen con los integrantes de la toma y les ofrecen abordar y asistir de forma individual cada situación e incorporarlos a Registro de Demanda Habitacional.

7 de Julio 2023: La Defensoría Oficial recurre la decisión del desalojo. Se espera resolver el conflicto por otras vías como el ofrecimiento de alternativas habitacionales. Otorga 15 días para que avancen las negociaciones. Se fija fecha de audiencia para el 22 de septiembre

2023.

8 de agosto 2023: El abogado del particular damnificado solicita que se suspenda el desalojo y pide que se designe una audiencia con el fin de consensuar la ejecución de la propuesta de urbanización realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

22 de septiembre 2023: Se lleva adelante la audiencia pactada. El Municipio no participa de la misma entendiendo que si existen terrenos con fines sociales deben sortearse al público en general y no entre la población de la toma. Se fija fecha de desalojo para el 31 de octubre.

27 de octubre 2023: A pedido del Gobierno Nacional y de la Defensoría Oficial, la Justicia suspende nuevamente el desalojo. En el pedido Nación notifica oficialmente que el predio está identificado y será incorporado al RENABAP por lo que solicita la suspensión de la medida.

6 de diciembre 2023: La Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social incorpora el lote al Registro Nacional de Barrios Populares.

14 de diciembre 2023: El Juez de Garantías dicta sentencia dejando sin efecto el desalojo ordenado.

Febrero 2024: La Cámara de Apelaciones de Azul declara inconstitucional la inclusión en el RENABAP, y revoca la sentencia ordenando que se cumpla con el desalojo.

Mayo 2024: La Defensoría Oficial presenta un recurso de Queja en Casación.

19 de junio 2024: El nuevo Subsecretario de Integración Socio - Urbana valida la incorporación del terreno en el RENABAP mediante un acto administrativo, y solicita levantar la medida de innovar en materia de servicios.

16 de agosto 2024: La defensa del propietario presentó ante la Justicia una solicitud de continuar con el desalojo entendiendo que el recurso de queja no tiene efecto suspensivo.

Los vecinos lindantes al terreno usurpado presentan una nota ante la Justicia, el HCD y el Departamento Ejecutivo solicitando la inconstitucionalidad de la inclusión en el RENABAP.

22 de agosto 2024: La defensa del propietario presentó ante la Justicia otro escrito denunciando el incumplimiento de las medidas judiciales y pidiendo que se expida el juez sobre el pedido de desalojo inmediato.

El defensor oficial se opuso al pedido de desalojo por entender que la queja tiene efecto suspensivo.

28 de agosto 2024: El Juez de Garantías rechazó la solicitud por considerarla prematura hasta que el desalojo no haya adquirido firmeza.