CÁRCELES Y COVID 19. Comunicado de la mesa interuniversitaria nacional de educación en contextos de encierro

En el actual contexto nacional de emergencia sanitaria, que involucra importantes y necesarias medidas de prevención frente a la pandemia, la situación impacta de forma particularmente grave en las cárceles dependientes de los servicios penitenciarios provinciales y federal. A una situación generalizada y, en los últimos años, cada vez más grave, de hacinamiento, superpoblación y deficiencias importantes en el acceso a derechos como la alimentación, la higiene y la salud, se suman hoy profundas dificultades para garantizar las condiciones necesarias para prevenir una enfermedad viral altamente contagiosa como el COVID-19. Esto configura una situación de urgencia, que hemos podido relevar desde los espacios institucionales que integramos, a través de nuestros vínculos con la población penal, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales con trabajo en cárceles. Esta situación ha desencadenado, en algunos casos, formas de autoorganización y solidaridad dentro de las cárceles, pero también protestas y represiones, algunas con gravísimas consecuencias, incluyendo cinco muertes.

En virtud de prevenir posibles escenarios de conflicto en los que la salud y la vida de la población privada de la libertad y del personal penitenciario puedan correr peligro, queremos hacer un llamado a las distintas autoridades nacionales y provinciales a que tomen acciones inmediatas y coordinadas para abordar la situación en toda su complejidad, en el marco de la situación general de emergencia que atravesamos y, particularmente, del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

A partir del conocimiento generado en el territorio por nuestra participación y trayectoria en distintos proyectos de investigación, docencia y extensión, hacemos una serie de recomendaciones:

? Impulsar medidas judiciales y procedimientos ejecutivos para la reducción de la superpoblación y el hacinamiento, a través de mecanismos que permitan a las poblaciones de riesgo y a quienes ya acceden a salidas transitorias o regímenes de semilibertad, transitar la emergencia sanitaria fuera de las cárceles. Diseñar y aplicar a su vez otros tipos de medidas que atenúen la prisionización y reduzcan la superpoblación y el hacinamiento, limitando por ejemplo las prisiones preventivas y permitiendo libertades anticipadas en casos de delitos no violentos.

? Garantizar rápidamente las condiciones de prevención del COVID-19 en las unidades penales, en favor tanto de los/as/es detenidos/as/es como del personal penitenciario. En tal sentido, debe garantizarse la provisión de insumos sanitarios de prevención, de higiene y de limpieza, y controlar que efectivamente lleguen a quienes están destinados, y aplicar protocolos de ingreso y circulación interna.

? Prestar especial atención al abordaje integral de la salud de las/os/es detenidos/as/es, siguiendo las recomendaciones de profesionales y especialistas del campo de la medicina y la salud mental, sobre las medidas a adoptar para situaciones de confinamiento masivo. Deben recibir especial atención aquellas personas que son calificadas como población de riesgo (mujeres embarazadas, pacientes inmuno deprimidos, mayores de 60 años y con patologías preexistentes), sobre todo teniendo en cuenta que son las propias condiciones de encierro las que mayormente provocan o intensifican enfermedades (tuberculosis, HIV, entre las principales) y afectan la salud mental de la población encarcelada.

? Proveer de alimentos adecuados e insumos para el higiene personal y la limpieza de los espacios por parte de los servicios penitenciarios, y arbitrar los medios para que los familiares acerquen mercadería, atendiendo al cumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio (asignación de turnos; evitar largas filas, disponer de todos los instrumentos de salubridad para el contacto personal, etc.). En tal sentido, considerar los medios y permisos de circulación necesarios, a través de las instituciones correspondientes, para que los familiares puedan llegar a las unidades penales.

? Propiciar los canales de comunicación (telefónicos y virtuales) de las y los detenidos/as con sus familiares y círculo afectivo, de manera de contribuir a mantener el contacto en esta situación excepcional de emergencia sanitaria y aislamiento social.

Por último, como programas y proyectos integrados a las universidades públicas, queremos ofrecer a los estados provinciales y nacional nuestra colaboración para llevar adelante las medidas que sean necesarias para proteger y efectivizar el derecho a la salud y la vida de las personas privadas de la libertad y de la población en general.