3 de julio de 2025
Esta mañana, en un operativo coordinado entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y la SubDDI Tandil, se llevaron a cabo tareas de desalojo en la banquina de la antesala urbana de la Ruta Nacional 226. El objetivo fue retirar los puestos de venta ambulante que se habían instalado de forma irregular, tras una denuncia por "ocupación indebida" en esa zona vial.
La intervención se deriva de una presentación realizada por Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo de Tandil, quien alertó a la Fiscalía Federal acerca de camiones, maquinaria y puestos informales de venta -especialmente de papas y cebollas- que ocupaban los laterales de la calzada, representando un riesgo para la seguridad vial
El operativo se desarrolló entre los cruces de la Ruta Provincial 74 y la Ruta Provincial 30. Según fuentes oficiales, solo se identificaron dos puestos, cuyo personal retiró sus pertenencias y se alejó voluntariamente. En este caso no se incautó mercadería, aunque se dispuso la identificación de propietarios de otros vehículos y estructuras estacionadas en la banquina, para intimarlos a retirarse próximamente
El Municipio colaboró con cámaras de monitoreo, mientras que áreas como Bromatología revisaron la legitimidad de los alimentos ofrecidos. La Dirección de Habilitaciones, Técnica y de Control Urbano también asesoró en terreno
A pesar de que el tramo urbano de la RN226 corresponde a jurisdicción nacional, el Municipio ha efectuado gestiones constantes: desde solicitar obras integrales, hasta realizar tareas propias, como el corte de césped en banquinas al no obtener respuesta de la concesionaria encargada
Asimismo, en una audiencia pública, el intendente Miguel Lunghi manifestó que la traza representa una "barrera urbana" que requiere inversiones estructurales
El desalojo de hoy marca un paso concreto para descomprimir una problemática urbana sensible. No obstante, persiste el desafío de mantener las banquinas libres a largo plazo. Con la citación a los dueños de los vehículos identificados y la posible intervención judicial, se busca asentar un régimen de control efectivo.
La colaboración entre organismos nacionales, provinciales y municipales será clave para evitar la reaparición de estos puestos. Además, se abre una mesa de diálogo para articular soluciones que contemplen el desarrollo económico local sin comprometer la seguridad vial.
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