2 de julio de 2022
POR
LUCÍA GUADAGNO - AGENCIA TIERRAVIVA
Una resolución judicial prohibió el uso y
liberación del trigo HB4 en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo de manera
temporaria hasta tanto se conforme la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad
Agropecuaria, a la que le corresponde elaborar un informe sobre la introducción
y liberación del transgénico y sus efectos en los recursos naturales, la salud,
la producción y la comercialización. La medida cautelar fue dictada por el
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Mar del Plata ante una presentación
colectiva realizada por productores de establecimientos agroecológicos,
organizaciones socioambientales y pueblos indígenas.
La decisión del juez bonaerense Néstor Adrián
Salas cobra relevancia porque ratifica que si bien el Estado nacional tiene autoridad
para aprobar la comercialización de transgénicos y agrotóxicos, son las
provincias las que conservan la potestad para su liberación efectiva en los
territorios porque tienen el dominio sobre los recursos naturales.
Para el juez Salas la liberación del primer
trigo transgénico aprobado en el mundo -desarrollado y comercializado por la
empresa Bioceres- podría generar un "daño grave e irreversible" en el ambiente
y la salud humana. Se refiere tanto al cultivo como a los agroquímicos
asociados; en este caso, el glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que
el glifosato.
"Si se libera el material en territorio
bonaerense, siendo este el primer evento genético que se aplicará a la semilla
de trigo, podrá importar el cruzamiento del material con trigo no modificado
genéticamente de forma irreversible", advierte Salas. Para fundamentar su
decisión, cita -entre otros- un documento de la Comisión Nacional de
Biotecnología (Conabia) que detalla "la potencial transferencia horizontal o
intercambio de genes" entre el trigo transgénico y las demás semillas.
La cautelar se fundamenta en el principio
precautorio presente en la Ley General del Ambiente, que establece que ante
peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes
a evitarlos con el argumento de falta de información o certeza científica.
La Comisión de Biotecnología y Bioseguridad
Agropecuaria de la Provincia, que el juez exige poner en funcionamiento,
tendría que haberse conformado hace más de 20 años, cuando se aprobó la Ley
12.822. Sin embargo, ninguna administración provincial reglamentó la norma ni
conformó la comisión.
Territorios
provinciales
El abogado Lucas Landivar, que representa al
colectivo de organizaciones, productores y pueblos indígenas que realizó la presentación
ante el Poder Judicial, destacó la importancia de que se cumpla el artículo 124
de la Constitución Nacional. Éste establece que corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. "Las
provincias no pueden permitir que su patrimonio cultural y la biodiversidad se
vean afectados", señaló. En este sentido, remarcó que las semillas utilizadas
en la agricultura son un patrimonio cultural de los pueblos que las provincias
deben preservar.
Fernando Cabaleiro, abogado de la organización
Naturaleza de Derechos -que también interviene en el amparo-, destacó que esta
misma acción puede replicarse en distintas provincias. "Existe la Ley General
del Ambiente y al mismo tiempo, cada provincia tiene su legislación en esta
materia. Esto es contaminación ambiental y es deber de las provincias proteger
sus bienes naturales", afirmó.
Una ley
incumplida y una comisión que jamás se creó
La ley provincial 12.822, sancionada en 2001,
ordenaba la creación -a los 90 días de ser promulgada- de la Comisión de
Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria. El objetivo de ese organismo es
"elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y
liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos
naturales, la salud, la producción y la comercialización".
En los fundamentos de la ley los legisladores
de ese momento consideraron: "Ante el aumento vertiginoso en la utilización de
semillas transgénicas, creemos necesario que debe existir un organismo
provincial que tenga la función de controlar su utilización". Asimismo,
entendieron que esa comisión tenía que dar respuesta a una serie de preguntas
que el juez Salas transcribió de forma textual en su resolución:
¿Se han hecho las suficientes pruebas con
estos organismos para no tener que arrepentirnos en un futuro cercano?
¿Cuáles son los mecanismos que tienen los
diferentes países para evaluar su peligrosidad en el ecosistema y en la salud
humana?
¿Por qué algunos países lo aceptan y otros no?
¿El Ministerio de Salud u otro organismo
oficial ha certificado la inmunidad del ser humano a los Organismos
Genéticamente Modificados (OGMs)? o ¿Se ha evaluado el riesgo sobre la salud
humana o animal, como por ejemplo, el peligro de resistencia a antibióticos?
La liberación de transgénicos como actividad,
¿debe someterse a un estudio de impacto ambiental obligatorio?
¿La introducción de los transgénicos en
Argentina está asimilada a partir de un debate público, o es un simple concepto
de innovación genética para cosechar mayores ganancias a través de patentes de
algunos países?
Esta nueva tecnología, que comúnmente se llama
OGMs terminator, ¿afecta los cultivos tradicionales y la biodiversidad en
general?
El abogado Landivar sostuvo que es muy
llamativo y preocupante que el Ejecutivo provincial haya pasado tantos años sin
hacer cumplir una decisión del Poder Legislativo. "Esta omisión viola el
régimen preventivo precautorio y profundiza una práctica que genera
consecuencias adversas y efectos negativos en la salud y el ambiente desde hace
20 años", advirtió.
Causa
Federal
La comercialización del trigo HB4, de Bioceres
-propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros empresarios- fue
autorizada el pasado 12 de mayo por el Ministerio de Agricultura de la Nación.
La decisión desoyó el reclamo de cientos de organizaciones sociales y
campesinas y de miles de científicos que denunciaron la falta de transparencia
en el procedimiento de aprobación del trigo HB4, la contaminación que producirá
sobre otros trigos no transgénicos y el aumento del uso de agrotóxicos que
supondrá su cultivo.
El 19 de mayo el fiscal federal Fabián Canda
reiteró ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera
urgente la autorización del trigo transgénico HB4 por "los perjuicios
irreparables" que puede causar para el ambiente y la salud de la población.
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
30 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
29 de julio de 2025