PAULA LAFOURCADE. "El responsable es el Estado": el reclamo de la Defensoría por obras en la Ruta 226

La causa judicial por la seguridad vial en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 entró en una nueva etapa. La Justicia Federal abrió a prueba el amparo iniciado por vecinos de los barrios Palermo, Villa Gaucho y Villa Aguirre, junto a la Defensoría del Pueblo de Tandil, que reclama la ejecución de obras de infraestructura para mejorar las condiciones de circulación y los cruces de la ruta.

En diálogo con Radio Voz, la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, explicó los alcances de la presentación y los pasos que se vienen en el expediente. También cuestionó el actual esquema de concesión de las rutas nacionales y remarcó que, más allá de quién tenga a su cargo la concesión, "el responsable es el Estado".

Lafourcade aclaró inicialmente que la acción judicial fue impulsada por vecinos de los barrios mencionados "con el patrocinio de la defensa pública, de la Defensoría Federal". En el caso de la Defensoría del Pueblo, su incorporación al expediente se produjo bajo la figura del amicus curiae, el denominado "amigo del tribunal", que le permitió participar de la causa y acompañar informes técnicos.

"Nos permitió a nosotros presentarnos en la causa e ir permanentemente acompañando informes de ingenieros y el apoyo del Concejo Deliberante", explicó.

La defensora puso el foco en el objetivo central del amparo: reclamar obras de infraestructura para el tramo urbano de la 226. Según señaló, los pliegos de la concesión resultaban "insuficientes e imprecisos", ya que contemplaban determinadas intervenciones pero no resolvían cuestiones estructurales para una ruta que atraviesa actualmente la ciudad.

"El objeto del amparo es pedir obras", sintetizó Lafourcade, y recordó que en los pliegos se hablaba, por ejemplo, de semaforización, pero no quedaba establecido con claridad "si se ampliaba la calzada" ni se contemplaba la finalización de las colectoras.

A partir de la apertura a prueba de la causa, la Defensoría del Pueblo fue convocada a una audiencia testimonial. También fue citado el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Lafosse. Allí, según explicó Lafourcade, deberán aportar elementos vinculados con las presentaciones realizadas durante el proceso judicial.

La problemática, destacó, no es nueva. "Esto es un reclamo de vieja data", señaló, y recordó que el planteo tomó nuevo impulso a partir de la audiencia pública del año pasado y del nuevo esquema de licitación. El objetivo es que se garanticen las obras necesarias para el tramo urbano de la Ruta 226, que atraviesa Tandil a lo largo de unos 18 kilómetros y cuenta con siete rotondas.

El reclamo apunta al Estado nacional

Ante la consulta sobre si el reclamo judicial está dirigido contra la concesionaria o contra el organismo estatal responsable de la infraestructura vial, Lafourcade fue contundente: "Nosotros el reclamo se le hizo a la Agencia Nacional de Vialidad, que es la que tiene que proyectar las obras".

La defensora explicó que, al estudiar la situación junto con especialistas y a partir de distintos informes técnicos, surgió la necesidad de analizar los flujos de tránsito para determinar qué tipo de intervenciones requiere cada tramo urbano.

"El Observatorio Vial tiene hecho todo un estudio de cuando las rutas nacionales pasan por tramos urbanos y la nuestra pasa al 100% al medio", indicó. A diferencia de otras ciudades, donde las rutas atraviesan sectores laterales, la 226 quedó integrada al tejido urbano de Tandil. "Hoy pasa por el medio de la ciudad. Entonces, obviamente, esto influye en la siniestralidad y en la integración de la ciudad", sostuvo.

Para Lafourcade, la discusión excede la circulación de vehículos y debe contemplar también a quienes necesitan atravesar diariamente la ruta. "Tenemos que entender que nosotros tenemos que lograr pasos seguros", afirmó.

En ese sentido, mencionó el trabajo que lleva adelante junto a asociaciones vinculadas con la seguridad vial y destacó que la mirada debe ser federal. También hizo referencia a la participación de organizaciones como Madres del Dolor y la Fundación Estrellas Amarillas.

La defensora advirtió especialmente sobre la situación de peatones, ciclistas y motociclistas. "No puede venir la mamá tratando de cruzar en la rotonda con el carrito y un nene agarrado de la mano y te pasa el Scania al lado. No puede", ejemplificó.

Por eso, reclamó la construcción de "puentes peatonales" y cuestionó que estas soluciones queden supeditadas exclusivamente a los tiempos establecidos en los pliegos de concesión.

Una ruta que divide a la ciudad

Durante la entrevista también se puso sobre la mesa una situación que se observa cotidianamente en distintos puntos de Tandil: personas que atraviesan la ruta caminando, en bicicleta o en moto, incluso utilizando sectores próximos a las vías ferroviarias.

Lafourcade explicó que las rutas nacionales "no están diseñadas ni para que cruce un peatón, ni para que lo cruce una bici, ni una moto". En ese contexto, sostuvo que la infraestructura actual no se corresponde con la realidad de una ruta que quedó incorporada al entramado urbano.

La situación se vuelve todavía más compleja por la distancia que existe entre algunos cruces seguros. La defensora puso como ejemplo uno de los puentes peatonales existentes, al que se debe llegar caminando unos 500 o 600 metros y que obliga, una vez atravesada la ruta, a recorrer una distancia similar del otro lado. "Es decir, caminás más de un kilómetro para ir de un lado de la ruta al otro, lo cual es rarísimo", cuestionó.

Según explicó, el reclamo también está relacionado con la Ruta Nacional 227 y con la necesidad de pensar una política integral de seguridad vial para las rutas que atraviesan zonas urbanizadas.

El antecedente de San Nicolás

Durante la charla surgió además el caso de San Nicolás, donde el gobierno municipal habría intervenido sobre una ruta nacional mediante la instalación de semáforos, luego de recurrir a la Justicia.

Lafourcade consideró que se trata de un posible "caso testigo", aunque aclaró que antes de evaluar su utilidad jurídica necesita estudiar el fallo y sus antecedentes.

"Sería muy mal abogada si no te pido primero el fallo y los antecedentes para poder leerlo", afirmó. Sin embargo, consideró que puede resultar un antecedente interesante para analizar qué margen de acción podría tener un municipio frente a una problemática de estas características.

En paralelo, señaló que el Gobierno nacional viene impulsando acuerdos con distintas provincias para avanzar hacia esquemas en los que los gobiernos provinciales puedan hacerse cargo de concesiones y de su administración, aunque las rutas continúen bajo propiedad y jurisdicción nacional.

Una concesión que, según Lafourcade, no alcanza

Uno de los puntos más críticos de su análisis estuvo puesto en el pliego de concesión vigente. Lafourcade afirmó que, de acuerdo con las condiciones establecidas, "por lo menos por 5 años no tienen que hacer ninguna obra".

La defensora fue especialmente crítica con el esquema: calificó los pliegos como "pésimos" -aclarando que esa valoración corre por su cuenta- y sostuvo que resultan insuficientes para atender las necesidades actuales y futuras de Tandil. "Creo que es muy insuficiente y no contempla la realidad de Tandil de hoy ni de los próximos 20 años", expresó.

Su preocupación se relaciona también con la evolución del tránsito. Según indicó, los flujos vehiculares registran "un aumento exponencial anual de entre un 10% y un 20%". Por eso, consideró que esperar cinco años para comenzar determinadas obras puede dejar a la ciudad frente a una situación todavía más compleja.

Lafourcade reconoció que la concesión realizó algunas intervenciones, como mejoras en determinadas rotondas, pero diferenció esas tareas de las obras estructurales que reclama Tandil.

"La idea original de los pliegos que analizamos es la puesta en valor de la traza de la ruta porque estaba en muy malas condiciones, pero no hablan de obras de infraestructura", cuestionó.

En ese marco, insistió en que el Estado nacional cuenta con las áreas técnicas y las herramientas necesarias para proyectar las obras a partir de estudios de flujo.

El Municipio, recordó, estima que unas 50.000 personas por día cruzan de un lado al otro de la ruta. Para Lafourcade, ese volumen demuestra que la infraestructura actual resulta insuficiente: "Eso no puede estar con cinco rotondas más las de las puntas de la 30 y la 74", señaló.

A las siete rotondas se suma, según enumeró, que "no están terminadas las colectoras ni hay pasos peatonales seguros para peatones y bicicletas".

"Que Vialidad Nacional sea la responsable de las obras"

Sobre el final de la entrevista, Lafourcade dejó en claro que el hecho de que exista una concesión vigente no significa necesariamente que todas las obras reclamadas deban ser ejecutadas por la empresa concesionaria.

Ante la posibilidad de que la Justicia ordene avanzar con determinadas intervenciones, planteó una estrategia concreta: "La estrategia -que no vamos a anticipar- es que Vialidad Nacional sea la responsable de las obras".

Y remarcó: "En definitiva, el responsable es el Estado, que es donde más tiene que estar presente, en las rutas".

La defensora también vinculó el debate sobre infraestructura con otros aspectos de la seguridad vial, como los controles de cargas, las balanzas y la fiscalización de camiones.

En ese punto, mencionó la preocupación existente por la circulación de bitrenes, a los que describió como "esos camiones gigantes de 25 metros que ocupan las otras calzadas", además de advertir sobre la necesidad de fortalecer los controles de peso.

Como ejemplo, relató el caso de una ruta de La Pampa donde, luego de realizar controles durante un semestre, "bajaron la siniestralidad prácticamente a cero". Para Lafourcade, ese antecedente demuestra que la fiscalización tiene un impacto concreto.

"La seguridad vial tiene distintas patas de una misma mesa que deben funcionar juntas", resumió. Y enumeró: "educación, concientización -cinturón de seguridad, luces, auto en condiciones-, infraestructura del estado de las rutas, y control y fiscalización".

La causa continuará ahora con la etapa de prueba y la audiencia testimonial prevista para el 20 de octubre, una instancia que será seguida de cerca por la Defensoría del Pueblo y los vecinos que impulsaron el reclamo.