CONTRA EL RENABAP. Marcieri denunció una "violencia creciente" en los operativos de la Usina en Movediza

La secretaria de Protección Ciudadana de Tandil, Alejandra Marcieri, se refirió con dureza a los recientes operativos realizados en la toma de La Movediza, donde personal de la Usina debió intervenir con acompañamiento policial para desactivar conexiones eléctricas clandestinas. Según sostuvo, en los últimos meses la situación "ha escalado en niveles de violencia" y ya se registraron amenazas que podrían configurar delito.

La funcionaria explicó que, a lo largo de su trayectoria en el Municipio, participó en numerosos procedimientos vinculados a cortes de suministro por "enganches" irregulares. No obstante, aseguró que lo que ocurre actualmente en La Movediza constituye una excepción por el nivel de hostilidad.

"En muy pocas ocasiones se necesitó acompañamiento policial para este tipo de tareas", señaló. Sin embargo, detalló que en el último año (especialmente en los operativos más recientes) se registraron insultos al personal, personas que se interponen frente a los vehículos de la Usina, reconexiones inmediatas tras los cortes y cables arrojados sobre la vía pública, generando riesgo para peatones y automovilistas.

Marcieri afirmó además que durante el último procedimiento se produjeron amenazas que "podrían tipificar delito".

HECHOS DELICTIVOS

En otro tramo de sus declaraciones, la secretaria reveló que entre fines de 2025 y lo que va de 2026 se realizaron tres allanamientos positivos en el sector. Según precisó, en esos procedimientos se detectaron casos de violencia intrafamiliar y de género, agresiones con arma blanca, incautación de estupefacientes y secuestro de motovehículos.

También mencionó intervenciones vinculadas a la búsqueda de personas. "Hubo dos o tres desapariciones o búsquedas de mujeres de distintas edades y hemos llegado hasta ese lugar donde han estado alojadas", indicó. En uno de esos operativos, agregó, un patrullero fue atacado a piedrazos, hecho que no trascendió públicamente.

Para Marcieri, el asentamiento se ha convertido en "un lugar extremadamente peligroso", donde se registran situaciones que "exceden lo prevenible".

En su análisis político, la funcionaria reiteró la postura histórica del Municipio, que desde el inicio se opuso a la ocupación del predio y continúa rechazando su urbanización.

Apuntó al Estado Nacional por la incorporación del asentamiento al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en diciembre de 2024, durante el final de la gestión de Alberto Fernández. Según afirmó, esa decisión amplió el polígono ya existente de Movediza II y consolidó la situación actual.

También cuestionó que no se haya revisado la medida bajo la actual administración nacional. En ese marco, mencionó al diputado Sebastián Pareja (le atribuyó haber ratificado la inclusión) y al concejal y referente local de La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina, a quien instó públicamente a gestionar ante Nación una revisión jurídica del caso.

Fue categórica al afirmar que el Municipio "no puede ni debe" avanzar en la urbanización del sector. Recordó que la normativa vinculada al RENABAP establece un período de protección contra desalojos por cuatro años y, posteriormente, un proceso que contempla fideicomiso, eventual expropiación y desarrollo de infraestructura.

"Si la Nación decidió incluirlo en el RENABAP, la Nación tiene que hacerse cargo", concluyó.