CALLE ISRAEL. "Acá hay un portón en medio de una calle: es una invasión del espacio público"

La sentencia del Juzgado de Faltas N° 2 que ordenó la demolición de construcciones irregulares y la recolocación de viviendas en el condominio Córica Gutiérrez abrió una nueva etapa en uno de los conflictos urbanísticos más resonantes de Tandil. Mientras se aguarda una posible apelación, el Municipio comenzó a analizar la situación particular de quienes adquirieron inmuebles en el emprendimiento ubicado sobre calle Israel, donde además se detectó la ocupación de una calle pública mediante la instalación de un portón.

En diálogo con Radio Voz, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Juan Francisco Macía Cantarelli, explicó que el Gobierno comunal debe actuar con cautela debido a las distintas situaciones jurídicas que presenta el caso. "Ahora tenemos que ser cautelosos con toda la relación y situación jurídica, personal y particular de ahí, las distintas defensas. Acá se abren varias aristas", afirmó.

El funcionario recordó que la condena dictada por el juez Pedro Oliveto alcanza a la firma Córica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L., aunque aclaró que el Municipio también inició actuaciones para determinar qué responsabilidad les corresponde a los distintos copropietarios del predio.

Según detalló, las nuevas inspecciones realizadas por la Dirección de Obras Privadas no solo constataron las construcciones irregulares dentro de la parcela, sino también la colocación de un portón sobre una calle de dominio público.

"A nosotros nos releva distinto tipo de información, no solo de las construcciones clandestinas e irregulares dentro de una parcela privada, sino de la colocación de un portón sobre la vía pública", explicó.

A partir de esa constatación, el Municipio solicitó informes al Registro de la Propiedad Inmueble y comprobó que el terreno posee varios copropietarios. Con esa información, se enviaron cartas documento a cada uno de ellos para que informaran cómo se desarrolló la construcción de las viviendas y cuál fue su participación en el emprendimiento.

"Quisimos que cada uno de esos propietarios informen, nos cuenten cómo se dio esa situación, cómo construyeron las casas. Hemos recibido tres respuestas y las estamos analizando", indicó.

Macía Cantarelli diferenció especialmente la situación de la empresa desarrolladora de la de los particulares. "Entiendo que Córica Gutiérrez Bienes Raíces era quien tenía la orden de clausura y de no poder avanzar con la obra. Evidentemente fue lo que hizo, porque las casas están construidas. Desobedeció la orden judicial y ahora está la sentencia del doctor Oliveto en ese sentido, con la condena pecuniaria y la orden de demolición", sostuvo.

Respecto de quienes compraron viviendas dentro del condominio, el secretario señaló que todavía resta determinar si conocían las irregularidades o si fueron inducidos a error por la desarrolladora.

"Primero, para construir una casa uno tiene que acercarse a la Dirección de Obras Privadas. Uno contrata un maestro mayor de obras o un arquitecto, y esos profesionales saben que existe una normativa que deben cumplir. Evidentemente todo esto no se hizo", expresó.

Sin embargo, aclaró que aún deben establecerse las responsabilidades individuales. "¿Cuánta diligencia hubo por parte del tercero adquirente? No lo sé. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto engaño o dolo hubo del otro lado? Tampoco lo sé. Por eso muchas cuestiones se van a ventilar en la esfera privada entre esos condóminos y otras en la esfera administrativa", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el conflicto no se limita a las edificaciones realizadas sobre un área no habilitada. "Acá hay un portón en medio de una calle. Es una invasión del espacio público, del dominio público", enfatizó.

Consultado sobre la orden judicial de demolición y recolocación de viviendas, Macía Cantarelli consideró que la posibilidad de trasladar las construcciones resulta poco viable por sus características constructivas.

"Entiendo que el doctor Oliveto pudo haber pensado en viviendas con posibilidad de relocalización, como ocurre con algunos contenedores. Pero acá son construcciones de mampostería, con cimientos, y no parecería factible esa relocalización. Si no cabe la relocalización, cabría la demolición, que es lo que dispone la sentencia", manifestó.

No obstante, recordó que la resolución aún no está firme. "La sentencia es apelable y entenderá próximamente el juez correccional", indicó.

Sobre los pasos que seguirá el Municipio, explicó que primero deberán esperar la resolución de esa instancia antes de definir la estrategia judicial. "Tenemos que esperar. Una vez que se apele y dependiendo de lo que resuelva el juez correccional, veremos la postura que vamos a adoptar y si defendemos todo el contenido de la sentencia", señaló.

Mientras tanto, el Gobierno comunal continuará reuniendo información de los distintos propietarios alcanzados por el fallo, ya que en el predio existen al menos seis construcciones habitadas.

"Hay varias personas y familias viviendo allí afectadas por esta sentencia. Hay que pensarlo de manera integrada y diferenciada. No es lo mismo una construcción realizada por alguien que con absoluta certeza sabía que no se podía hacer, que alguien que estuvo mal informado o no informado", sostuvo.

Finalmente, remarcó que ese será uno de los aspectos centrales que deberá esclarecer la Justicia en las próximas instancias. "Ese tercero, cuán partícipe puede ser o cuán ajeno a todo esto puede estar, es lo que ahora tenemos que averiguar. Entiendo que esa también va a ser la defensa de estos terceros en el juez correccional", concluyó