3 de agosto de 2018
Las autoridades de la ARD, de la Cámara Renal y de la
Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), en
representación de los 600 centros afectados de todo el país, se reunieron con
el Subdirector Ejecutivo del PAMI, Victor López Monti; el Director Nacional de
Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, Pablo
Atchabaián; el Presidente del IOMA, Pablo Di Liscia; y con la Subsecretaria de
Administración y Gestión de los Recursos del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, Romina Rodríguez; para intentar destrabar el
conflicto.
A pesar del encuentro, las respuestas de la gestión de María
Eugenia Vidal no resultaron "suficientes" para el sector quienes explicaron que
"todos argumentan falta de presupuesto y en algún caso evalúan no pagar los
traslados, lo que hace más dramática la situación de los pacientes que de ellos
dependen".
Los centros pertenecientes a la ARD y a las empresas
multinacionales Fresenuis y Diaverum, remarcaron su "preocupación" por el
estado del sistema, "no solo por tener que recurrir a la autofinanciación para
poder atender a todos sus pacientes; sino también por los valores de las
prestaciones, que, luego de la devaluación y la inflación acompañante se
encuentran en un 45% por debajo de su valor real".
Por su parte, el presidente de la ARD, Alfredo Casaliba,
explicó que "la diálisis no es solamente una preocupación sectorial" sino que
mantiene en vilo a "la agenda nacional".
Además remarcó que "con gran esfuerzo estamos dando batalla
a la inflación y devaluación de los últimos años", aunque se lamentó porque
"los aumentos inminentes en los sueldos del personal, según las paritarias de
Sanidad, cercanos al 26%, hará que los tratamientos resulten imposibles de
sostener para los centros de diálisis que atienden a diario".
En ese marco indicó que "la vida de 30.000 pacientes depende
de la calidad y continuidad de los tratamientos".
El Ministro de Salud durante la última gestión kirchnerista,
Daniel Gollan, en conversación con Diagonales ya lo había advertido en
diciembre del año pasado: si el Gobierno Nacional no brinda una solución a esta
problemática, "la persona que pueda, lo pagará en forma particular", pero
aclaró que no será sencillo porque "son tratamientos que cuestan entre $30 y
$40 mil por mes, con lo cual quien no pueda pagarlo, se morirá, no tiene ninguna
otra oportunidad".
(AGENHOY)
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