22 de abril de 2026
La presidenta de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Luján Fiego, se refirió a la compleja situación que atraviesa el sistema de transporte público en Tandil, en medio de reclamos empresariales, aumentos tarifarios y decisiones unilaterales que generan preocupación.
Tras la reunión de comisión realizada en las últimas horas, Fiego confirmó que uno de los ejes centrales fue la modificación de frecuencias dispuesta por la Cámara de Transporte, medida que, según sostuvo, "es unilateral y está fuera del pliego".
"La empresa no tiene potestad para hacer estos cambios de manera unilateral. No es una sensación, es exactamente así", afirmó, y adelantó que podrían aplicarse sanciones si se comprueba el incumplimiento contractual.
Aumento del boleto desde mayo
En paralelo, la funcionaria explicó que ya ingresó al Concejo el decreto que fija el nuevo cuadro tarifario en base al índice de precios al consumidor (IPC). De esta manera, el boleto plano pasará a costar $1.695,63 desde el 1° de mayo.
Este esquema responde a la ordenanza aprobada a comienzos de año, que establece actualizaciones bimestrales automáticas. Sin embargo, Fiego advirtió que la normativa está próxima a vencer, por lo que deberá discutirse una nueva modalidad de actualización tarifaria.
Reclamos empresariales y conflicto abierto
Además del aumento previsto, la Cámara de Transporte presentó nuevos pedidos de recomposición tarifaria, argumentando el impacto del incremento en el costo del combustible.
En ese contexto, la decisión de reducir frecuencias -especialmente en horarios nocturnos y fines de semana- tensó aún más la relación con el Ejecutivo y el Concejo.
"Esto es una forma de presión. No es la manera de sentarse a dialogar un aumento de tarifas", señaló Fiego, quien remarcó que el transporte público "no es un servicio privado más", sino que debe cumplir condiciones establecidas en el contrato de concesión.
Revisión del pliego y posibles medidas
Actualmente, la Comisión de Transporte se encuentra analizando en detalle el pliego junto a asesores legales para determinar los pasos a seguir. Entre las alternativas, se evalúa una intimación formal a las empresas.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y suma incertidumbre para los usuarios, en un servicio clave para la dinámica diaria de la ciudad.
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