POR SEGURIDAD. El Municipio acordó con la propietaria la demolición de una construcción en Tunitas

El Municipio de Tandil acordó con la propietaria de un inmueble ubicado en calle Bolivia al 600, en el barrio Tunitas, la demolición de la construcción existente, la limpieza del terreno y la colocación de un cerco perimetral, luego de que el lugar fuera señalado por vecinos y organismos de seguridad como un espacio que generaba situaciones de inseguridad y presentaba además un riesgo edilicio.

La medida fue impulsada por la Secretaría de Protección Ciudadana a partir de la preocupación planteada por vecinos de la zona y de distintos informes que permitieron dimensionar la situación del inmueble. En particular, la Policía Departamental de Seguridad Tandil informó sobre reiteradas intervenciones en el lugar y señaló que el inmueble abandonado era utilizado frecuentemente por personas ajenas a la propiedad.

Según consta en el informe policial, en distintos procedimientos realizados en el lugar se secuestraron bicicletas sustraídas y motocicletas con pedido de secuestro activo, además de haberse identificado personas y adoptado medidas preventivas y judiciales de acuerdo con las circunstancias de cada intervención. La Policía también consignó la preocupación reiterada de los vecinos por el estado de abandono y la presencia permanente de personas en el inmueble.

Frente a esta situación, desde el Municipio se avanzó inicialmente con tareas de limpieza y acondicionamiento del espacio. Posteriormente, parte de la construcción sufrió un incendio, lo que agravó el deterioro existente y generó un nuevo riesgo vinculado al estado edilicio.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, explicó que a partir de ese momento se inició un proceso de contacto con la propietaria para buscar una solución. En ese marco, se elaboraron informes con la Jefatura Departamental de Policía y el cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de contar con elementos concretos sobre las condiciones de seguridad y edilicias del lugar.

"Había una inquietud muy grande de los vecinos por el estado del espacio y por las denuncias que aseguraban que se utilizaba para distintas situaciones vinculadas a la inseguridad. Se lo limpió y acondicionó, pero luego se incendió parte del espacio y eso generó además un riesgo edilicio", señaló Marcieri.

La funcionaria explicó que la normativa vigente sobre cerramiento de propiedades abandonadas requiere un procedimiento que puede extenderse en el tiempo y que, a partir de esta experiencia, el Municipio considera necesario revisar para contar con herramientas más ágiles frente a situaciones de estas características.

En paralelo, y ante la continuidad de la problemática, la Secretaría de Protección Ciudadana elevó una presentación al Juzgado de Faltas N° 1, a cargo de la jueza Gabriela Vila, acompañando los informes de Bomberos y de la Jefatura Departamental y solicitando avanzar en una alternativa que permitiera resolver integralmente la situación.

En esa presentación se planteó la posibilidad de que la propietaria autorizara al Ejecutivo municipal a demoler la construcción, retirar los escombros y malezas y acondicionar el terreno. Como medida complementaria, se propuso colocar un cerco de alambre olímpico en el frente y un cartel de "Propiedad Privada. Prohibido el ingreso".

La alternativa busca no solo eliminar el riesgo derivado del deterioro de la construcción, sino también impedir nuevos ingresos al lugar y facilitar la intervención policial ante eventuales hechos delictivos.

La propia Policía Departamental recomendó evaluar medidas para restringir el acceso al inmueble y evitar que continuara siendo utilizado como ámbito propicio para la comisión de ilícitos o conductas que alteren la seguridad y la convivencia del sector.

Marcieri destacó que el acuerdo alcanzado con la propietaria permitió encontrar una salida concreta en el corto plazo frente a una situación que se había prolongado durante meses.

"Nos reunimos con ella el viernes y tenía una situación de impotencia porque no contaba con los medios para solucionar el problema. Le planteamos esta alternativa de la demolición, aceptó los términos y firmamos un acuerdo para poder realizarlo", detalló.

El acuerdo establece que el Municipio llevará adelante la demolición, la limpieza y el acondicionamiento del terreno, mientras que los costos de los trabajos serán incorporados a los impuestos correspondientes al inmueble. De esta manera, además de resolver la situación actual, la propiedad quedará en mejores condiciones en caso de una futura venta.

Actualmente resta completar documentación vinculada con la firma de un hermano de la propietaria y, una vez cumplido ese paso, el Municipio prevé comenzar los trabajos en el corto plazo, a través del área de Servicios.

"La intención es resolver una situación que durante mucho tiempo generó preocupación en los vecinos y que, además, presenta un riesgo edilicio", sostuvo Marcieri.

Desde la Policía Departamental se informó, asimismo, que mientras se completa el proceso se continuarán disponiendo patrullajes preventivos y se dará inmediata intervención ante cada requerimiento que se registre en el lugar, independientemente de las actuaciones judiciales que pudieran corresponder.