FORO DE JUECES DE FAMILIA. Silvia Monserrat: "La premisa más importante es la no discriminación por la edad"

"El Foro de Jueces de Familia está integrado por magistrados y funcionarios de toda la Provincia que se reúne anualmente en sedes itinerantes. En general, participamos unas 80 o 100 personas, generando un espacio donde intercambiamos prácticas judiciales con otros juzgados. Es una gran oportunidad para conocer cómo otros hacen las cosas y poder generar buenas y mejores prácticas a futuro en cada una de nuestras jurisdicciones", anticipa la magistrada.

El lema de este 36° encuentro es "¿Desechos o derechos? El impacto de la Convención de los Derechos Humanos de los adultos mayores en la legislación y las prácticas judiciales argentinas" y contará con las disertaciones de especialistas en la materia, como Isolina Dabove, Hilda Vallet -docentes investigadoras de la UBA- y Adolfo Loreal.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre 2010 y 2030, la cantidad de personas mayores en esta región se duplicará de 58,57 millones a 119,67 millones, y en 2050 alcanzará la cifra de 195,87 millones. No obstante, y a pesar de la vulnerabilidad del grupo etario, existe una gran dispersión jurídica en cuanto a las obligaciones de los Estados para facilitar el ejercicio de derechos, en todas sus facetas, a las personas mayores.

"Nuestro país fue uno de los primeros en suscribirse a la Convención de Derechos Humanos de Adultos Mayores, vigente desde 2017, con lo cual su introducción a la legislación argentina -pandemia mediante- es bastante reciente. Si vemos lo que ha pasado con anterioridad, por ejemplo, con la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los derechos humanos de los Discapacitados o inclusive con la Ley de Salud Mental, podemos advertir que la adhesión a cada una de ellas siempre ha promovido una adaptación de la legislación, de las prácticas judiciales y, por supuesto, de la sociedad. Si también analizamos lo que ha sucedido con la puesta en funcionamiento de las convenciones internacionales contra la violencia de la mujer o la violencia de género, vemos que se han dictado leyes para que todos los funcionarios de los tres poderes se capaciten en esas temáticas. De modo que, así como hubo un antes y un después toda vez que Argentina decidió adoptar  una convención internacional de derechos humanos, lo mismo está sucediendo con la adopción de la Convención de Derechos Humanos de Adultos Mayores", señala Monserrat.

¿Cómo evaluaría el panorama nacional en lo que respecta al campo protectorio de esos derechos?

Creo que el campo protectorio de los derechos de los adultos mayores aún es incipiente. En general, la sociedad toma primero las decisiones y luego adapta la legislación. Sin embargo, con las convenciones internacionales ha sucedido lo contrario: cuando Argentina ha adherido a ellas, ha sido la legislación la que se ha tenido que adaptar. Por citar un ejemplo, la creación del fuero de Familia y la creación del fuero de Responsabilidad Juvenil fueron consecuencia de la adhesión de nuestro país a la Convención de los Derechos del Niño. Hasta entonces, las organizaciones de justicia entendían el concepto del niño como objeto de derecho y no como sujeto de derecho.

¿Cuáles son los puntos más importantes del debate en relación a los adultos mayores como sujetos de derechos?

La premisa más importante que nos deja la Convención es la obligación de la no discriminación por edad: en nuestra sociedad, está ampliamente instalado que los adultos mayores, por su sola condición, pierden su idoneidad. Recordemos lo que pasó con el ministro de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Carlos Fayt. Hubo algunos sectores que propusieron someterlo a pericias psiquiátricas a raíz de su avanzada edad. 

La Constitución del 94 determinó que los ministros de Corte cesan en sus cargos a los 75 años, y que para seguir deberían ser nuevamente designados por el Senado. A la luz de la Convención quizá deberíamos empezar a preguntarnos si disposiciones como ésa, o aquéllas que obligan a jubilarse al llegar a determinada edad no importan una forma de discriminación por edad. Cierto es que en el tema hay mucha disparidad en el mundo, sin embargo el envejecimiento de la población y la baja en la tasa de natalidad nos obliga a repensar nuestra sociedad, ¿podemos darnos el lujo de prescindir de adultos mayores idóneos con ganas de continuar en actividad? Si la jubilación es un derecho ¿no debería ser solo opción del empleado?

Existe mucha legislación en el mundo que establece edades tope. Sin embargo, hace muy poco, Perú derogó una ley que establecía que los docentes universitarios debían jubilarse a los 75 años. Es evidente que hay una percepción extendida de que la gente pierde su capacidad cognitiva, conforme avanza en la edad. Es cierto que algunas aptitudes disminuyen pero eso no significa, de ningún modo, que los adultos mayores se conviertan automáticamente en personas discapacitadas.

En relación a este planteo, hay dos temas fundamentales que afectan al fuero de familia. Uno es la determinación de capacidad, cuando se solicita una restricción para un adulto mayor. Es de suponer que no se conservan las mismas capacidades cognitivas que a los 25, 30 ó 40 años; sin embargo, los adultos mayores todavía pueden tomar sus propias decisiones. No debemos confundir no poder tomar decisiones por cuestiones de salud mental con tomar malas decisiones. Si tomamos malas decisiones a los 30 nadie concluiría que estamos seniles pero si tomamos malas decisiones a los 80 años, inmediatamente hay una convicción de que esa persona ha perdido su capacidad cognitiva. Sobre este punto va a disertar la Dra. Isolina Dabove, partiendo de la concepción del derecho a la vejez que comporta también la posibilidad de mantener la capacidad jurídica.

El otro tema que también nos convoca es cómo ha aumentado la violencia contra los adultos mayores. Hace 13 años, cuando se creó el Fuero Unipersonal de Familia, se registraban pocos casos pero el número ha ido creciendo. Cuanto mayor es la población de adultos mayores, más alto es el índice de violencia institucionalizada que la sociedad ejerce contra ellos. Ése es el tema que va a abordar la Dra. Hilda Vallet, quien investiga esta temática y preside un observatorio de derechos humanos de los adultos mayores. En relación a la violencia ejercida contra adultos mayores, Vallet está abocada al derecho que tienen los adultos mayores a una tutela judicial especial: cuanto más vulnerables mejor debe ser esa tutela y los mecanismos de acceso. No es lo mismo tener que ir a un juzgado a los 30 años que a los 85. Es la Justicia la que debe llegar al lugar donde está la persona para poder transmitirle cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces o juezas que van a tomar contacto directo con ellos.

Empezar y promover este debate en relación a la contención de los adultos mayores supone que a partir de ahora los magistrados y funcionarios tenemos que considerar su aplicación en su totalidad en aquellas cuestiones en las que vamos a resolver y en la que la persona tutelada es un adulto mayor.

La propuesta es patrocinada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Departamental y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil.